Fondos a obras sociales: «gremios vs. sellos de goma»
Lo que debía ser un alivio para el sindicalismo disparó la mayor controversia en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, además de agitar una disputa interna.
La resolución de la SSS dispondrá el pago de casi $ 4.100 millones correspondientes a tratamientos de salud o medicamentos de alto costo brindados por las obras sociales y cuyo valor debe ser reembolsado a las prestadoras. Y formará parte de un paquete de salvataje que González García le adelantó este miércoles a la CGT, que incluirá la compensación entre abril y junio de la caída en la recaudación de cada entidad por la vigencia de la cuarentena.
El anexo (o simulación, de acuerdo a la fuente consultada) levantó quejas generalizadas entre los referentes de los sindicatos más grandes de la CGT. La protesta se basó en que obras sociales de gremios con gran número de afiliados recibieron menos fondos que otras con una cantidad muy inferior y que, en general, mantienen acuerdos de derivación de afiliados a favor de prepagas. Una paradoja: entre las empresas privadas de salud más beneficiadas por ese mecanismo figura OSDE, que tras haber perdido un juicio multimillonario debe volcar el pago de esa sentencia todos los meses en el sistema. Así, lo que aporta por una ventanilla lo recupera al menos parcialmente por otra.
El borrador expuso que entre las obras sociales más grandes figuran Comercio, que recibiría 277.165.090 pesos; UPCN (estatales), $ 245.648.233; Uatre, con $ 114.117.627; Construcción (Uocra), $ 61.177.646; Camioneros, que mediante dos prestadoras obtendría $ 121.954.120; Sanidad, $ 27.536.220, o Gastronómicos, con 41.411.857 pesos. En contraposición, destacaron que la Obra Social de Comisarios Navales percibiría 210.208.115 pesos; la de Electricistas Navales, 42.085.156 pesos; la de Capitanes de Ultramar, $ 39.654.761; la de Capataces y Estibadores Portuarios, $ 41.445.264; la de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas, $ 67.615.893; la de Personal de Aeronavegación de Entes Privados, $ 97.485.245, y la del Automóvil Club Argentino, 19.111.792 pesos.
El desfase es producto de la desregulación promovida por Carlos Menem en los ’90 cuando habilitó la libre circulación de afiliados entre las obras sociales. Esa medida lanzó a las prepagas a la cacería de socios más jóvenes con mejores salarios, y el método que encontró fue aliarse a obras sociales pequeñas que hicieron las veces de gestores o promotores a cambio de retener una porción de la cuota cada mes, desde entonces.
Otra sospecha que deslizan los gremialistas más heridos es por el volumen de expedientes presentados por algunas obras sociales para el reembolso de tratamientos médicos que datan de la gestión de Macri y que, en el apuro que impone la pandemia, podrían quedar libres de una auditoría profunda. En esa línea destacan que algunos exfuncionarios de la Superintendencia de Salud de la etapa Cambiemos se reciclaron después de diciembre como autoridades de obras sociales pequeñas.