Gerardo Martínez presentó una denuncia ante la OIT por el caso de la “Gestapo” en contra de los sindicatos

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por violación a la libertad sindical durante el Gobierno de Mauricio Macri, después de los dichos del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas.

El también secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), subrayó que la queja se orienta a denunciar “una serie de hechos, actos, videos y dichos ocurridos en 2017 y conocidos en diciembre último, en clara violación del derecho de libertad sindical reconocido y garantizado por los Convenios 87 y 98 de la OIT”.

También especificó que las afirmaciones del ex titular de la cartera de Trabajo bonaerense procuraron “criminalizar la actividad sindical en un abierto y nada inocente intento para disciplinar a las entidades gremiales disconformes con la realidad de entonces”.

“En esa reunión, Villegas impulsó la fabricación de una causa judicial penal contra el por entonces líder de la filial La Plata de la Uocra, Juan Pablo Medina, y alardeó incluso que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal tenía para ello la colaboración de jueces, fiscales y de la Procuración General. Meses después de ese encuentro en 2017 Medina fue encarcelado y procesado”, señaló Martínez.

Más adelante, el escrito presentado ante la organización internacional considera que las declaraciones de Villegas implican “la orquestación de un operativo de persecución al sindicalismo e iniciación de causas judiciales, lo que entonces sospechaba el movimiento obrero”, y agregó que Cambiemos montó “bases de espionaje ilegal” contra la dirigencia gremial.

Además, el dirigente cegetista dejó escrito que el ex presidente Mauricio Macri trató de imponer “un ambiente amigable para los inversores y libre de las rigideces y excesivos costos laborales” y que su gestión incursionó “en prácticas antisindicales denigratorias para con los trabajadores y los representantes de sus organizaciones”.

“Ante la protesta sindical, Juntos por el Cambio implementó y profundizó las acciones represivas contra los trabajadores y sus sindicatos, mientras retrocedían los derechos laborales y se generaba una creciente conflictividad social. Hubo detenciones arbitrarias e inicio de causas judiciales”, señaló el dirigente obrero.

También sostuvo que “la apertura y sostenimiento en el tiempo de causas penales contra manifestantes, trabajadores y dirigentes fue parte de una estrategia estatal para criminalizar la protesta y sembrar el miedo como factor de disuasión”.

Martínez agregó más adelante en la nota que se procuró usar “el derecho penal para penalizar no las conductas delictivas, sino para elegir a determinadas personas y castigarlas por ser trabajadores y dirigentes sindicales de los sectores populares, que a diario son demonizados por los medios masivos de comunicación”.

También denunció que en esa época se intervenían sindicatos con la complicidad judicial y que el Ministerio de Trabajo apeló a prácticas antisindicales denigrantes, como “las auditorías y las recomendaciones electorales a los gremios, entre otras”.

Las pruebas de la denuncia fueron presentadas y por ello Martínez reclamó que el organismo admita “la queja y se constituya un caso sometido a examen del Comité de Libertad Sindical; que apruebe que esos hechos son muy graves y merecen un urgente trámite; que requiera información detallada al Gobierno argentino y que garantice el pleno goce de los derechos y garantías gremiales”.