La construcción se declaró en estado de emergencia en todo el país

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró este jueves el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos, y alertaron sobre la «excepcional gravedad de la situación de la actividad”.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara, se mostró sorprendido por lo «novedoso» de la situación sobre el freno a la obra pública. «Debemos alertar al Gobierno sobre la inminencia del colapso del sector», señaló.

Weiss señaló que aún no fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó que «hay un sinnúmero de temas que queremos abordar con ellos para tratar de solucionar, aunque sea parcialmente los problemas, pero no vemos una reacción rápida del Gobierno».

El comunicado instó a las «autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector», ya que, consideraron, se trata de la única alternativa para «impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos».

Los Consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal, y remarcaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general.

«No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses«, describieron los participantes en el comunicado.

«En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones.», detallaron de forma determinante desde CAMARCO.

El freno de la obra pública desde diciembre impactó de lleno en la actividad generando una bomba económica al romper la cadena de pagos, en una situación de inflación creciente, reajuste paritario y aumento de costos. Se estima que hay más de 3.500 obras paradas a lo largo y ancho del país.

Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos» describieron los dueños de las empresas constructoras.

Asimismo, aseguraron que el mayor problema no se limita solamente al pago de la deuda atrasada -que supera los US$300 millones-, sino que también «resulta necesario saber cuál es la perspectiva para el futuro, porque en la empresa necesitan seguir trabajando».

«La obra pública tiene que existir. El mensaje del presidente es que se podrán hacer obras de infraestructura con fondos privados, lo cual creemos que es central y fundamental para el desarrollo del país», indicaron. «Pero la realidad es que en el mundo desarrollado, donde hay seguridad jurídica, tarifas altas, mercado de capitales, no es más del 15%, de la inversión total. El 85% de la inversión total en el mundo la hacen los gobiernos», aseguró la Cámara Argentina de la Construcción.