Sadop rechaza proyecto de riesgos del trabajo y apoya «empleo seguro y saludable»

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se pronunció hoy por «un trabajo seguro y saludable»; rechazó el proyecto de ley complementario del Régimen de Riesgos del Trabajo y afirmó que «no se debate como corresponde», a la vez que aseveró que debe ser atendido «especialmente» porque regulará algo tan sensible como «el derecho a la salud de las personas en relación con sus tareas».

El proyecto, presentado por el Gobierno nacional el 20 de octubre en la Cámara baja, ya obtuvo dictamen favorable y fue avalado por el triunvirato de la CGT, a pesar de que «está muy lejos de proteger adecuadamente la situación de los trabajadores».

«El Congreso debe sancionar una Ley de Prevención y Reparación de Riesgos Laborales cuyo eje sea la salud de los trabajadores y no los ‘costos’ que afronten los empresarios ante ‘siniestros'», señaló un comunicado firmado por los secretarios general y de Comunicación y Prensa del Sadop, Mario Almirón y Gerardo Alzamora.

Para los dirigentes, esa norma debe enfocarse hacia la prevención (evitando los accidentes laborales y las enfermedades profesionales) y no sentar que «los accidentes son inevitables».

Los sindicalistas subrayaron que la nueva norma debería reforzar los procedimientos prácticos de prevención de los accidentes; obligar a constituir comités mixtos paritarios de salud y seguridad en cada empresa; facultar a los delegados a fiscalizar las medidas de prevención y contemplar la posibilidad de retener tareas cuando «las condiciones y medio ambiente del empleo (Cymat) no sean adecuadas o resulten peligrosas o insalubres».

«Esas cuestiones no parecen ser el centro de las preocupaciones. El proyecto presentado mantiene en lo central el esquema vigente, que delegó en manos privadas (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), el control del Estado de un tema tan importante como la salud de los trabajadores. Esa transferencia de una facultad indelegable es una grave anomalía jurídica y política», afirmaron.

También expresaron que, en general, la iniciativa no es favorable a los derechos de los trabajadores y determina una reducción de costos de las indemnizaciones para las ART y los empleadores autosegurados (como el Estado, al que se habilita a autoasegurarse), por lo que la rechazaron por «inequitativa».

Los dirigentes explicaron que «la ampliación de un año más de incapacidad laboral temporaria, la modificación de la forma de cálculo del haber y la tasa de interés reducida constituyen un desequilibrio a favor del patrón y en contra de los trabajadores».

«La experiencia internacional indica que un sistema de prevención de riesgos del trabajo público no estatal, con la participación de los trabajadores beneficiarios, es el régimen más adecuado. Pero se insiste con un sistema privado que pone en juego el lucro en un tema tan sagrado como la salud de quienes trabajan», afirmaron.

Por último, exhortaron al Estado a recuperar su rol central en la prevención de riesgos del trabajo y a que el empleador asuma y cumpla el deber de la seguridad con los trabajadores.