Tabacaleras en conflicto: la lupa sobre los jueces federales de Rosario

Es público que el Gobierno nacional ha decidido reimpulsar la Ley Ómnibus luego del rechazo en Diputados. El sector que se encuentra expectante con la posibilidad de que esta vez la iniciativa sea aprobada es el sector tabacalero, ya que comprende la modificación a los impuestos internos al tabaco.

En ese sentido, se conoció que el Ejecutivo, junto a aliados del PRO, viene negociando –fundamentalmente– con referentes distritales de la provincia de Buenos Aires para el acompañamiento de la norma.

Respecto de la modificación que impulsa el oficialismo sobre el impuesto a las multinacionales, permite a la vez que las pymes funcionen pagando sus impuestos sin necesidad de que la Justicia intervenga para poder trabajar.

Es el caso de la pyme rosarina Bronway, que mantiene su planta parada y sus más de 200 trabajadores suspendidos por decisión de la Cámara Federal de Rosario.

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EL SEÑOR DEL TABACO

El principal escollo que tiene Milei son los legisladores bonaerenses en el Congreso, a quienes vinculan con un «lobby» que logró parar hasta el momento la norma para las tabacaleras y que llevó a que el propio presidente hablara de «El Señor del Tabaco», como alguien que se resistía al cambio propuesto.

La referencia es directa a Pablo Otero, dueño de la tabacalera Sarandí.

Ahora bien, ¿cómo es que, además de frenar una ley a un Milei con altos índices de popularidad a través de, paradójicamente, sus aliados del macrismo bonaerense, puede poner en riesgo empleos en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, luego de haber logrado que se cerrara una planta de tabaco en la ciudad de Santa Fe, según denuncia la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), que representa a las firmas de menor tamaño?

Según el periodista Daniel Bilotta, «hay tres jueces de la Cámara Federal de Rosario que son muy observados por la Corte nacional. Uno es Aníbal Pineda».

«A Pineda se lo investiga porque falló en contra de toda la Cámara Federal, contra una cautelar de una pyme vinculada al tabaco que quería seguir produciendo», informó.

Y cerró Bilotta: «Se sospecha que Pineda está vinculado a Pablo Otero, de la Tabacalera Sarandí, del que se encargó (el presidente Javier) Milei, el Rey del Tabaco. Bueno, probablemente (Milei) se quedó ahí, podría haber dicho algo más del Rey del Tabaco y de la Cámara de Diputados».

Son precisamente estas medidas judiciales –que logró en su favor mientras sus competidores chocan contra los tribunales federales– y el lobby que ocurrió durante la negociación de esta ley en Diputados, las que desde Canet observan como la herramienta que usaría Otero para haber crecido desde el 5% del mercado a un 30% actual en menos de una década, en sociedad con una multinacional, precisamente las que se identifican como quienes están detrás de un lobby contrario a sus intereses.

El propio Otero había señalado en su momento: «El hecho de que el presidente se haya referido a un Señor del Tabaco puede estar relacionado con la persona que impulsa la Ley Massalin. Sí se refirió a mí, es porque no me conoce y es parte de la cobarde demonización llevada a cabo por Massalin y sus periodistas ensobrados».

Las multinacionales identifican detrás de gestiones en favor de Tabacalera Sarandí a Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO, entre otros.

La discusión por el impuesto a las tabacaleras amenaza con convertirse en un escándalo. Además, la empresa de Otero habría recurrido para esa disputa a grandes celebridades del submundo: desde Antonio Stiuso a Adrián Kochen.

En torno al camarista federal Aníbal Pineda, la firma Bronway ya lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Esto se produjo un mes después de que se revelara «una presunta coincidencia» durante el pasado mes de enero del magistrado en el veraneo en Pinamar con un directivo de una firma bonaerense, más precisamente Otero.

«Está claro que la denuncia es un invento para intentar sacarme de la causa porque voté en contra del pedido cautelar que hizo la empresa para seguir funcionando sin pagar el impuesto fijado por ley», dijo en aquel entonces el juez Pineda.

Desde Canet insistieron sobre Otero y su juego a dos bandas clave en la estrategia de desplazar a sus competidores, dejando al borde del desempleo a los trabajadores rosarinos.

«Obtuvo un fallo confirmatorio de la Cámara Contenciosa Administrativa de Capital Federal que declara inconstitucional el actual esquema de impuesto mínimo interno. En idéntica situación se encuentran el resto de las tabacaleras del país, salvo en Rosario», añadieron.