Tras la intervención del gremio de Judiciales, la organización tildó de “insólita” la medida

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) rechazó la decisión del Ministerio de Trabajo de intervenir esa organización gremial, medida que catalogaron de “insólita” y por la cual responsabilizaron a la diputada nacional e integrante, en representación del oficialismo, del Consejo de la Magistratura nacional, Vanesa Siley.

Desde la institución de los trabajadores judiciales consideraron que “es una decisión insólita, fuera de la historia, extemporánea y ajena a los conflictos que estructuran la vida política argentina”

“El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, resolvió dictar la intervención a nuestro gremio tan sólo 6 días después de que este sindicato haya cuestionado abiertamente a la Corte Suprema por su declaración de inconstitucionalidad de un DNU presidencial que establecía medidas de cuidado sanitario ante el avance del Covid, lo que este gremio consideró un fallo electoral, en línea con la avanzada desestabilizadora de la oposición”, apuntaron desde el Sitraju.

Asimismo, los dirigentes del sindicato judicial se preguntaron: “¿Qué intencionalidades esconde la intervención? ¿En qué conflictos internos se involucra trágicamente la medida?

Y agregaron: ¿Por qué en vez de potenciar la unidad y fomentar la cohesión de los actores sindicales que se organizan para batallar contra la corporación judicial, que denuncian sus posiciones golpistas, que desarrollan una intensa actividad gremial tendiente a defender en la práctica concreta los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales que laboran sin convenio colectivo de trabajo siquiera, se profundiza su atomización?”.

En la fundamentación del decreto que ordena la intervención, el titular de la cartera de Trabajo aduce “la coexistencia de convocatorias contemporáneas dentro de un mismo proceso electoral en el sindicato Sitraju, lo que lleva a declarar su ineficacia jurídica”. “Es groseramente falso”, indicó Agustín Bruera, secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores judiciales.

“No hubo dos convocatorias. Hubo solo una que se realizó el 22 de noviembre de 2019, que fue convocada con absoluta legalidad y transparencia y que contó con el debido arbitrio y veeduría del Ministerio de Trabajo, autoridad de aplicación de la ley de entidades sindicales”, agregó.

En ese orden, el dirigente gremial indicó que, “tanto es así, que a posteriori de los comicios, su desarrollo no fue siquiera impugnado, ni mereció objeción legal alguna. De haberla habido, se habría abierto un expediente en el que deberían aclararse las eventuales observaciones a la elección. Nada de esto ocurrió”.

Paralelamente Bruera explicó: “Lo que sí ocurrió es que a cuatro días de las votaciones, realizadas en 10 urnas distribuidas en otras tantas seccionales del interior del país, se convocó a otra elección paralela, caricaturesca, sin ninguna validez legal, que pretendió deslegitimar el acto eleccionario. Ese simulacro fue promovido por un grupo que, incapaz de ganar internamente la elección y sin voluntad de alcanzar ningún acuerdo, resolvió ir por afuera, desconocer los estatutos y llamar a una parodia de los comicios”.

“Una prótesis electoral para aparentar democracia sindical, cuyo único objetivo fue deslegitimar el verdadero proceso de renovación de autoridades que debía concluir en la emisión de su correspondiente certificación”, remarcó el secretario general del Sitraju

Asimismo, Bruera denunció: “Desgraciadamente, y con sorpresa, asistimos ahora al segundo movimiento de aquel simulacro, la pretensión de que ambas convocatorias fueron exactamente iguales, y que por lo tanto están viciadas jurídicamente porque se basan en la negación de la otra. Una suerte de teoría de los dos demonios sindical, que se intenta resolver del peor modo posible que es la intervención, lo que supone la total supresión de la vida institucional de nuestro sindicato”.

“La medida – insistió el gremialista – absolutamente arbitraria tiene un único propósito: retrasar lo que el Ministerio ya debería haber emitido que es la certificación de autoridades. El mamarracho jurídico es tan grande que solo provocará la demora de un acto administrativo que ahora deberá tramitarse en sede judicial, porque, resulta clar, no es posible tapar el sol con las manos”.

Finalmente, Bruera completó: “El relato crudo de los hechos del conflicto conduce a otra reflexión. Y esta sí es más profunda. Por qué dos grupos que muestran una gran convergencia política e ideológica, se presentan como definitivamente antagónicos”.

La acusación a Vanesa Siley

«En efecto, el Sitraju nació tras el giro político que experimentó la conducción del sindicato que reunía a todos sus militantes fundadores: la UEJN, sostuvieron, y añadieron que «el núcleo básico de coincidencias de todos los judiciales agrupados en Sitraju es el enfrentamiento al Partido Judicial, la denuncia del Lawfare, la perspectiva de género».

Enseguida se preguntaron: ¿Por qué entonces no se pueden emprolijar las diferencias en su seno y fortalecer la construcción colectiva? para inmediatamente responder: «Hay una responsable, Vanesa Siley, diputada nacional e integrante en representación del oficialismo del Consejo de la Magistratura Nacional».

“Es sobre su enorme poderío institucional donde recae el peso de la responsabilidad política por el agravamiento de este conflicto”, dijeron desde el Sitraju.

Y enseguida agregaron desde el gremio: “Su incapacidad para contener disputas internas, su propensión a agravarlas, su inhabilidad para encontrar puntos en común que permitan avanzar en la diversidad y fortalecer las construcciones colectivas, son expresión de un vicio endémico de la compleja relación entre política y sindicalismo: la equivocadísima intención de transportar mecánicamente la dinámica de las organizaciones políticas a las organizaciones sindicales”.

En este contexto el Sitraju dejó en claro que ello sucede “cuando la orga quiere aparatear al gremio y conducir sus rumbos y decisiones sin advertir la naturaleza sensiblemente diferente de una y otra organización”.

“El camino siempre es la unidad, pero no a costa de la eliminación política del compañero o compañera que no es del exacto gusto de quien la enuncia. No se entiende cómo el sector que responde a Siley promueve la eliminación de puestos de conducción de quienes no son militantes de su organización, siendo que se enuncian como cristinista, líder indiscutida cuya eliminación y jubilación política también pretenden algunos peronistas, en nombre de la unidad”, planteó el sindicato judicial.

Finalmente, desde la organización de trabajadores expusieron: “Lo sabemos, la unidad en política es una construcción compleja, pero estamos seguros de que es efectiva y es la única que nos protege de los vaivenes coyunturales. Trágicamente algunos que la enuncian recorren, sin embargo, el camino inverso y empiezan por su negación, la exclusión del que piensa diferente. Definitivamente, no es nuestro caso, ni es nuestro camino”.