Una patota del Grupo Vicentin atacó en la madrugada del martes a trabajadores de la Algodonera Avellaneda, que se encuentran acampando frente al establecimiento. Según confirmaron desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina -popularmente conocida como Aceiteros-, dos empleadas fueron atropelladas y tuvieron que recibir atención médica.
La agresión al servicio de la Algodonera, empresa que forma parte del Grupo Vicentin, cosechó el repudio explícito de un amplio arco gremial, que al mismo tiempo exigió reacción a las autoridades ante la violencia patronal.
En el escrito, también recordaron que la violencia -si bien ahora se tradujo a agresiones físicas- lleva tiempo y deja expuestos a los trabajadores a atravesar situaciones de suma precariedad en medio de una pandemia.
«Se ausentó a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe en el marco de un largo conflicto colectivo que lleva adelante el Sindicato Aceitero y Desmotador de Reconquista y Avellaneda, a las que ahora sumó el uso de la violencia», indicaron.
Según contaron los manifestantes que se encontraban acampando, el ataque se dio cerca de las 6 de la mañana, cuando «un grupo de veinte rompehuelgas, dirigidos por Héctor Vizcay, representante legal de Vicentin, se presentaron en la puerta de la empresa y dos de ellos, se lanzaron con sus motos directamente sobre los cuerpos de los trabajadores, lastimando a dos compañeras con heridas que requirieron su inmediata hospitalización, tras lo cual se dieron a la fuga».
Para los trabajadores el Estado no puede obviar los hechos porque fue testigo -y cómplice por inacción- de la agresión. «Todo sucedió ante la mirada pasiva de una veintena de efectivos policiales entre los cuales se entremezclaba Vizcay para gritar indicaciones al grupo atacante», señalaron.
Por esta razón, en el comunicado repudiaron «absolutamente la violencia patronal», pero también exigen «a las autoridades la garantía de la integridad física de las trabajadoras y los trabajadores de Algodonera Avellaneda, así como del pleno ejercicio de la libertad de sindical, del derecho de protesta y de los derechos constitucionales, sindicales y democráticos en el marco del conflicto colectivo por el que atraviesan».
Asimismo, remarcaron que el ámbito natural dónde debe resolverse este conflicto colectivo es el Ministerio de Trabajo, pero «hoy resulta ineficaz porque la empresa no se presenta».
«La criminalización de los conflictos colectivos por las patronales y el Poder Judicial no puede ser la respuesta ante los reclamos legítimos de las trabajadoras y trabajadores, en este caso hundidos en una situación de pobreza con salarios que rondan entre 20 y 25 mil pesos mensuales», concluyeron.
El conflicto con la empresa que forma parte del Grupo que mantiene una deuda de $18.500 millones con el Banco Nación lleva más de 70 días.
