Algunas de las principales ciudades toman medidas contra los alquileres abusivos

En algunas ciudades del mundo acceder a una vivienda alquilada empieza a ser un lujo. La proliferación brutal de ese negocio del siglo XXI que son los alquileres turísticos y la escasa voluntad política generalizada a la hora de regular el mercado inmobiliario del alquiler han contribuido a una situación que ya reviste carácter de urgencia. Ante esta realidad son varias las ciudades o países que han articulado medidas al respecto.

En Berlín, capital de Alemania, hace una semana se realizó el anuncio de que a partir de 2020 la ciudad congelará los precios de los alquileres durante cinco años, con efecto retroactivo a partir del mes de julio para evitar que los propietarios suban los precios previo al cumplimiento de la medida.

Esta decisión, tomada por el alcalde de la ciudad, Michael Müller junto Los Verdes y partidos de izquierda, después de varias movilizaciones en contra de los abusos inmobiliarios, llegó también luego de varios años severos para el bolsillo de la gente, ya que entre 2011 y 2016 los precios en el mercado subieron un 40%, para luego dar paso a un 20% más en 2017 y otro 20% en 2018. Paralelamente, la nación invertirá 5 mil millones de euros en nuevas viviendas sociales.

En Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, el Senado aprobó la semana pasada una ley para proteger los inquilinos ante desalojos o desplazamientos forzados a través de la regulación de los precios de los alquileres.

La norma, que afectará a unos 2,4 millones de apartamentos, involucra la eliminación de algunas de las ventajas como el “bono por desocupación” (una prerrogativa que les permitía subir el alquiler hasta un 20% cuando el inmueble quedaba vacío) que usualmente aprovechaban los arrendadores para aumentar los precios y obliga a los propietarios a mantener el precio estable en los apartamentos si el inquilino corre el riesgo de quedarse sin techo, limitando el importe del depósito de seguridad (fianza) al equivalente de un mes de alquiler.

A nivel nacional, en Portugal activarán un programa desde el 1 de julio que facilitará el acceso a viviendas de alquiler a las rentas más bajas del país, concediendo ventajas fiscales a los arrendadores que ofrezcan alquileres a un precio por debajo del 20% de los importes que haya en el mercado libre.

De todas maneras, este plan tiene algunas limitaciones, ya que si una persona quiere vivir sola y entrar en el programa no puede tener ingresos brutos anuales de más de 35.000 euros. Si los inquilinos son dos, no podrán sumar más 45.000 euros anuales, y por cada persona extra el límite se extiende sólo 5.000 euros anuales más (es decir, una pareja con dos hijos tendrá que mantener sus ingresos totales en menos de 55.000 euros brutos: 45.000 por la pareja y 5.000 por cada hijo).

Por su parte, la capital de Austria, Viena, impone límites en los precios de alquileres desde 1917 a raíz de una ley que continúa vigente, y aplica baremos a distintas zonas de la urbe. En 2013, ese máximo era de siete euros por metro cuadrado alquilado de una vivienda protegida. Así, se transforma en un modelo en gestión del mercado inmobiliario.

Además, ocho de cada diez nuevos pisos están subvencionados por el sistema de vivienda pública, siendo un 60% de la población quienes residen en ellos.

España ha sufrido en las últimas décadas una fuerte crisis inmobiliaria, reflejada en un potenciamiento extremo de la especulación y con la generación de la “burbuja del alquiler”.

Las principales ciudades del país, Madrid y Barcelona, han tomado algunas determinaciones para intentar paliar la situación, en la que los ciudadanos gastan en alquileres entre un 51,1% y 49,2% de su sueldo (muy por encima de la media nacional de 34%), acorde a las cifras de un estudio realizado por el portal Fotocasa.

En la capital española, se aprobó en marzo un “plan especial” para dividir la ciudad en tres anillos concéntricos y que los pisos turísticos en las dos primeras zonas deban contar con una entrada independiente para inquilinos, lo que invalidó a casi un 95% de los apartamentos. La capital catalana, por su parte, en 2017 decidió que los arrendadores de apartamentos turísticos debían obtener una licencia, lo que lo llevó de estar repleto de pisos de ese estilo a que haya solamente unos 9.706.