Autovía de montaña: avanza un proceso licitatorio teñido de irregularidades e ilegalidades

Por Alejandro Maidana

Los habitantes del maravilloso cordón montañoso cordobés resisten lo que podría significar un verdadero ecocidio. Los tentáculos nada amigables de lo que muchos consideran “progreso”, no dudan en seguir estrangulando una cotidianeidad que se ha tornado sumamente insufrible, para acercarnos a la puerta de un colapso natural de enormes proporciones.

No se puede hablar de vencedores ni vencidos, ya que la derrota será colectiva, y allí la avaricia, junto al desinterés por lo más preciado y necesario, serán puestos de rodillas por la reacción natural de un equilibrio que buscará de todas las maneras recobrar su eje. Existen distintas alternativas de desarrollo, pero bajo las reglas de un sistema voraz como el actual, las que se imponen no suelen ser amigables y menos aún, sustentables.

El trunco proyecto (por ahora) de la autovía de montaña que iba a contar con cuatro carriles y se extendería a lo largo de 43,5 kilómetros de ruta fue frenado por la incesante presión social. La inversión prevista para esa primera etapa anunciada por el Gobierno de Córdoba era de US$ 100 millones, de los cuáles el 75% contará con aportes extranjeros y el 25% restante correría por cuenta de la Provincia y los municipios por los que pase esta autovía de montaña.

Años atrás, y en diálogo con Conclusión, el doctor en Biología, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet Fernando Barri, supo indicar que “el proyecto es del gobierno provincial para reemplazar a la ya perimida ruta 38 que ha sido devorada por las ciudades y pueblos de este valle. La misma ha sido comida literalmente, ya que en casos como el de Cosquín, la ruta se ha convertido prácticamente en una peatonal. La realidad es concreta, la necesidad de realizar una vía rápida es real, pero el gobierno claramente ha optado por la peor de las alternativas”.

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Cabe destacar que la iniciativa presentada por Juan Schiaretti en 2018, y al que hacía referencia Barri, tuvo que ser archivada debido a la enorme resistencia de vecinos y organizaciones ambientales. Pero claro, lejos de retroceder, el estado provincial tomó carrera redoblando la apuesta, y es allí donde aparece la variante de la Ruta Nacional número 5. Una nueva proyección de autovía que promete los mismos resultados, y que, si bien no goza de licencia social, avanza hacía una caprichosa licitación.

Autovía en Punilla y Paravachasca: sin respuesta judicial no hay licitación

La manipulación de los procesos administrativos para obtener los requisitos que avalen las megas obras de autovía en Punilla y Paravachasca, las distintas asambleas y vecinos de ambos valles han presentado amparos ante la justicia denunciando la infinidad de irregularidades. Los mismos demuestran con fundados argumentos la ilegalidad de estas obras que el gobierno de la provincia, con la complicidad de las autoridades locales y el gobierno nacional, pretenden imponer en contra de la voluntad de quienes habitan estos territorios.

A esto se suma la presentación de un pedido de medida cautelar que corresponde ser dictada ante la advertencia del daño irreversible que se ocasionarían si se avanza. Ninguno de los amparos tiene respuesta aún y el pedido de medida cautelar por la autovía de Punilla tampoco. A pesar de encontrarse pendiente de resolución, el gobierno, por medio de Caminos de las Sierras (empresa encargada de llevar adelante dichas obras), llama descaradamente a licitación.

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Debe quedar claro que estando esta situación pendiente en la justicia no pueden avanzar con el proceso de licitación ni con ninguna medida que vulnere derechos.  Es por ello que este viernes se convocaron en la puerta de Caminos de las Sierras (oficinas en Malagueño) para repudiar dicho acto y seguir defendiendo los valles que cobijan una biodiversidad que se vería jaqueada. La consigna es concreta y estridente “Sin licencia social, no hay licencia ambiental”.

Diego Aranda integra la Asamblea de Paravachasca, en charla con Conclusión expresó que “nos hicimos presente en estas oficinas en reclamo de lo que venimos manifestando desde hace tiempo en torno a las irregularidades e ilegalidades que tienen ambos proyectos, tanto el de autovía de la ruta 38 en Punilla, como el de la 5 en Paravachasca. El porqué de este día tiene su anclaje en que es la fecha en la que “Caminos de las Sierras” propone para ambos proyectos de autovía, la apertura del sobre de licitación de los cuatro tramos que implica la autovía de la ruta 38.

El 7 de febrero se realizó la apertura de sobres del segundo tramo de la autovía 5 en Paravachasca, y en diciembre se habían abierto los sobres de la licitación correspondiente al primer tramo de esta autovía. “Desde las asambleas venimos denunciando todo un proceso de ilegalidad, que parte del mismo 23 de diciembre 2020 cuando se aprobó en la unicameral la expropiación de los inmuebles que eran necesarios para la construcción de las autovías, sumado a las irregularidades de la audiencia pública virtual. Es prudente aclarar que en ambos proyectos hay amparos ambientales vigentes, pero aún la justicia no se ha expedido, esta es la medida judicial de fondo que junto a la asamblea venimos solicitando y reclamando. No se puede avanzar en una licitación, existiendo una medida como un amparo ambiental colectivo”.

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A esto mencionado por Diego Aranda, habría que sumarle que en las audiencias públicas el 90% de los participantes rechazaron los proyectos de autovía. Es por ello que no existe licencia social para avanzar con una superestructura que ha recibido mayoritariamente un contundente rechazo. “Sumado a esto se han presentado medidas cautelares tanto, en la autovía de la ruta 38 de Punilla, que se encuentra en el tribunal superior de justicia, y una que habla de no innovar en ambos casos, por la ruta 5 de Paravachasca, que se encuentra en la cámara de lo contencioso primera en los tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba. Por todo este conjunto de irregularidades e ilegalidades desde distintas asambleas, sostenemos que el proceso licitatorio es irregular e ilegal».

Quién también aporto su posicionamiento y resistencia al fraudulento proceso licitatorio, fue Eugenia, asambleísta y vecina que no ha dudado a la hora de oponerse a una obra faraónica. “Una vez más las asambleas de Punilla, Caravachasca y Córdoba capital, junto a vecinas y vecinos autoconvocados, nos manifestamos contra las autovías alternativas a las rutas 38 y 5. En esta oportunidad nos convocamos frente a las puertas de las oficinas de Caminos de las Sierras, nos sentimos completamente desamparados por la justicia pese a los distintos amparos presentados, y las solicitudes de medidas cautelares precautorias, siendo esta última de suma importancia para la protección ambiental”.

Entre gallos y medianoche, a media luz, en tono bajo y cómplice, empujan un proceso licitatorio. Política y justicia mancomunadas a la hora de fortalecer las irregularidades que atentan medularmente contra los derechos de las mayorías. “Es una vergüenza lo que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, ya que el gobierno cuenta con la impunidad necesaria para llevar adelante verdaderos desastres ambientales, mientras que la justicia mira para otro lado. Exigimos una respuesta urgente y responsable por parte de ellos, pedimos que Caminos de las Sierras deje de manipular a los vecinos en su afán de expropiación, estas obras son ilegales porque han violado el proceso administrativo, la consulta a los pueblos originarios y el Acuerdo de Scazú, entre otras cosas. Le pedimos a la comunidad que abra los ojos y no se deje engañar en nombre de un falso progreso, nada que siga destruyendo nuestro delicado ambiente y nuestros derechos, puede ser considerado de tal manera. Por último, también le exigimos al gobierno nacional quite el aval para que la provincia nos siga endeudando con obras que destruyen el lugar que habitamos, en lugar de utilizar ese dinero en salud, educación y trabajo genuino”, enfatizó Eugenia.

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Por último, quienes siguen alzando su voz exponiendo su cuerpo, fueron tajantes en unos de los puntos de su último comunicado difundido este viernes 11 de febrero. “Responsabilizamos al Gobernador Schiaretti, a la Secretaría de Ambiente, a la Empresa Camino de las Sierras y a los/las intendentes y jefes/as comunales de Punilla y de Paravachasca por haber violado las Leyes de Participación Ciudadana y por poner en riesgo el futuro económico cultural y ambiental de nuestros pueblos. Como también al Gobierno Nacional que avala y fomenta la política extractivista”.

¿Cuáles son algunas de las ilegalidades que denuncian las distintas asambleas y actores sociales? 

1 – INCUMPLIMIENTO DEL Art.19 Ley 10208: el cual especifica que un EsIA tiene por objeto: «predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos puedan causar sobre la calidad de vida humana y del ambiente en general». Sin embargo, el EsIA presentado afirma en repetidas oportunidades que “se deberán considerar los impactos” o “realizar futuras evaluaciones”, sin especificar en consecuencia, medidas de mitigación precisas para esos aspectos, como especifica la ley. – INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 9814 y Decr. Reglam. 170/2011 de protección de Zonas Rojas y Amarillas de alto y mediano valor de conservación, ya que la propuesta pretende:

• Atravesar sectores de montaña de zona de categoría I (roja), de muy alto valor de conservación.
• Cruzar cuencas hídricas y cursos de agua de alto valor ecosistémico que proveen de agua a la población actual y deberían continuar proveyendo agua a las generaciones futuras.
• Cruzar la embocadura del Río Cosquín al Lago San Roque, embalse que provee de agua a la ciudad de Córdoba Capital.
• Cruzar el Río Yuspe que es el río más limpio y con mayor caudal de nuestra región.
• Atravesar las «Reserva Hídrica Los Gigantes», «Reserva Parque Río Yuspe-Cosquín » y «Reserva Ecológica Natural y Balneario El Portecelo».
• Modificar el paisaje de nuestras sierras.
• Afectar la biodiversidad y poner en riesgo a especies que se encuentran en estado vulnerable o peligro de extinción.
• Afectar la calidad del Aire, por contaminación y por eliminación de enorme cantidad de vegetales (desde hierbas hasta árboles) que participan en la purificación del aire.
• Generar contaminación Sonora.
• Atravesar viviendas rurales.
• Atravesar y dañar el Patrimonio Cultural de nuestra provincia, tanto a nivel arqueológico cómo paleontológico.
• Realizar expropiaciones urbanas.
• Afectar «Caverna Los Sauces», propuesta por la Fundación PCMA Córdoba (Programa para la Conservación de Murciélagos de Argentina) para que se declare Área de Importancia para su conservación.
• Impactar negativamente sobre la calidad de vida de la población.

2 – INCUMPLIMIENTO de la Ley Prov. 9814 de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba, al autorizar en el EsIA el Desmonte Químico con la consiguiente contaminación del agua, que la Ley prohíbe porque ocasiona daño a la Salud humana, ya que los químicos son potencialmente cancerígenos.

3 – INCUMPLIMIENTO DEL Art.24 Ley Nac. 26331 de presupuestos mínimos de protección ambiental, al no contemplar los efectos acumulativos de los desmontes, pretendiendo atravesar, por ejemplo: Zonas de alto y mediano valor de conservación (Rojas y Amarillas) de monte nativo, habiendo presentado un estudio parcial, en lugar de integral, de la obra.

4 – INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169 de la OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES en países independientes ratificado por el estado argentino por la ley N 24.071. No se realizó la consulta a las comunidades indígenas que habitaron y habitan nuestro territorio sosteniendo la memoria e identidad ancestral en nuestra provincia desde hace siglos.

5- GOBIERNOS MUNICIPALES. Los gobiernos locales se burlaron de las leyes de participación ciudadana otorgando permisos de usos de suelo y avales a espaldas de las poblaciones, motivo por lo cual están denunciados a la justicia, aún sin respuesta de ésta. También, las ilegalidades se cometieron durante el proceso de Audiencias Públicas que se llevó a cabo de manera virtual a principios del año 2021.

-INCUMPLIMIENTO del Auto 49 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA del 07/04/21, que señalaba condiciones y presupuestos que debían garantizar la Participación Ciudadana, al no haber presentado el EsIA en tiempo y forma, imponiendo así, el proyecto a tratar.

-INCUMPLIMIENTO del Art.29 Ley 10208, al aprobar el proyecto, sin fundamentar por qué se apartaron de la opinión mayoritaria (90%) de los asistentes a la Audiencia Pública.

– ILEGALIDAD DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL, del 12/07/21, sin haber revocado la Licencia anterior para el proyecto Pedemontana del 23/08/18. Es decir que el Proyecto anterior aún tiene la Licencia Ambiental coexistiendo con la actual.