Bigand: alerta por el desalojo de una familia campesina con 102 años de historia en el lugar

Por Alejandro Maidana

En los últimos 30 años se esfumaron casi 200.000 chacras mixtas, y por ende, la pérdida de más de 900.000 puestos de trabajo en el sector rural. Siguiendo la ruta de un modelo productivo que continúa impulsando el abandono de la ruralidad, la Fundación Honorio Bigand busca despojar de sus tierras a quienes vienen habitando con las manos en los surcos hace más de 100 años.

Bigand se encuentra a unos 70 kilómetros de Rosario en el sur de Santa Fe. El fundador del lugar, Víctor Bigand, tuvo tres hijos, quienes no dejaron descendencia. Las 3500 hectáreas que poseía la familia, ante la muerte en 2004 de la última heredera, Mercedes Bigand a los 95 años, esos campos que fueron habitados y trabajados por 24 familias, en nuestro caso desde 1920. Hace 102 años que la familia Marinucci-Gobbo  se encuentra arraigada en esa  tierra, al fallecer Mercedes deja un testamento que después de mucho luchar se pudo conseguir.

Entre otras cosas sostiene que se va a formar la Fundación Honorio Bigand, de asistencia y desarrollo solidario, que va administrar los campos. La última heredera deja una cláusula muy importante, que los campos no pueden ser vendidos, y en caso de compra, tienen prioridad los arrendatarios. La idea de Mercedes era que aquellas familias que tanto cuidaron de sus tierras, permanezcan en ellas.

Una Fundación integrada en su totalidad por personas que moran en Buenos Aires, profesionales de esa provincia, no hay nadie de Santa Fe. Se ha intentado a través de la comuna de Bigand llegar a tener participación en esa Fundación, ya que el dinero que esta maneja sale de los campos del lugar. La voluntad de Mercedes Bigand no está cumpliendo. Esta historia está relacionada al intento de desalojo de la única vivienda, del único trabajo de la familia Gobbo-Marinucci. Tanto Oscar Marinucci como su papá, son nacidos en el lugar, lo ilegal e impiadoso del fallo judicial firmado por el juez Verdura de Cañada de Gómez, raya con lo nefasto.

Los pequeños productores siguen desapareciendo, la agricultura familiar grita por políticas públicas que siguen siendo esquivas, la tierra para quién la trabaja sigue siendo un bello canto de sirenas que lejos está de concretarse en la realidad rural. La chacra fue desapareciendo, distintos gobiernos se fueron encargando de eso, fomentaron la parte técnica, pero se olvidaron de lo más importante, la gente.

“Aquel que tiene más espalda se va quedando con las pequeñas chacras, incrementando sus hectáreas productivas, mientras que los despojados se abrazan a la soledad y el desarraigo. Si hoy se volviera a las chacras, a ese tipo de trabajo con la gente adentro, todo sería muy distinto. Las chacras les daban vida a los pueblos, ya que generaban mucho trabajo, algo que hoy no sucede, ya que se maneja todo desde una computadora. Destacando que el sistema de alimentación sería mucho más sano”, sostuvo Oscar Marinucci en diálogo con Conclusión.

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Nos encontramos ante un nuevo embate judicial promovido por quienes de manera ilegal e ilegítima se apropiaron de la administración de la Fundación Honorio Bigand. Luego de desalojar a las 25 familias que vivían y trabajaban en este territorio, hoy embaten contra Sandra y Oscar y su única vivienda. La familia Gobbo-Marinucci es la última familia que resiste en el territorio donde viven y trabajan hace más de 100 años.

Marcelo Jorge Álvarez es el presidente que, junto a sus abogados apoderados Valeria Montaldo Maiocchi, Mabel Azar y Diego Haro Martínez, son quienes se apoderaron de forma fraudulenta de la Fundación que fue creada para destinar los frutos de este territorio a la “caridad y el bien público”, se apropiaron de las 3500 hectáreas y de las ganancias que generan, y hoy lograron que el yuez Verdura, Sergio Walter y el juez de Circuito de Cañada de Gómez dispusiera el lanzamiento del desalojo contra Sandra y Oscar.

“Los administradores de la Fundación, que no viven en Bigand y no tienen la mínima idea de lo que significa vivir en el campo, solo saben sacar el precio justo de la soja. Esta misma gente fue la encargada de ir desalojando una a una a las 28 familias que habitábamos este tierra, siendo nuestra familia la única que resiste. Este año la lucha contra el desalojo cumple 17 años, hemos podido comprobar en que la justicia está en muy malas manos, allí el poder judicial que lejos está de impartir justicia, a la hora de recibir sobres por debajo de su puerta, no dudan en inclinar la balanza para el lado del poderoso. Esto claramente ocurre a lo largo y ancho de nuestro país, no es solo la bandera de la familia Marinucci-Gobbo, es la bandera de la agricultura familiar, los pescadores, los cartoneros y los huerteros, entre otros, que a lo largo y ancho del país padecen el avasallamiento que impulsan los poderes económicos”, enfatizó Sandra Gobbo en una extensa charla con Conclusión.

La familia campesina que viene resistiendo estoicamente los embates ilegales y opulentos de la Fundación Honorio Bigand, lamentablemente no es la excepción de la regla. La violación a una amplia serie de derechos es muy concreta y tangible, el derecho al trabajo, a la vivienda única y claramente a la justicia. «Nuestro expediente aún reposa en la Corte Suprema Nacional, sin embargo, y a pesar de que podríamos dar vuelta este juicio con una resolución de la misma, la Fundación a través de sus integrantes, pero primordialmente de su apoderada legal Valeria Montaldo Maiocchi y el doctor Diego Aro Martínez de Casilda, insisten con el desalojo».

«El pasado 27 de diciembre, en pleno fin de año, y a pesar de que nosotros tenemos 60 años y las ausencias nos acompañan y se hacen mas pronunciadas en esa fecha, nos llega la notificación. Nos daban 15 días de corridos para abandonar nuestro lugar, ni siquiera 15 días hábiles, esto se cumplió el 11 de enero, el 1 de febrero apenas la feria se levantó, se presentó un oficio en Cañada de Gómez que el juez Sergio Verdura hoy firmó. Es decir, este señor firmó el desalojo de nuestra historia de 102 años«, relató Sandra.

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El ensañamiento de la Fundación no conoce de reparo alguno, ya que lejos de contentarse con quedarse con las 50 hectáreas productivas de la familia, fueron por su casa. “Vinieron por lo poco que nos quedaba, nuestro refugio que es nuestra casa, y un pedacito de tierra en donde criábamos animales que comercializábamos a precios populares abasteciendo al pueblo. La Fundación buscó ahogarnos económicamente, pero no le bastó y ahora vienen por nuestra casa, nos dejan literalmente en la calle, sin vivienda y sin trabajo. Buscan pasar con una topadora por encima de esta casa que tiene una historia de 102 años, acá no van a poder poner un shopping o levantar monstruosos edificios, solo van a poder sembrar soja. Por ello hacemos un llamado a los jueces y políticos de bien que tomen cartas en el asunto, se llenan la boca hablando de la necesidad de volver al campo mientras que a nosotros nos expulsan del mismo”, indicó Sandra Gobbo.

El presidente ha dejado librados a su suerte a aquellos que ponen las manos en los surcos, que trabajan y resignifican la tierra, si bien en más de una oportunidad sostuvo que iba a reglamentar la Ley de Agricultura Familiar 27718 que protegería a muchos campesinos de los desalojos, nunca lo hizo. “Se sigue mimando al agronegocio, olvidándose de los de abajo, que somos los que abastecemos al pueblo de comida sana. Si bien esto está ocurriendo en plena pampa húmeda, a esta bandera la levantó por todo el país. La pregunta es hasta cuándo el poder judicial va a seguir avasallando a los que menos tenemos. Destruyeron nuestro maíz agroecológico, nos dispararon, nos ahogaron económicamente, solo les restaba dejarnos en la calle para crucificarnos en el medio de la plaza ostentado su poder. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias porque acá está nuestra vida, fuera de esta tranquera no tenemos nada, antes de morirnos de depresión, moriremos juntos en nuestra casa, en nuestro lugar, donde nació mi suegro, donde nació mi esposo, donde nacieron mis hijos. Hace 42 años que dejo mis manos y mi espalda al servicio de la tierra como mujer rural, esta es otra actividad a destacar, el trabajo de la mujer rural no se tiene en cuenta. Arraigo es lo que estamos demostrando con este caso, arraigo es el respeto a nuestra tierra, por ello instamos a quien corresponda a investigar a esta Fundación, ya que la misma no está cumpliendo con la voluntad de Mercedes Bigand. No vamos a permitir que ladrones de guante blanco se vengan a quedar con nuestra casa, no se lo vamos a permitir”.