Ciberpatrullaje: espionaje en tiempos de democracia

Por Alejandro Maidana

En estos últimos días, y catapultado por la pandemia generada por el covid-19, el término volvió a resonar de manera altisonante en los distintos medios de comunicación. Impulsado por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, quién sostuvo que “el ciberpatrullaje es una modalidad de la ciberseguridad, que puede ser pensado en un sentido análogo al patrullaje físico: a través del monitoreo con cruzamiento de palabras clave, nos permite identificar la posible comisión de delitos para dar intervención a la Justicia, que dispone las investigaciones”.

La idea de testear a través de esta modalidad de control, el denominado “humor social” en tiempos de cuarentena, podría estar allanando el camino para lo que podría significar una persecución al pensamiento crítico que pueda surgir de la resultante de ciertos posicionamientos y decisiones gubernamentales.

Si bien puede parecernos un término novedoso, el es utilizado por todos los gobiernos que para poder llevarlo adelante, impulsan un equipo de trabajo que cuenta con herramientas para poder monitorear algunos tópicos con anclaje actual. El temor por las causas penales, las persecuciones ideológicas, el control y la criminalización de la opinión, volvieron a encender las luces de alerta.

Las fake news (noticias falsas) no descansan y le abren la puerta a un riguroso control

La base discursiva de aquellos que impulsan y glorifican el ciberpatrullaje, se cimenta en la necesidad de contar con un instrumento que permita seguir de cerca los movimientos de aquellos que incursionan el denominado grooming, o sencillamente seguir las pistas cuan sabuesos de organizaciones delictivas en su amplia espectro. Cabe destacar que el consenso social sería mayoritario si la intención estatal estaría solo abocada a controlar el , algo que resulta muy poco probable, ya que de no transparentarse su utilización, todo argumento utilizado para perseguir distintos posicionamientos políticos, podría llegar a ser válido.

El caso testigo de Javier Smaldone nos invita a reflexionar sin mezquindades

Este programador y consultor informático afincado en Río Cuarto (Córdoba), meses atrás sufriría en carne propia el trago amargo del ciberpatrullaje. Aunque no cometió ningún tipo de delito, padeció 6 horas de allanamientos y más de 6 horas de detención en la PFA, mientras duró su calvario, nadie pudo leerle su imputación.

Cabe destacar que le fueron arrebatadas todas sus herramientas de trabajo y comunicación, sumado a la privación ilegítima de la libertad que padeció durante 12 horas. Lo que significó una clara persecución política en tiempos de Cambiemos, y si bien hoy Patricia Bullrich salió a repudiar y a «defender» la democracia, en aquel momento impulsó distintas persecuciones.

Para profundizar sobre el regreso a la escena de la polémica modalidad del ciberpatrullaje, Javier Smaldone dialogó con Conclusión. “El primer punto que me gustaría aclarar es que cuando hablamos de ciberpatrullaje, no estamos hablando de un término que tenga ningún significado concreto real ni en el mundo jurídico, ni en el mundo informático. No existe algo que podemos entender como ciberpatrullaje, más allá que muchas fuerzas policiales, por ejemplo la Policía Federal Argentina tienen una división con esta modalidad”, sostuvo.

Una poco convencional manera de revisar, escudriñar, monitorear y controlar a las personas en su incursión por las redes sociales. “Esto entendido así, es algo que se conoce hace mucho tiempo en el mundo del espionaje como inteligencia de fuente abierta. Avanzan con la inteligencia en el reagrupamiento de declaraciones públicas, o publicadas en distintos medios, en contraposición de la inteligencia de fuente cerrada que tiene que ver con intervenir las comunicaciones. Lo que dejó en claro la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, es que están habilitando a las fuerzas de seguridad a hacer inteligencia monitoreando a la gente”.

Una situación que lejos está de ser novedosa, pero que claramente sigue interpelando las libertades individuales. “Es preciso aclarar que en la gestión anterior Patricia Bullrich defendió al ciberpatrullaje, el cual aplicó en varias oportunidades como por ejemplo, la detención de una persona que publicó canciones de cancha con insultos hacia el presidente, iniciándoles causas penales. Y sin ir más lejos, mi caso, donde fui ciberpatrullado dos veces, la primera en 2017 donde no lograron acusarme de nada, pero según consta en un expediente judicial, me ciberpatrullaron revisando mis tuits”.

En 2019 llegaria el momento más espinoso y repudiable, “cuando volvieron a hackear los sistemas de seguridad de la Policía Federal, previo a una orden judicial, me señalan como sospechoso por los comentarios en redes sociales que criticaban el accionar de la fuerza y la labor del Ministerio de Seguridad. Es decir, en concreto, el ciberpatrullaje es habilitar a las fuerzas de seguridad a monitorear las opiniones de la gente”, indicó Smaldone.

Si bien no se viola la privacidad de la gente, ya que las operaciones son a través de fuentes abiertas y públicas, sí está ligado al condicionamiento de la libertad de expresión. “Es muy fácil, yo voy a hablar de los mismos temas o elevar ciertas críticas si puedo sospechar, o tener cierto grado de certezas, si en algún momento la policía va a revisar eso que dije o sostuve, seguramente no. El momento puede ser ahora, en unos meses o en años, tal como me pasó a mí, ya que se me sindicó como sospechoso por comentarios de vieja data, y por la gente con la cual me relacionaba, algo cotidiano en las redes sociales. Es decir, si me tocó interactuar con una persona , con seguridad las redes de sospechas iban a recaer en mi”.

Promesas de un correcto y democrático manejo que pueden fundirse en cualquier momento, “no hay nadie que controle qué está haciendo o hurgando la policía, es por ello que esto proviene desde el Ministerio de Seguridad y no del Congreso o de la justicia. El tema es muy simple, eso de que este procedimiento va a usarse para evitar saqueos o salideras bancarias es improbable, es alocado pensar que dos delincuentes que estén planeando un atraco lo digan en twitter o en facebook. Si es por una alteración del orden público, amenazas o manipulación de noticias falsas, se acciona legalmente a través de una denuncia en la justicia, y es ésta quién debe decidir si es un delito y si alguien debe ser detenido o no, pero nunca al revés”, enfatizó el programador y consultor informático.

Por último Javier Smaldone acercó una reflexión final: “Como particular damnificado esperaba que con este gobierno se dejara de lado este tipo de prácticas, pero lamentablemente vemos con asombro que no solamente la Ministra sale a avalar esta metodología, sino también militantes, periodistas afines y funcionarios, que en su momento se habían opuesto a la utilización del ciberpatrullaje. Hoy resulta al menos indignante que Patricia Bullrich salga a repudiar la práctica indicando que no se ajusta a un Estado de derecho, sinceramente a veces pienso si estoy loco, soñando o que estamos presenciando una panquequeada de película”.