Confirmaron las condenas a dos militantes que participaron en la protesta contra la reforma previsional de 2017
Se trata de César Arakaki y Daniel Ruiz. De esta manera, la Cámara Federal de Casación ratificó las penas que trepan a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
La Cámara Federal de Casación, conformada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa (que voto en disidencia), ratificó las condenas de los militantes César Arakaki, del Partido Obrero, y Daniel Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, por los disturbios y daños causados durante una protesta contra la reforma previsional del Gobierno de Cambiemos en 2017 frente al Congreso.
De esta manera, el máximo tribunal penal confirmó las penas que trepan a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
La imputación de ambos manifestantes surge de los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso, cuando en la Cámara de Diputados se debatía la controvertida ley previsional.
Además ratificaron la condena de Arakaki por «lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas», pero ordenó revisar el monto de la pena, que en su caso ascendía a tres años y cuatro meses de cárcel.
La resolución, de más de 200 páginas, confirmó prácticamente en su totalidad el fallo unipersonal dictado por el juez Javier Feliciano Ríos en 2021.
Arakaki y Ruiz fueron identificados entre los cientos de manifestantes y afrontaron el proceso que ahora llegó a su penúltima instancia. Destacando que Arakaki estuvo en prisión durante 30 días, mientras que Ruiz pasó más de un año en la cárcel. Ahora ambos podrían regresar para cumplir las penas impuestas y ratificadas en esta instancia.
En la causa intervinieron en calidad de «amicus curiae» (amigos del tribunal) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.