Córdoba: alarma por tratamiento exprés para la traza de autovía en Ruta 38

Por Alejandro Maidana

«Las sierras no se tocan; paso a paso se viene el punillazo», era el grito altisonante que partía de las gargantas de distintas agrupaciones ecologistas y de vecinos del Valle de Punilla, quienes rechazaban el proyecto de la autovía por el impacto ambiental que generaría. Y si bien hay un consenso generalizado en la necesidad de la traza, sumado a que el nuevo plano garantizaría la no agresión al faldeo y a los montes nativos, la inseguridad se centra en el tratamiento exprés que pretende darle el gobierno cordobés.

Al no haber ningún tipo de precisión, ni ambiental, ni desde el ámbito de la ingeniería, esto encendió nuevamente las alarmas en la población y en las distintas organizaciones ambientalistas y políticas. La inquietud más importante tiene que ver con la imposibilidad de que pueda existir una audiencia pública que permita munirse de la información necesaria.

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La provincia de Córdoba es una de las que mayor impacto ha tenido en torno a las quemas y el colapso hídrico, lo que significó y significa, que el efecto en su biodiversidad ha sido verdaderamente demoledor. Pero más allá de este sombrío panorama, las políticas públicas parecen no remediar en una problemática que involucra de manera concreta la acción humana en todo su esplendor.

FUNAM se opone a la nueva traza de la autovía complementaria de la Ruta 38

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, informó públicamente su total oposición a la nueva traza de la autovía complementaria de la Ruta 38 que pretende llegar hasta Molinari. «En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo. Donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo. Donde no se conoce la biodiversidad local ni se practica la sucesión secundaria para que la propia biodiversidad recomponga lo destruido, el proyecto de Autovía solo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes», le dijo a Conclusión el Dr. Raúl Montenegro, presidente de Funam.

Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cuál fue la traza presentada.

El biólogo le solicitó a la justicia provincial que «investigue las gestiones crediticias del gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cuál fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves». Agregó luego: «si la justicia provincial mira para otro lado nosotros haremos la presentación en Buenos Aires ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) y la Justicia Federal».

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FUNAM no descartó hacer presentaciones ante el propio Banco de Desarrollo de América Latina porque el gobierno de Córdoba, no solo no hizo Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública de la nueva traza, sino que tampoco habría comunicado a los evaluadores del banco la ausencia de licencia social para la obra. “Para empezar estamos enviando al Banco de Desarrollo de América Latina la amplia cobertura mediática que han tenido los colectivos opuestos a la nueva traza, donde se subraya además que el gobierno no hizo consultas ni estableció nuevos mecanismos de participación».

Córdoba es pionera a nivel nacional en establecer por ley la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental, mientras que el gobierno de dicha provincia, es el primero en incumplir su propia ley.

La cláusula 11 incluye lo exigido por el Banco: copia de la licencia ambiental, plan de manejo ambiental y social, Plan de Participación Civil, y otras exigencias, ninguna de ellas cumplidas hasta ahora.

El Dr. Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, indicó que el gobernador Juan Schiaretti «tiene la mala costumbre de decidir obras y acciones en abierta violación a las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Primero decide, generalmente con muy poca información. Luego lo difunde a todos los medios y la obra empieza a construirse. Finalmente busca ajustar las normas a lo ya decidido y hecho con la complicidad crónica de la Secretaría de Ambiente, hoy a cargo de Juan Carlos Scotto».

El 24 de noviembre de 2020 el gobernador de Córdoba firmó el Decreto 844 con el marco administrativo para el crédito del Banco de Desarrollo de América para la autovía de ruta 38. “Su Cláusula 11 incluye lo exigido por el Banco: copia de la licencia ambiental, plan de manejo ambiental y social, Plan de Participación Civil, y otras exigencias, ninguna de ellas cumplidas hasta ahora. Pero ya están enviando el proyecto de ley para expropiaciones y anticipando fechas de licitación».

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La torpeza ambiental y social de la gestión Juan Schiaretti parece no tener límites. Da por hecho un canal para traer agua del río Paraná sin estudios ni Evaluación de Impacto Ambiental.

Montenegro, Premio a la Investigación Científica (Universidad de Buenos Aires, Argentina) recalcó que «la torpeza ambiental y social de la gestión Juan Schiaretti parece no tener límites. Da por hecho un canal para traer agua del río Paraná sin estudios ni Evaluación de Impacto Ambiental. Tras los pavorosos incendios presentó un absurdo plan de reforestación en que está involucrada una empresa de Misiones, a la cual pagaremos por plantines de algarrobo que en su mayor parte morirán. Como frutilla del postre, el gobernador ofreció a los productores como reparación por daños tras los fuegos postes de quebracho colorado, una especie amenazada.

Varios de estos temas, en especial los 10 millones de pesos asignados para reforestación, también deberían ser investigados por la Justicia. “La ley provincial de Ambiente 12.008 establece claramente la obligatoriedad de Aviso de Proyecto para proyectos forestales con más de 100 hectáreas, y plantar algarrobos en una superficie superior a las 100 hectáreas cae inexorablemente en esta categoría. Más aún, la Secretaría de Ambiente debería haber exigido Estudio de Impacto Ambiental al propio gobierno y Audiencia Pública. Nada de esto se habría hecho. Es la irritante doble vara con que el gobierno se mide a sí mismo, y a los demás», concluyó el biólogo Raúl Montenegro.