Tiempo Argentino: apuntan contra la fiscal de la causa y el Ministerio de Seguridad

El diario Tiempo Argentino publicó hoy una edición especial, luego de que su redacción sufriera un ataque por el que está acusado el empresario Mariano Martínez Rojas, quien debe presentarse a declarar en las próximas horas.

En la edición especial de dieciséis páginas se relata con detalles lo ocurrido en la madrugada de este lunes, cuando una patota irrumpió en el diario y produjo graves destrozos.

«Lo que ocurrió en la madrugada del lunes en Tiempo Argentino y Radio América no tiene antecedentes en la democracia que vivimos desde 1983. Un grupo de tareas, compuesto por 20 matones y comandado por el supuesto empresario Mariano Martínez Rojas irrumpió en el edificio después de la medianoche del domingo, agredió a tres trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo que permanecía en el lugar y copó la redacción», relató el director del diario, Gustavo Cirelli.

El periodista aseguró que la patota «gozó de cuatro horas de impunidad para romper y saquear todo a su paso ante una pasividad alarmante de los efectivos policiales que adujeron órdenes de la fiscal contravencional Verónica Andrade, para no sacar a los intrusos del diario».

Adrián Murano, secretario de redacción del diario Tiempo Argentino, criticó por su parte, la actuación de la fiscal que entiende en la causa, y apuntó contra el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich por «no dar explicaciones» sobre el accionar de la Policía Federal en los hechos del lunes a la madrugada.

En diálogo con la prensa, Murano salió al cruce de las declaraciones radiales que brindara Verónica Andrade y señaló que si bien «ella dice que ordenó desalojar a los violentos, la primera orden es que los trabajadores se tenían que quedar afuera y esperar hasta las 9 de la mañana para poder hablarle mientras sucedían delitos en flagrancia».

«Nosotros decidimos entrar por el garaje, ella modifica la orden y la Policía, no sé si por propia voluntad, negocia la salida de los violentos», señaló el periodista, quién además subrayó que la cooperativa que conduce Tiempo Argentino tiene «los bienes en custodia desde febrero por una resolución del Ministerio de Trabajo» y que Mariano Martínez Rojas -uno de los atacantes- no pudo «demostrar ante la justicia» ser el dueño del diario.
Murano criticó también que mientras la patota comandada por Rojas destruía la sede del diario «la fiscal, no se sabe si por ignorancia, ponía a los trabajadores como intrusos». «El inmueble no es de Martinez Rojas, es de un tercero», aclaró.

Si bien agradeció las declaraciones de solidaridad de buena parte del espectro político, el periodista señaló el silencio del Ministerio de Seguridad de la Nación: «La Policía Federal responde al Ministerio y no tuvimos una explicación de Patricia Bullrich, no sabemos si hay sumarios».
«Agradecemos la solidaridad, pero el Estado tiene responsabilidades institucionales», dijo Murano y adelantó que la comisión de Comunicaciones del Congreso tendrá una sesión especial para tratar el tema.

También se refirió a aquellas expresiones que intentan quitarle importancia a lo sucedido aludiendo a la línea editorial del medio: «Esto fue, sobre todo, un atentado al derecho a la información de los lectores de Tiempo, que tienen el mismo derecho a informarse que los que eligen otro diario. Esto va más allá de la líneas editoriales. Es una violación al Estado de Derecho, y quien lo debe preservar es el Estado».

Este mediodía, se realizaba en el edificio de Amenábar 23 una asamblea abierta del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) para repudiar el ataque y para reclamar por «la libertad de expresión en Tiempo Argentino y Radio América».

La palabra de la fiscal de la causa

La fiscal porteña Verónica Andrade, que actúa en la causa por el ataque al diario Tiempo Argentino rechazó críticas de los trabajadores del diario a su actuación y reconoció que en un momento evaluó «llevar a todos detenidos».

«Ayer tuve dos momentos. Primero, irrumpió el señor (Mariano) Martínez Rojas con una serie de personas que lo acompañaban. Y por otro lado, casi inmediatamente, irrumpieron unos 40 trabajadores del diario. La pregunta es: ¿Llevo a todos detenidos o trato de descomprimir el conflicto y que después tramite por vía judicial?», señaló Andrade.

La funcionaria dijo que es «partidaria de que, cuando la Justicia interviene, hay que tratar de evitar que las cosas pasen a mayores».
En declaraciones a las radios Vorterix y Del Plata, atribuyó las críticas que recibió a «un juicio de valor que hace la gente en su calidad de opinólogos».

Además, defendió su accionar durante el ataque al diario y explicó que «trató» de resolver la situación, «identificar a las personas, constatar los domicilios».

«¿Cómo sabemos que el inmueble no estaba roto de antes? Todo se investiga», dijo Andrade, quien subrayó:»debemos probar que los daños fueron causados por los que irrumpieron».

Por otra parte, ratificó que los atacantes están citados a declarar y señaló que «si el señor Martínez Rojas y sus colaboradores no concurren dentro de las 48 horas» está «habilitada para ir a buscarlos por la fuerza pública».
Andrade es fiscal subrogante de la Fiscalía 6 y confirmó que todos los acusados están imputados por los delitos de usurpación y daños.

La fiscal también informó que el edificio donde funciona el diario y Radio América, del mismo grupo empresario, quedó con custodia policial «hasta poder garantizar que el señor Martínez Rojas no se acercara al lugar».

«La policía no acompañó a la patota», señaló Andrade, al defender la actuación policial, que también fue criticada por los trabajadores del diario.
Al respecto, aseguró que «no fue así, la policía no protegió a la patota» y señaló que por orden suya se buscó identificar a las personas que habían irrumpido en el diario, para luego imputarlas y llamarlas a declarar.

Zona Liberada

El legislador porteño de Bien Común y presidente de La Alameda, Gustavo Vera, denunció hoy que «hubo zona liberada» en la agresión a trabajadores del diario Tiempo Argentino y apuntó contra el jefe de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires, comisario general Guillermo Calviño.Vera presentó «un proyecto de declaración que repudia el cobarde ataque sobre los trabajadores de prensa del diario Tiempo Argentino» y sostuvo que las agresiones se produjeron «gracias a la zona liberada de la Policía Federal, a cargo de Guillermo Calviño».

El legislador, quien también se solidarizó con los periodistas, había donado en febrero pasado parte de su salario como edil (25 mil pesos) para que los trabajadores de ese periódico pudieran seguir «su lucha por preservar la fuente laboral».

El proyecto de declaración presentado es el siguiente: «La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su honda preocupación y su absoluto repudio al ataque que sufriera la redacción de Tiempo Argentino durante la madrugada del 4 de julio. Asimismo manifiesta su solidaridad para con los trabajadores del mencionado medio».

Denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las autoridades protagonizaron un «aval institucional a la violencia» en el caso del ataque al diario Tiempo Argentino.

«La fiscalía y las fuerzas de seguridad, en lugar de detener la violencia hacia los trabajadores y sus herramientas, legitimaron la irrupción violenta de una patota como vía para resolver un conflicto. La falta de una intervención adecuada hizo posible que la patota lograra su cometido. Este aval institucional a la violencia como forma de resolver los conflictos representa un antecedente alarmante», advirtió el CELS.

La organización no gubernamental consideró que se registró en ese caso un «grave ataque a la libertad de expresión» en el caso del ataque al diario.
El CELS advirtió que «los funcionarios policiales no impidieron los delitos que se estaban cometiendo ni resguardaron los derechos de quienes estaban siendo atacados».

«Cuando finalmente ingresaron, no resguardaron el lugar, no registraron de manera adecuada los daños ni recabaron información sobre la persona lesionada. Tampoco requisaron a los integrantes de la patota ni asentaron en el acta las amenazas de Mariano Martínez Rojas a los trabajadores, que fueron realizadas en presencia policial. Estas graves irregularidades en la recolección de las pruebas afectan la adecuada investigación de lo ocurrido», puntualizó la entidad de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Señaló además que «la fiscalía a cargo no se hizo presente en el lugar y no dio instrucciones destinadas a proteger a los periodistas ni a preservar los medios con los que llevan adelante el trabajo de prensa».

También apuntó contra «el ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires» por ser «responsable del modo en el que se llevó adelante este operativo».

El CELS advirtió que «el principio 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».