Di Terlizzi: “Los niños institucionalizados son nuestra mugre bajo la alfombra”

Por Candelaria de la Cruz

Días atrás salió a la luz un informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia, de la Defensoría y de Unicef que puso en jaque la situación la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Santa Fe.

El informe reveló las severas falencias que presentan los centros de acogimiento y la falta de control por parte de los titulares de la cartera. Sumado a ello, el sistema de adopciones y de institucionalización se vio otra vez cuanto menos resquebrajado por la exposición mediática del caso de “Kiki”, el nene de tres años que fue desapegado de la Familia Solidaria que los crió durante casi dos años y que el propio niño, por inocultable dilación de parte del Estado en los plazos de acogimiento, había “adoptado” como sus padres. Sin dudas un caso que transitará varias instancias aún.

La compleja realidad que presenta el informe, la visibilización que tomó el caso de la familia Morla-Gigliotti y las negaciones por parte del gobierno provincial, enfureció a quienes trabajan en la temáticas, a las cientos de familias que quieren adoptar y están en espera desde hace años, y a la sociedad en su conjunto.

El Observatorio relevó durante los años 2016 y 2017, las 41 Instituciones de Acogimiento que posee la provincia de Santa Fe, donde se encuentran alojados 503 niños de diferentes edades (entre 0 y 18 años). Según precisaron desde la Defensoría conducida por Analía Colombo, el 39% del total de las instituciones relevadas se encontraban en condiciones de sobreocupación, mientras que el 44% presentaban condiciones de hacinamiento. En este sentido, precisaron que en Reconquista todas las instituciones presentaban estados de hacinamiento.

Por otra parte, el 47% de los centros para niños se encontraba en estado “regular o malo”, con presencia de goteras, humedad, instalaciones averiadas y falta de luz natural. A su vez, el 44% carece de ventiladores. En cuanto a la disposición de los espacios, “el 66% no contaba con uno para entrevistas o encuentros privados”. El 44% no poseía un Salón de Usos Múltiples, y el 90% no tenía ningún tipo de adecuaciones para personas con discapacidad.

Con respecto a la relación que mantienen con la Subsecretaria de la Niñez, el 90% de los centros calificaron a esas articulaciones como “regulares o malas”, mientras que el 88% sostuvo que “en pocos casos” los niños allí alojados mantienen contacto o comunicación con dichos equipos.

Las cifras son claras y totalmente preocupantes. Sin embargo, el Ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, en diálogo con medios santafesinos, negó recientemente los números del informe y aseguró que “durante este último año, se lograron corregir muchas de esas deficiencias”.

Ante esta falta de reconocimiento por parte del Estado provincial, se generó una dura reacción de quienes trabajan diariamente por los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sabedores de la angustiante y profunda precarización del sector.

Palabra autorizada

“Estamos estupefactos de ver como naturalizan esta situación de lo que está pasando. Hay un gran nivel de cinismo y mentira. Sus inconducentes políticas de Niñez en lo territorial no son eficaces, no articulan estrategias claras, y jamás priorizan el cumplimiento de lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, expresó el presidente de la Asociación Niños Visibles, Rodolfo Di Terlizzi en diálogo con Conclusión.

Y recordó que “el 2017 fue un año obscenamente récord de jornadas de protestas y paros o asambleas por parte de los mismos trabajadores de la Subsecretaria de Niñez, dejando muy en claro cuál sigue siendo el escenario respecto a la situación y cotidianeidad de cada niño institucionalizado, y responsabilizando a los funcionarios del área que de manera incompetente o irresponsable dejan expuestos a los trabajadores de overol, de territorio”.

“No había ni hay disponibilidad de recursos, equipos disciplinarios ni vehículos para monitorear convenientemente los casos del interior de la provincia”, señaló Di Terlizzi contradiciendo enérgicamente al Ministro, quien sin ruborizarse afirmó que “en políticas sociales hay una gran inversión” y que lo están “optimizando”.

Ante nuestra consulta acerca del funcionamiento del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), Sandra Istillarte, también integrante de Niños Visibles, sostuvo que “el nuevo Código Civil, a partir de los saludables cambios generados en el año 2015, obliga al Estado y al Poder Judicial – luego de haber sido retirado un niño por causas justificadas del seno de su familia biológica a través de una medida excepcional – a declarar su adoptabilidad en un plazo máximo de 180 días. Estos plazos jamás se cumplen sino que el promedio de institucionalización es de largos años, lo cual debilita de manera integral el sistema de adopciones y por cierto vulnera no solo a cada niño sino a los pretensos adoptantes”.

Hasta el 2015 dicho organismo contaba con 2000 familias como un valioso caudal mientras que en el otro extremo del sistema esperaban ser adoptados menos de 400 niños. Hoy el número de niños se ha incrementado ostensiblemente y el de pretensos adoptantes se ha reducido a un tercio

“Esto deja al descubierto que el RUAGA, históricamente ha incurrido en un sistemático error: la falta de ida y vuelta con las familias, los relevamientos a destiempo, la falta de capacidad para lograr que cada adoptante modifique esa propensión a adoptar en su mayoría solo niños pequeños o bebés, y sobre todo tener en claro cuál era verdaderamente el listado definitivo habida cuenta de que gran número de aspirantes desistían aduciendo falta de comunicación o respuestas. Se reitera en este sentido lo expresado por un gran número de directivos de hogares de acogimiento: falta de comunicación, ausencia de políticas que permitan un funcionamiento no tan inconexo, sino más coordinado y dinámico», remarcó Istillarte.

«Es inadmisible que casi 1400 potenciales adoptantes se hayan dado de baja, ante años de angustia e incertidumbre”

Conclusión accedió al informe de Unicef y la Defensoría, del cual claramente se evidencia cada punto expresado desde hace años por los integrantes de la Asociación Niños Visibles, incluyendo el Balance del área de Niñez 2017 publicado por la ONG santafesina durante diciembre pasado en el cual, entre otros puntos, se mencionan como falencias institucionales graves lo inconexo entre cada estamento, el no cumplimiento de los plazos indicados por ley nacional para la declaración de adoptabilidad de los niños institucionalizados, las condiciones edilicias de los hogares de acogimiento y la precarización de los trabajadores del sector.

«Ciertos funcionarios, incluyendo al Gobernador, deberían comprender que los primeros años de un niño o niña que quiere ser adoptado ya han sido vulnerados, lastimados y aplastados por la indiferencia y la desidia. Los niños no pueden esperar»

Con respecto a ello, Di Terlizzi e Istillarte coincidieron en que “ciertos funcionarios, incluyendo al Gobernador, como así también cada actor que cuenta con las herramientas para hacer digna esa espera de cada niño o niña a ser adoptado, deberían comprender que los primeros años de sus vidas ya han sido vulnerados, lastimados, aplastados por la indiferencia y la desidia, y que no pueden incurrir en una insuficiente articulación institucional para resolver cada situación. Los niños no pueden esperar, ellos son nuestra mugre bajo la alfombra, y son sistemáticamente revictimizados por un sistema que, pese a las expresiones contradictorias del Ministro Álvarez y argumentos de los directivos de Niñez a nivel provincial, sigue haciendo agua y que no prioriza el Interés superior del Niño, tal lo expresado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

Por otro lado, y respecto al Programa de Familias Solidarias, Di Terlizzi recordó que “hay casi 150 familias que están con los plazos vencidos” y mostró su preocupación sobre la posibilidad de que haya otro “Kiki, ya que de manera ininterrumpida reciben consultas y pedidos de asistencia ante situaciones de gravísima desidia y falta de articulación entre las instituciones que a priori deben velar por los Derechos de cada niño institucionalizado.

«Algunos funcionarios son profesionales del silencio y de la manipulación. El Estado provincial vulnera a los niños y demoniza a las familias»

En concordancia, consultado sobre el porqué de esta realidad del área de niñez, y sobre la postura del Ministro Álvarez de minimizar un informe tan claro y contundente, ambos integrantes de Niños Visibles indicaron que “ante tantas situaciones de irregularidad, ante tantos casos en los que el denominador común es su propia falla respecto a los plazos, con los que les están birlando los mejores años de sus vidas en familia a estos pequeños, algunos funcionarios son profesionales del silencio y de la manipulación. El Estado provincial vulnera a los niños y demoniza a las familias. De esa manera, con exasperantes dilaciones, ese mismo Estado junto a los jueces de familia propician vínculos, destrozándolos después”.