Discapacidad: alerta y pedidos de informes por traspaso a las provincias del plan Incluir Salud
Desde Atraes advierten las catástróficas consecuencias de la provincialización del programa. En tanto, el bloque Igualdad y Participación presentó un pedido de informes al ejecutivo provincial.
La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) puso el alerta ante la disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad que dispuso la provincialización del Programa Incluir Salud a partir del 1 de enero de 2019.
Asimismo, desde Atraes indicaron que se encuentran en “estado de incertidumbre», en virtud del poco tiempo para este traspaso. Además Pablo Bolego, presidente de Atraes señaló que “aún no se han conocido posicionamientos de la provincia al respecto”.
Por lo pronto, los transportistas temen que “Santa Fe no tenga los recursos para sostener el programa” y asimismo, se preguntan “con que cápitas van a pagar el transporte”, indicó Bolego
En la actualidad, las cápitas que gira el programa Incluir Salud son de $280 por beneficiario (para cubrir prótesis, sillas, pañales, etc). Al pasar a las provincias, esas cifras se duplicarán, incluyendo el servicio de transporte.
“Evidentemente creemos que provincializar será muy negativo para nosotros porque los recursos no alcanzaran” enfatizó Bolego y remarcó: “Trasladan el programa a las provincias como lo hicieron en su momento con parte de la educación y después las provincias no tienen los recursos para costear y sostener estos servicios”.
Otra dificultad que presentará dicho traspaso es que las instituciones se verán obligadas a facturar a la provincia para poder pagar el servicio de transporte. En ese sentido, Bolego manifestó que muchas no están incluídas en el régimen de prestadores de servicio de transporte porque antes al ente nacional le facturaban integralmente. «Esto hace que las instituciones deban reempadronarse a Afip. Todo esto hace que se sigan sumando conflictos».
Por otro lado, desde Atraes también exigen respuestas del gobierno provincial para conocer su posicionamiento. «Hasta hoy no sabemos nada. Falta muy poco para el 1º de Enero y nadie tranquiliza al sector. Ni siquiera sabemos quien fijará los aranceles para los transportistas»
Concretamente Atraes “necesita saber si Santa Fe adherirá al traslado del programa Incluir Salud y conocer en detalle cual será la mecánica administrativa para la aplicación de este sistema”. “Sabemos de las dificultades presupuestarias de las provincias, incluyendo la nuestra y por eso necesitamos saber como cubrirán insumos tales como medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, y también el transporte”, precisó Bolego.
Pedido de informes al gobierno santafesino
La inminencia del traspaso ha despertado gran inquietud y preocupación en distintos sectores. Los diputados Silvia Augsburguer y Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad y Participación presentaron un pedido de informe al gobierno santafesino para solicitar que dé respuesta sobre vario puntos que hacen a la prestación del programa Financiar Incluir Salud -PFIS- que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad.
“Esta decisión del gobierno nacional, de recortar prestaciones en diversas áreas, no es nueva. En este caso se recorta una prestación fundamental para las personas con discapacidad, que es el transporte y movilidad para que puedan acudir a sus actividades y terapias. Lo concreto es que a partir del 1 de enero, es decir, en 20 días, se deja de dar esta cobertura y hay una gran incertidumbre acerca de cómo la provincia de Santa Fe responderá para garantizar derechos a las personas con discapacidad”, explicó la diputada Silvia Augsburger, autora de la iniciativa, junto a su compañero de bloque, el diputado Rubén Giustiniani
«Se solicita saber a partir de qué fecha esta prevista la entrada en vigencia del traspaso a las provincias del pago de las prestaciones de transporte, cuál es la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del PFIS que son usuarios y usuarias de la cobertura de transporte en el territorio provincial y con qué fondos prevé la provincia afrontar estas obligaciones».
Además, el pedido de informes plantea saber cuáles son los procedimientos administrativos que se implementarán a partir de la entrada en vigencia del traspaso a la provincia a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los/as beneficiarios/as.
“Sabemos que el programa viene sufriendo recortes en los últimos tiempos y esta decisión profundiza aún mas ese ajuste, generando una situación de angustia e incertidumbre tanto a las instituciones y transportistas que prestan servicios a beneficiarios y beneficiarias del programa, como así también a las familias sobre quienes peligra la continuidad de la cobertura”, explicó Augsburger, al tiempo que agregó que “es fundamental que desde el Estado se den todas las herramientas que favorezcan el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad, para que puedan ejercer una ciudadanía plena. En este sentido, es necesario también que el gobierno de información clara sobre la forma en que esta prestación se continuará garantizando para calmar el malestar que generan estas malas decisiones”.