Fumigaciones con Agrotóxicos y Derechos Humanos: a 45 años del golpe genocida

Por Alejandro Maidana

El fiscal Oscar Sobko debía dar su opinión al tribunal antes de que el juez Rodríguez formule su sentencia. Pero nunca entendió el objeto del amparo. La causa es un Amparo Ambiental presentado en Colonia Avigdor (departamento La Paz), Entre Ríos, pidiendo a la justicia que intervenga por una serie de al menos diez denuncias presentadas a la misma desde 2015 en adelante, producto de la contaminación de derivas de agrotóxicos a pobladores cercanos «los venenos salen del campo donde se fumiga viajando en el aire y del agua y contaminan lotes y poblaciones cercanas».

Ninguna de estas denuncias logró frenar las fumigaciones en la zona, sino que se fueron agravando. Hasta la fundación Bergman, que integra el ex ministro de ambiente nacional, está denunciada por fumigaciones que contaminan a la población de Colonia Avigdor. En el amparo se solicita al juez declare la inconstitucionalidad del art. 2 de la resolución 47 de la legislación provincial de plaguicidas «decreto ley de la dictadura», ya que permitir que se fumigue con agrotóxicos a 50 metros de zonas pobladas, vulnera los Derechos Humanos y atenta contra la salud y el ambiente.

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Destacando que no solo la población de Colonia Avigdor es la damnificada, sino para toda la población de la provincia de Entre Ríos, que es víctima de la misma Ley de la dictadura y de los sucesivos gobiernos serviles a los intereses de las compañías vendedoras de agrotóxicos a los que liberan la zona para hacer sus negocios a costa de la salud y el ambiente de toda la provincia. Llama la atención que el fiscal Oscar Sobko, integrante de una familia defensora de los derechos humanos, haya recomendado al juez no dar lugar al amparo, reduciendo el objeto de la demanda a tan solo el análisis de la última denuncia contenida en el expediente <por avionetas fumigadoras aplicando agrotóxicos muy cerca de la zona poblada de Avigdor>, fundamentando que el Estado no está ausente. porque luego de la denuncia se presentó personal de la Dirección de Agricultura <se presentaron 17 días después, un organismo de contralor con menos de 10 personas sin medios ni herramientas para fiscalizar toda la provincia>.

En la provincia se aplican más de 20 millones de litros de veneno por año, vulnerando así el derecho a la vida. El Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política de que se haga un control efectivo del uso de estos biocidas y menos aún, de fijar metas y objetivos para disminuir su uso. Los productos que se utilizan, principalmente el glifosato, han sido prohibidos en muchas localidades de este país y de otros países por su efecto teratogénico y causal de la enfermedad del cáncer. El gobierno de la Entre Ríos, la provincia donde se registraron las concentraciones de glifosato más altas del mundo (en Urdinarrain), basa su evidencia científica en un papelón realizado en la ciudad de Gualeguay, donde aparece como organizador de un evento que impulsó la cámara de vendedores de agroquímicos y la mesa de enlace; en el que se realizaron pulverizaciones a campo con máquinas aplicadoras cargadas con agua; si con agua, no con agrotóxicos.

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Probaron con agua, como si fuera un método de validez científico dónde sentencia que las derivas no son superiores a 10 metros, como si el comportamiento de un veneno en el aire o en el agua, fuera comparable en sus características físicas o químicas. La medición de las derivas se intenta probar a través del uso de tarjetas hidrosensibles, mecanismo que tampoco tiene ninguna validez científica probada. No existen en el país estudios que determinen la tensión superficial (información necesaria para calcular qué tamaño de las gotas se podrían formar) de estos productos, menos aún, estudios de tensión superficial de la mezcla de estos productos, todo se calcula y proyecta como si simplemente estuvieran trabajando con agua.

Tampoco en la provincia existen los medios y protocolos necesarios para análisis de presencia de estos productos en los cuerpos de las personas sometidas a convivir con estos venenos, ni para la determinación de estos biocidas en los alimentos, suelos y cursos de agua. Entonces ¿Qué tipo de controles puede hacer el estado, sin medios, sin información científica, y ante un evidente conflicto de intereses donde siempre pierden las víctimas, el sentido común, la defensa de la salud, la vida y el ambiente? ¿Acaso no se nota demasiado? ¿Si fueran científicos no deberían tener en cuenta las ciencias ambientales, la biología, el derecho ambiental? ¿Por qué la secretaría de ambiente ni el ministerio de salud carecen de injerencia en este campo del sector productivo?

El resto de los argumentos es una muy poco científica presentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, facultad de agronomía de oro verde, que presenta un trabajo de recopilación de bibliografía extranjera. Más de 300 páginas Casi toda en inglés. Escaneado de fotocopias. Prácticamente ilegible e incomprensible en su forma de presentación. Una vergüenza para esta casa de estudios y en el nombre de la ciencia misma, y para toda la población de la Entre Ríos que entregan a corporaciones multinacionales a cambio de un ínfimo porcentaje de la venta de estos venenos que subsidian la formación de jóvenes en esta casa de estudios y de los porcentajes que cobran por vender veneno a los productores y los profesionales recibidos de esta facultad.

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La Coordinadora de víctimas de fumigaciones Basta es Basta, nunca fue recibida por el Gobernador de la Provincia Gustavo Bordet, pero sí recibe muchas veces a la Mesa de Enlace luego de los amparos judiciales favorables a nuestra coordinadora cuando en la megacausa escuelas fumigadas se logró una medida de protección que prohíbe las fumigaciones con Agrotóxicos a 1000 metros de las escuelas rurales. Luego de la reunión del gobernador con la mesa de enlace, el fiscal de estado Rodríguez Signes, apela la medida y el gobernador emite un decreto que reduce las distancias de protección a escasos 100 metros, pero esta vez, contando desde el edificio escolar y no desde el perímetro del lote como se venía interpretando en decreto ley de plaguicidas de la dictadura militar

Cuando las manifestaciones del sistema de justicia no cumplen con la protección de los pueblos que padecen injusticias, esto genera una profunda indignación. Las personas afectadas acuden desesperadamente en busca de respuestas al Poder Judicial que debiera brindar protección ante la contaminación al ambiente y la salud pública a causa de las derivas de agrotóxicos que realizan los dueños de campos en sus actividades privadas. Pero lamentablemente todo el andamiaje jurídico les da la espalda a las víctimas de fumigaciones que debieran ser respaldadas en un marco de Derechos Humanos a los que se supone que suscribe Argentina y que el Estado Nacional, sin distinción partidaria, incumple hace 20 años, desde la implementación de la agricultura biocida, con respecto a las pulverizaciones con veneno.

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Ante la respuesta del fiscal Sobko al pedido de intervención por parte del Juez Diego Rodríguez, en el marco del recurso de Amparo ambiental presentado el 11 de febrero, denunciamos que las comunidades son marginadas al ser expuestas a las aplicaciones de miles de litros/metros cúbicos/kilos/toneladas de venenos de manera constante en sus territorios, avalados por una ley que muestra como persiste una sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado, a través de un decreto ley 6599 que perdura del año 1980.

Legalizando un sistema de producción tóxico dependiente, que ha alejado a la población de la vida, al forzar la desaparición de pueblos enteros. Quienes aún perduran en sus comunidades y defienden los territorios que habitan, son sometidos a la pérdida irreparable de su modo de vivir. Los obligan a encierros constantes para no inhalar venenos.

Desde la coordinadora Basta es Basta notamos que existe una enorme deuda de la democracia y que permanecen vigentes ciertas estructuras de impunidad que corresponden a gobiernos dictatoriales. A pocos días de un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, nuestro Estado no puede permanecer cómplice de la perpetuación de los atropellos a los DDHH por parte del agronegocio.

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A 45 años del golpe, seguimos regulados por una ley de agrotóxicos de la dictadura. Los pueblos fumigados somos discriminados, ninguneados, invisibilizados, sigue vigente el flagelo de la dictadura. Y aún más cuando se reafirma su vigencia por dictámenes fiscales como los del Dr. Oscar Sobko.