Instituciones del sector de discapacidad reclaman que Iapos actualice el monto de los aranceles
Exigen que la Legislatura santafesina apruebe un proyecto de ley que establecería un mecanismo de cobertura total obligatoria de todas las prestaciones básicas de las personas con discapacidad afiliadas.
La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) reiteró este viernes el reclamo para que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) actualice los aranceles que paga por las prestaciones. Según advierten, actualmente están un 30% atrasados en comparación con lo que abona Nación. En ese marco, exigen que la Legislatura santafesina apruebe un proyecto de ley que subsanaría la problemática.
«Venimos con una dificultad que ya se plantea desde los aranceles que establece el Gobierno nacional, que están muy desfasados respecto a la inflación. Eso es algo que venimos visibilizando, pero la situación particular del ente provincial es todavía más grave porque implica que esos aranceles son aun menores -entre un 20 y un 30% por debajo-. Es algo que venimos planteando hace mucho tiempo», expresó la titular de Apredis, Mariel Chapero, en declaraciones a Conclusión.
En esa línea, la Asociación destacó un proyecto presentado por el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, que busca que establecer un mecanimo para la cobertura total de todas las prestaciones básicas de las personas con discapacidad afiliadas al Iapos con caracter de oblitatoriedad.
Dicho proyecto fue presentado anteriormente, pero luego de obtener media sanción terminó siendo cajoneado por el Senado santafesino, razón por la que las instituciones demandan un mayor compromiso político para salir de esta encerrona económica.
En el segundo artículo, el texto legislativo plantea que «los aranceles que debe abonar Iapos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad son determinados por el Nomeclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad», algo que actualmente -tal denuncian desde Apridis- no se está cumpliendo, generando el desfasaje.
Asimismo, en el tercer artículo, busca fijar que los aranceles deben ser liquidados y pagados en el plazo de entre 30 y 60 días desde su presentación efectiva ante Iapos.
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«La idea es poder garantizar que al menos la obra social pueda cubrir esos aranceles nacionales, que ya son muy bajos y que ponen en riesgo la posibilidad de seguir sosteniendo las prestaciones. La situación es muy compleja», advirtió Chapero.
Al ser consultada por las consecuencias que puede tener la falta de reacción ante este escenario, la titular de Apridis fue contundente: «La posibilidad de resistir no es eterna».
Por esta razón, reclaman que el gobernador Maximiliano Pullaro incluya este tema en sesiones extraordinarias, «para no tener que esperar a mayo para que se trate».