La ruta de las arenas silíceas, cuando se mercantilizan los bienes comunes

Por Alejandro Maidana

En la provincia de Entre Ríos la producción de arena es histórica y está relacionada tanto a la industria minera, como a la fabricación de vidrios y demás. Debido al auge de Vaca Muerta y el fracking, las empresas comenzaron a pensar a la misma en la producción de pozos petroleros. Las arenas en las costas de los ríos, cumplen un rol fundamental en la conservación y depuración de los mismos, por eso es que la han llevado a un precio dólar para convertirla en un commoditie para poder exportarla.

La mercantilización de los bienes comunes como es el caso de la arena, trae aparejada la lesión de los ecosistemas de una provincia apabullada desde lo ambiental, y que ha generado el deterioro de la salud pública, tanto de los que habitan las zonas afectadas, como la de los trabajadores de una industria que comienza a ser cada vez más intensiva.

Entre Ríos es una provincia pionera en torno a la prohibición del fracking, claro está que esto no hubiese sido posible de no mediar el estoico trabajo de distintas organizaciones que impulsaron casi cuarenta ordenanzas en distintos municipios. Una notable estrategia de cercar al fracking de manera local, para luego obligar al gobierno provincial a prohibirlo en todo el territorio.

Por otro lado, la legislación minera con la que cuenta Entre Ríos, solicita permisos, pero no discrimina entre las actividades que se llevarán a cabo. Por ejemplo, se puede extraer otro tipo de arenas (no la utilizada para el fracking) para poder construir, y éstas tienen los mismos requerimientos ambientales que las arenas silíceas para enviar a Vaca Muerta. Esto es de sumo cuidado, ya que, en la extracción de esta arena, se puede producir la silicosis, una enfermedad de riesgo que no se contempla, debido a que no se respetan los parámetros ambientales.

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Cabe destacar que días atrás el abogado Ricardo J. Luciano, manifestó públicamente haber sido víctima de presiones de toda índole y carácter, a raíz de las denuncias, por él efectuadas, respecto del irregular accionar de las areneras que extraen arena silícea para ser usada en Vaca Muerta.

Debido a ello, y de manera casi inmediata, recibió el apoyo de distintas organizaciones ambientales que expresaron su preocupación y solidaridad mediante una misiva al gobernador de la provincia Gustavo Bordet. “Hacemos responsables al gobierno que Ud. encabeza y a los funcionarios de las áreas correspondientes, de cualquier circunstancia que afecte la integridad física del abogado Ricardo Luciano y/o su familia. Los hechos que puedan afectarle serán asumidos por nuestras organizaciones como ocurridos a cada uno de nuestros miembros”, enfatizaba la misma.

Valeria Enderle es abogada especialista en Derecho Ambiental e integrante de la Fundación Cauce (Cultura Ambiental/Cultura Ecologista), en una imprescindible charla con Conclusión, brindó detalles sobre una práctica extractiva que se intensifica. “Para contextualizar el conflicto extractivo de las arenas, debemos marcar una fecha que resulta clave, y eso tiene que ver con el boom de Vaca Muerta. Allí la cantidad de pozos de extracción generó una demanda de arena muy importante, las mismas siempre llegaron de Asia, más precisamente de China, pero como el precio era muy alto, al igual que las que provenían de la provincia de Chubut, la mira se puso en Entre Ríos. Al tener nuestra provincia un alto índice de estos minerales, entre el 2016 y 2017 comienza su extracción”, indicó Enderle.

Por un lado se prohíbe esta actividad, y por el otro, somos el principal proveedor de un insumo que se utiliza en las fracturas hidráulicas de los pozos de Vaca Muerta

La actividad minera siempre tuvo un gran anclaje en Entre Ríos, ya que este material es muy utilizado tanto en la construcción y en la fabricación de vidrios, como en distintas industrias químicas. “Por ello es preciso marcar estas fechas (2016/17) ya que es allí cuando se comienza a extraer arenas tanto de canteras, como de lechos del río. El punto es que esta extracción de arenas silíceas que necesita de un adecuado procesamiento, sumado al costo de un transporte que sigue siendo alto (Entre Ríos/Neuquén), derivó en una investigación que arrojó que nuestra provincia cuenta con una ley que prohíbe el fracking. Somos pioneros a nivel mundial, por ello se genera una contradicción muy importante, ya que por un lado se prohíbe esta actividad, y por el otro, somos el principal proveedor de un insumo que se utiliza en las fracturas hidráulicas de los pozos de Vaca Muerta”.

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Es preciso aclarar que tanto la extracción en canteras o del lecho del río, se viene realizando sin ningún tipo de control por parte del estado. Esto encuentra su correlato con la falta de estudios de impacto ambiental, no existen estudios de impacto acumulativo, ya que no se trata de tener solo 3 o 4 canteras, sino 20 en un determinado lugar. A esto hay que sumarle la falta de acceso a la información que existe ante este tipo de actividades que impactan no solo en los ecosistemas, sino en la salud de la población, y por supuesto en la falta de participación social en la toma de decisiones de aquello que va a suceder en los territorios.

Lamentablemente no existe la información proveniente de la Secretaría de Ambiente sobre a quienes se les está otorgando certificados de actitud ambiental

Las zonas entrerrianas que están vinculadas a esta actividad, comprenden a Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Concepción del Uruguay y Concordia. La principal extracción que se da en el lecho del río, tiene al Paraná como escenario al igual que al Gualeguay. “Luego se encuentran las canteras, que se dan principalmente en Islas del Ibicuy, en este momento y gracias a la información que tiene Fundación Cauce, que no quiere decir que sea exacta, ya que esto va variando de manera constante, sabemos de la existencia de dos plantas de procesamientos de arena. Lamentablemente no existe la información proveniente de la Secretaría de Ambiente sobre a quienes se les está otorgando certificados de actitud ambiental, por ello se dificulta la exactitud. Una de estas plantas se encuentra en Diamante, y se trata de Arenas Argentinas S.A, mientras que la otra es YPF encontrándose la misma en Ibicuy”, enfatizó la abogada.

En lo particular hemos podido comprobar que los puestos de trabajo no están relacionados con quienes habitan el lugar o alrededores

Con respecto a las empresas, existen algunas históricas en torno a la extracción de arena relacionadas a la construcción, y a las industrias químicas y del vidrio. Lo que se desconoce es si éstas tienen actualizado su certificado de aptitud ambiental para seguir operando. “En torno al rol del estado y la participación del mismo, debemos analizarlo a través de sus distintas esferas, lo que tiene ver con los municipios tiene su argumento en la atracción de puestos de trabajo. En lo particular hemos podido comprobar que los puestos de trabajo no están relacionados con quienes habitan el lugar o alrededores, ya que el trabajo en la planta de procesamiento, requiere de conocimientos tanto técnicos como profesionales. Es decir, que la mano de obra local, es utilizada solo para la limpieza o los trabajos menores dentro de la cantera y las plantas de procesamientos”.

Para pasar en claro, desde el estado faltan muchos controles, no solo en las formas en que se extraen la arena silícea, sino también en la forma en que se transporta y almacena

Años atrás vecinas y vecinos de Ibicuy manifestaron que una vez instalada en el lugar la planta de YPF, pudieron cerciorarse que los puestos de trabajo lejos estaban de ser calificados, ya que estas empresas se establecen con su gente y solo emplean a quienes deberán encargarse de la limpieza, la seguridad y el balizamiento de camiones, para citar solo algunos ejemplos. “También mencionando a los municipios, cuentan el beneficio de lo impositivo que también abraza a la provincia. Es menester informar que, de parte de la Dirección de Minería y la secretaria de Ambiente, lo que nosotros detectamos es que está faltando un control más estricto, ya que lo que tiene que ver con el proceso de impacto ambiental lleva su tiempo. Ante la demanda de Vaca Muerta, el productor minero necesita que esos permisos, muchas veces provisorios, se efectúen rápidamente, cuando el estudio de impacto ambiental lleva al menos unas semanas. Las canteras no se encuentran cerca de las sedes donde se tramitan los permisos, al igual de lo dificultoso que resulta el control de la extracción de río. Aquí es donde se utiliza el ardid de la falta de recursos tanto económicos, como humanos, para llevar este tipo de controles. Para pasar en claro, desde el estado faltan muchos controles, no solo en las formas en que se extraen la arena silícea, sino también en la forma en que se transporta y almacena, ya que el tamaño de esta arena es muy pequeño, menos de 10 micrones, lo que genera preocupación, ya que no se puede evitar su desplazamiento en el aire pudiendo producir a largo plazo silicosis (inflamación en los pulmones y ganglios linfáticos del tórax)”.

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Sobre los impactos ambientales, el principal es el referido a la biodiversidad, destacando el que impacta en la salud de la población por el polvo de sílice

Esta arena viaja directamente a Vaca Muerta, si bien existen datos que hablan de que también se estarían exportando. El transporte si bien es multimodal, la cercanía de estas plantas con los puertos, ha generado la posibilidad de que este material sea transportado vía buque mercante hacia otros países como un commoditie más. “Sobre los impactos ambientales, el principal es el referido a la biodiversidad, destacando el que impacta en la salud de la población por el polvo de sílice. También hay plantas de procesamiento que utilizan floculantes, lo que cual no está del todo probado que no exista un condicionamiento a la salud. Sin olvidar que la biodiversidad también se vería afectada si estos polímeros sintéticos tuvieran contacto con algún curso de agua del lugar. Por otro lado, existe una gran erosión que se genera en las canteras, los pasivos ambientales que dejan estas empresas generalmente no son considerados por ellas, quedando en el lugar profundas cavas. Esto produce un profundo impacto ecosistémico, ya que las distintas especies terminan emigrando, sumado a que esos territorios quedan sin ninguna cobertura vegetal, y reforestar el lugar requiere de muchísimo tiempo”.

Sobre el análisis de los impactos ambientales, depende mucho de qué tipo de extracción estemos hablando. “Si es cantera o en lecho de río, en este último por ejemplo el movimiento genera la turbiedad del agua, entre otros. Nosotros tenemos dos procesos judiciales que llevamos adelante, uno en 2018 contra Arenas Argentinas del Paraná, contra el municipio de Diamante y el gobierno de la provincia de Entre Ríos. El año pasado iniciamos otro contra la provincia de Entre Ríos, el municipio de Ibicuy y contra YPF”, concluyó Valeria Enderle.