Los gurises entrerrianos siguen siendo rehenes de la desidia

Por Alejandro Maidana

La notificación recibida el 8 de febrero por parte del Superior Tribunal de Justicia, Germán R. F. Carlomagno, Bernardo I. R. Salduna, Susana Medina, Emilio A. E. Castrillón y Juan Ramón Smaldone, donde rechazan el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de  las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos, caló hondo en aquellos que persiguen una vida saludable para todos, incluso para los responsables de este bochornoso fallo.

Además, esta decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda.

>Te puede interesar: Ya son 760 los chicos afectados por fumigaciones con agrotóxicos en Entre Ríos

La abundante prueba científica aportada por las organizaciones; omite de manera grosera la evidencia presentada por el daño genético que registran los niños y niñas rurales. Sumado a esto, este es un asunto previamente avalado ya en cinco oportunidades por el Supremo Tribunal, con otra composición de jueces.  Esto contradice un principio fundamental del derecho que es “la cosa Juzgada”. Más de 500 millones de litros de agrotóxicos se asperjan en los campos que la agroindustria ha trasformado en verdaderos campos de concentración en donde la agonía, es la única moneda de intercambio.

Daniela Verzeñassi integra la Coordinadora Por Una Vida Sin agrotóxicos Basta es Basta, lejos de amilanarse como el resto de sus compañeras y compañeros, decidió romper con el silencio que solo sirve de abono para los desprejuiciados. “El sábado 8 de febrero recibimos la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia había negado la posibilidad de que podamos presentarnos en la Corte Suprema de Justicia a partir de un recurso extraordinario que habíamos interpuesto. En ese mismo fallo hubo irregularidades de algunos jueces como por ejemplo, haber otorgado costas para el fiscal de Estado Rodríguez Signes, siendo que la ley de amparo ambiental tiene expresamente habilitados los mismos libres de costas”, expresó.

>Te puede interesar: Escuelas Rurales: cuando lo que se busca fumigar es la conciencia

Desde Basta es Basta se preguntan qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo, una acción jurídica modelo que fue replicada en otros puntos del país. Según el fiscal, este decreto que entró en vigencia el 1 de enero, es “ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas”. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios.

Sobre el fallo del Superior Tribunal de Justicia, Verzeñassi indicó: “Estas personas ocupan el lugar más importante de la justicia, sin embargo cometen errores o complicidades manifiestas. Sinceramente no podemos saber si desconocen las leyes y la Constitución provincial, o si es que de esta forma demuestran la complicidad para con el poder ejecutivo de la provincia y para con el modelo agroindustrial, al cual estamos interpelando”.

La población infantil, la más vulnerada y desamparada, necesita una solución al aquelarre de sus días por parte de aquellos que han condicionado su futuro inmediato. “El amparo es para proteger a las escuelas rurales de las fumigaciones aéreas y terrestres. Desde la coordinadora Basta es Basta, emitimos un comunicado después de conocido el fallo, y hubo una respuesta pública muy llamativa justificando lo actuado, es por ello que entendemos que existen dos alternativas, o no han leído el decreto, o decididamente no lo interpretan”.

Las falacias son muy concretas, por ejemplo desde el 1 de enero deberían estar en funcionamiento distintos articulados de este decreto, y hasta el día de hoy nada de eso está sucediendo. “Luego de este fallo, llegamos con un recurso de queja a la Corte Suprema con la intención de que revean la situación por la cual estamos atravesando todos debido a lo nocivo de este modelo agroindustrial”, enfatizó.

>Te puede interesar: Agrotóxicos: preocupación por la contaminación en escuelas rurales

De obtener finalmente un fallo favorable, el mismo tendría que volver a la provincia para que el Superior Tribunal lo eleve definitivamente a la Corte Suprema. “Claro está que ésta es una actitud dilatoria que no hace otra cosa que profundizar la emergencia sanitaria en nuestra provincia. Debemos tener en cuenta que después de nuestra nueva presentación, la Corte puede tomarse meses para contestar, y luego sumarle otros para generar el regreso a la provincia, lamentablemente la salud no puede esperar”.

El retorno del ciclo lectivo se encuentra a la vuelta de la esquina, y con ello una preocupación latente debido a las aspersiones que acorralan las instituciones educativas rurales. “La preocupación es concreta, estamos a días del comienzo de las clases y no se vislumbra del gobierno provincial ningún tipo de políticas sinceras en torno a la protección de la población,  más precisamente a la de las niñas y niños que concurren a las escuelas rurales. El decreto presentado por el mismo es totalmente fraudulento, pero más allá de eso, no hay interés alguno en avanzar en una necesaria transición hacia otro tipo de modelo, como es el agroecológico”.

>Te puede interesar: Docentes rurales: cuando los pizarrones gritan su rebeldía

La conciencia social y ambiental, no cesa, y lejos de de sentirse amedrentada por un fallo escandaloso, sigue su estoica e inquebrantable marcha. “Estamos en alerta y movilización permanente, hemos recibido la información que existe la intención de impulsar y votar de manera exprés una ley que sustituya a la <ley de fitosanitarios>. Esto se está dando a las apuradas y no hace otra cosa que corroborar lo que veníamos imaginando, la misma avanza en consonancia al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Si bien nunca tuvimos cifradas esperanzas en el ejecutivo, hay posicionamientos que dejan bien en claro que intereses se defienden. Tristemente los avances que habíamos obtenidos, hoy están en franco retroceso. Cabe destacar que no todas son pálidas, ya que hemos consolidado la resistencia, la ronda de los martes que impulsa la coordinadora, sigue teniendo una masiva presencia, algo que demuestra claramente que es imposible tanto para el poder político, como para el económico, camuflar la realidad que nos atraviesa”.

Por último, Daniela Verzeñassi dejó una importante reflexión: “Estamos decididos a  seguir avanzando, nada nos acobarda, si es necesario llegaremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que entendemos que en esto se juega la vida de todos”.