Mapuches: entre la construcción del enemigo interno, el reclamo por el territorio y el terrorismo mediático

Por Lautaro Zeballos

La situación en la Patagonia es compleja. Los conflictos no pueden escindirse de la historia ni abordarse desde el reduccionismo y las generalidades. El foco, puesto en las últimas semanas en algunos incendios y pedidos de intervención armada por parte de la política del sur del país, arroja una imagen distorsionada si elige un enemigo y lo construye a partir de un discurso sostenido a través del poderío mediático y económico de actores interesados. Las distintas comunidades mapuches repudiaron los ataques incendiarios y pidieron una profunda investigación para determinar responsabilidades. Sin embargo, desde los medios hegemónicos -en clara coincidencia con las autoridades gubernamentales de Río Negro- decidieron calificarlos de terroristas. El Estado nacional, por su parte, tuvo respuestas que oscilan entre la intención de no desentenderse del reclamo de mayor presencia en el territorio y la idea de no repetir un despliegue represivo que lo asocie a la manera de accionar que tuvo el macrismo.

Tras algunos incendios, como el de las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y otros dos ocurridos a comienzos de octubre en la misma zona, el Gobierno de Río Negro anunció la presentación de una denuncia en la Justicia Federal por hechos calificados de «terrorismo» y solicitó -a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández- la intervención del Estado nacional para reforzar la seguridad en la región.

Los apuntados como autores de esos hechos por la gobernadora rionegrina Arabela Carreras fueron los mapuches. Así nombrados en general, pero puntualmente identificados como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), un grupo que las propias comunidades y los comunicadores del lugar consultados por Conclusión identifican como «un invento».

«Como periodista local y ciudadano local es muy importante contarle a la población de Rosario que no existe la RAM. Es un invento. No es un movimiento que exista. Es todo publicidad de parte de los medios nacionales, junto a los discursos de los políticos de derecha que intentan generar así el enemigo interno», dijo Reynaldo Rodríguez, dueño de Radio Activa, FM 97.1 de El Bolsón, en conversación con este medio.

Respuesta del presidente Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro

En uno de los incendios encontraron una fotocopia a color con un supuesto mensaje de la RAM en el que el grupo se atribuía el ataque. Con ese panfleto como única evidencia, las autoridades salieron a adjudicarle el hecho a las comunidades originarias y a solicitar una mayor presencia de fuerzas federales en el territorio. La versión que ubicó a los mapuches como culpables fue rápidamente difundida por las empresas de medios de alcance nacional, quienes mayormente ignoraron el repudio y pedido de investigación de parte de las organizaciones indígenas que habitan la zona. «Nos acusan de los incendios cuando no está probado ni determinado quiénes son los responsables. Es una violencia que condenamos. Exigimos que el Estado dilucide cuáles fueron los hechos y encuentre a los responsables», expresó Orlando Carriqueo, werkén y vocero del pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, en comunicación con Conclusión.

«Ante el incendio del club Andino Piltriquitrón, la gobernadora (Arabela Carreras) salió a plantear que eran los mapuches y que era un acto terrorista sin tener ningún elemento probatorio. Ni cámaras ni nada. Más allá de un volante fotocopiado a color que acusaba a Carreras y al intendente local diciendo que iban a seguir defendiendo el agua. Tienen que investigar a todas las partes. No se sabe quién prendió fuego, pero no puedo creer que un grupo mapuche vaya a hacer fotocopias a color. Eso no existe. No lo van a hacer jamás», añadió Rodríguez sobre este punto.

UN CONFLICTO HISTÓRICO

El conflicto tiene un claro antecedente histórico que es la campaña militar de finales de 1870 identificada como Conquista del Desierto, pero también cuenta con un hilo conductor que continuó la extracción de tierras -y frecuentemente su posterior extranjerización- durante los años siguientes. El proceso de loteo territorial para su posterior entrega a grupos de gran poderío económico, marcan las comunidades originarias, sigue hasta la actualidad.

«Lo que hoy vemos es emergente de un conflicto histórico que inició hace 140 años con la construcción del Estado y su avance sobre la Patagonia. La gente por ahí no dimensiona que, para cuando se incorporó ese territorio, se produjo un genocidio. La provincia de Río Negro se conformó hace 70 años y tiene hoy más de 100 conflictos territoriales. Son comunidades que tienen orden de desalojo frenada por el relevamiento de la Ley 26.160. Igualmente esta Ley suele no aplicarse en esa provincia», contó Carriqueo.

Los conflictos territoriales están atravesados por intereses inmobiliarios, mineros y forestales. En ellos aparecen habitualmente nombres como los de Joe Lewis, Benetton, o el Grupo Burco, de capitales belgas. Esta extranjerización es denunciada por los pobladores indígenas, que ven como se les niega la tenencia comunitaria de la tierra mientras afuera acumulan cada vez más hectáreas. Para no discutir el modelo de apropiación expansiva de estos capitales extranjeros -señalan desde el pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro-, conviene construir un enemigo interno que deslegitime los reclamos en contra y a la vez sirva -cuando haga falta- para construir un relato que asigne roles de víctima y victimario.

«Hay muchos intereses que ponen en primera plana la discusión y la idea del enemigo interno. Nos acusan de los incendios cuando no está probado ni determinado quiénes son los responsables. Eso les sirve para deslegitimar los reclamos territoriales que hay en la provincia y fundamentalmente también lo utilizan para poner en cuestión la ley 26.160, de Emergencia Territorial, que tiene como objetivo determinar cuáles son los territorios que ocupan hoy las comunidades en la construcción actual, tradicional y pública. Lo que se intenta es poder preservar los pocos territorios que le han quedado a las comunidades cuando todavía queda otro paso por cumplir, que será parte de otra discusión, que tiene que ver fundamentalmente con el mandato constitucional de tierras aptas insuficientes. Hablamos de un problema político, histórico y social. Atraviesa el problema de la Patagonia pero también toda la Argentina», enfatizó el werkén.

La Ley 26.160 nació en 2006 y declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. La normativa fija la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en un relevamiento que la propia ley indicó concretar a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde su sanción, la norma ha sido prorrogada en tres oportunidades. El vencimiento de la última extensión está fijado para el 23 de noviembre de este 2021, pero una nueva prórroga podría extender la vigencia durante cuatro años más. El Senado la aprobó este jueves con 43 votos afirmativos, apenas 2 negativos y 7 abstenciones. Ahora el proyecto buscará la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.

El vocero del pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, plantea que la discusión tiene una profundidad que no llega a divisarse a simple vista. De fondo, están en pugna -como mínimo- dos modelos de habitar la tierra. La utilización del territorio para provecho comunitario dista de la acumulación capitalista. Este modelo obviamente no impera en un punto geográfico determinado. Hay conflictos territoriales tanto en el sur como en el norte. Aun así, la mirada está puesta en la Patagonia. El werke asoció esta animosidad con las características históricas del pueblo mapuche-tehuelche. «Siempre ha sido el que le ha puesto límites al Estado. Los pueblos originarios de la Patagonia se desarrollaban sin propiedad privada. Eso marca fortaleza, aun a pesar de haber sido sometido a un genocidio», sostuvo Carriqueo.

«Eso -continuó- tiene que ver también con la composición social de la Patagonia. La mayoría de la sociedad es mapuche-tehuelche, por más que a veces no se reconozca o no esté conformada en comunidad. No por nada existió un hecho tremendo en 1920, que fue la Patagonia Rebelde. Después también existieron otros hitos sociales que marcan una idiosincrasia de la sociedad patagónica: el Choconazo; el Rocazo; manifestaciones que se dieron en plena dictadura, contestatarias. Se puede decir también que el piquete nació en Cutral Co como un hecho revelador frente a un Estado neoliberal que arrasaba las ciudades y los pueblos. Carlos Fuentealba; Rafael Nahuel, son íconos también».

TIERRAS EN DISPUTA

Al ser consultado por si el reclamo queda en la preservación de las tierras que hoy tienen o si apunta también a la recuperación de los territorios sustraídos a lo largo del tiempo, Carriqueo confirmó que esto último no está fuera de la discusión ni se encuentra olvidado entre las demandas de las comunidades originarias. «Después de la Campaña del Desierto y el paso de la Policía Fronteriza, hubo situaciones de despojos que datan de 50, 30 o 20 años. Quienes sufrieron esos hechos reclaman la devolución de sus territorios», planteó.

«Bien puntualmente, lo último fue una recuperación de territorio en Lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero. Verdaderamente, la respuesta por parte de los poderes provinciales materializados en el sistema de Justicia y la policía, fue directamente ir a reprimir. Hoy en día Cuesta del Ternero está militarizada», advirtió, por su parte, el titular de Radio Activa.

El comunicador de El Bolsón destacó que, a la presencia de los efectivos provinciales, ahora se sumó el patrullaje de miembros de la Gendarmería, un hecho que forma parte de la respuesta que el Gobierno nacional dispuso tras el llamado a la intervención de Arabela Carreras. El escenario para los locales, describió Rodríguez, roza el absurdo al tener en cuenta la tranquilidad habitual de El Bolsón.

Los conflictos del sur del país incluso escalaron internacionalmente. Tal como publicó la periodista Adriana Meyer en Página12, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, recibió -con fecha del 25 de octubre- un pedido desde Washington firmado por la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marisol Blanchard, para que Argentina informe sobre la situación de la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero. El plazo para una respuesta formal del Estado argentino es de siete días desde la recepción de la comunicación.

El gobierno argentino actúa a veces de manera pendular. Las represiones que terminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017 elevaron al debate público nacional los hechos acontecidos en el sur. Con las cámaras enfocando a ese sector, volvió la construcción del enemigo púbico. La división social en torno al supuesto accionar mapuche, estrategia ejecutada por las grandes empresas de comunicación, hizo que quienes tienen que actuar frente a estos conflictos estén condicionados constantemente por el fantasma del ‘qué dirán’ ante cada decisión. En un año electoral, este punto determina muchas veces el tono de las intervenciones. Es el caso, sobre todo, de las autoridades provinciales rionegrinas, pero también de aquellos que se colocaron como la oposición mayoritaria en las últimas elecciones primarias. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y el excandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, insisten en la culpabilidad de la RAM y acusan de terroristas a las poblaciones mapuches.

Con el cambio de administración en diciembre de 2019, las expectativas eran de una modificación mayor del tenor de acción frente a estos conflictos. Reynaldo Rodríguez se reconoce como «parte del proyecto nacional y popular», pero entiende que «las últimas acciones de Aníbal» Fernández, ejecutadas desde el Ministerio de Seguridad nacional, «están siendo funcionales a los intereses provinciales, que apuntan a dividir la Patagonia en pedazos».

«No estamos actuando en concordancia con el espíritu de Néstor Kirchner, que llevaba la bandera de los derechos humanos adelante. Nos estamos olvidando gravemente de eso», lamentó el comunicador de Radio Activa.