Militante contra fumigaciones agrícolas fue despedido de una escuela rural

“No hay motivo formalmente explicitado, sí sabemos que mi militancia por los derechos de salud de las personas y el ambiente y también el abordaje que hago en mi trabajo docente respecto a los campesinos, el bienestar animal y de la gente y una mirada agroecológica, es tenido como una amenaza por parte de los productores sojeros. Toman represalia porque es una escuela rural de gestión privada que funciona en un ambiente donde manda el monocultivo sojero”.

Con esa síntesis Daniel Mangold, de la Escuela de la Familia Agraria de Totoras, retrató su despido sin causa. El veterinario y docente de 41 años adjudicó su expulsión a las tensiones existentes en esa comunidad con “el lobby sojero”, y que se repite en muchas otras de la Pampa Húmeda, con respecto al manejo de agrotóxicos y los límites permitidos para fumigar en zonas cercanas a escuelas rurales y urbanizaciones.

Sin embargo, las fricciones entre intereses económicos y los vecinos que sienten amenazada su calidad de vida, salud y ambiente no justifica el despido de un docente. Todo indica que las autoridades escolares pasaron la raya y que el caso repercutirá a nivel social, gremial, administrativo y judicial.

El despido del docente motivó la intervención del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) seccional Rosario, quien ya tomó el caso en sus manos. Gustavo Moduzzi, secretario gremial, recordó que la ley provincial de diciembre de 2016 impide los despidos arbitrarios en la educación privada, excepto que previamente se hubiese instruido sumario. También dijo que las autoridades de la escuela cancelaron una instancia de diálogo con el gremio y adujeron que el despido era tema cerrado. Se radicó la denuncia en los ministerios de Trabajo y Educación, que de inmediato suspendió de forma provisoria el giro del subsidio salarial por el cargo que ocupaba Mangold.

La Escuela de la Familia Agrícola Colonias Unidas (Técnica Profesional 8247) es pública de gestión privada. La propietaria formal es una asociación civil, pero los salarios y buena parte de la inversión en infraestructura las soporta el presupuesto de Educación provincial, así como proyectos puntuales con fondos nacionales. La asociación designa un representante legal, en este caso Víctor Frattali, autor de la firma al pie de la carta documento de la cesantía.

Mangold es profesor de la cátedra Producción animal e integra el Colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras. Afirma que su despido es corolario de fricciones permanentes. “Todo el tiempo se convive con esa situación. El clima dentro de la escuela es así. Los docentes son presionados para no hacer denuncias sobre fumigaciones, y a los que se solidarizan conmigo o la causa son persuadidos de que no lo hagan”.

Según su versión, esto se debe a que en Totoras “se configuró una estructura de poder compuesta por productores que se ven afectados por la prohibición de fumigar; el Inta que tomó posición a favor de ellos; 4 de los 6 concejales, la Municipalidad y la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) que se puso también al frente del lobby sojero”.

Mangold sostiene como antecedentes previos a su despido el “intento de judicializarme de la cooperativa AFA por expresarme en un medio local” y un “sospechoso seguimiento hace unas noches por parte de una camioneta dentro de Totoras”.

El tema del manejo de agrotóxicos y fumigaciones es motivo de debate en las provincias de mayor producción agrícola, con el glifosato como protagonista central. En Santa Fe hace años que está trabada en la Legislatura la ley para regularlas.

Ese vacío legal llevó a que cada municipio buscara sus propias regulaciones para frenar los habituales conflictos, lo que derivó en que en cada pueblo haya normativas distintas, según el poder de lobby de los productores o la capacidad de organización que muestren vecinos y ambientalistas. A la par, también existen fallos judiciales que establecieron pautas, como el de 2009 en el departamento San Martín o en 2016 en Cañada de Gómez.

Justamente este jueves, el Concejo Municipal de Totoras sancionó una nueva ordenanza regulatoria que intenta dar por cumplida la orden judicial de 2016, ratificada en segunda instancia, que mandaba reformular por inconstitucional e inconvencional la ordenanza de diciembre de 2014 que había reducido de 500 a 100 metros la línea agronómica a partir de la cual se podía fumigar.

Tras el fallo y frente a los reclamos de los Autoconvocados por la Vida, se llegó a una nueva ordenanza que en opinión de Mangold es “un mamarracho jurídico y una regresión de derechos inconstitucional”.

Según la interpretación de los ambientalistas, “la Justicia estableció 500 metros de distancia mínima para las fumigaciones donde hay escuelas rurales y zonas periurbanas, pero la ordenanza que acaban de votar tiene fallas técnicas y por una mala interpretación llevan casi al límite cero la posibilidad de fumigar. Ni siquiera a cien metros como estaba antes”.