Organismos internacionales advierten a Argentina que debe garantizar la protesta social
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan su preocupación ante las denuncias de represión estatal durante las protestas de jubilados del 11 de septiembre. Reiteran su llamado al Estado a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la seguridad de las personas que participan en las manifestaciones.
En el marco de la represión estatal durante las protestas de jubilados del 11 de septiembre ocurrida en las puertas del Congreso de la nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación ante la presentación de denuncias por parte de diversas organizaciones. En esa jornada, la Policía Federal, Gendarmería y la Prefectura Naval reprimieron a los manifestantes, entre los que había niños y jubilados, con gas pimienta y balas de goma.
Los organismos internacionales le recuerda al Gobierno, que la protesta pacífica es un pilar fundamental en las sociedades democráticas, y que el Estado tiene la obligación de respetar. El uso de la fuerza pública debe ser una medida de último recurso, excepcional, y su aplicación debe estar sujeta a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con los estándares interamericanos y los protocolos vigentes. En estos contextos, el uso de armas de fuego debe estar excluido de los operativos de control de protestas sociales.
Hoy es el Día del Jubilado.
— Joel (@Joenuxez) September 20, 2024
Hace una semana a los jubilados de este país los estaban reprimiendo, con un gas pimienta que es más caro que su jubilación.
Un gobierno que cambia jubilaciones por gas pimienta no los merece.
Gracias por sacar este país adelante ♥️ pic.twitter.com/TP53oe8W0S
Las jornadas de protestas se llevaron a cabo en el contexto de la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria. Según información pública y denuncias de la sociedad civil, en respuesta a las protestas, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos que afectaron tanto a manifestantes como a personas ajenas a las protestas, incluidas niños y personas mayores. También se reportó el uso de balas de goma para dispersar las movilizaciones, lo que resultó en personas heridas, un hecho documentado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura del país.
Por su parte, el Estado argentino aportó información de contexto sobre las protestas y, además, indicó que: «el diseño operativo de seguridad contempló medidas preventivas, entre ellas, controles en los accesos, controles en estaciones de trenes, prohibición de estacionamientos de autos particulares en la zona aledaña al Congreso de la Nación, brigadas de verificación para quitar escombros y materiales contundentes sueltos; y se quitaron además las bicicletas de alquiler y los contenedores de basura, para evitar hechos de vandalismo. El operativo a cargo de las Fuerzas Federales de Seguridad se desarrolló con total normalidad y sin incidentes hasta el momento de conocerse los resultados de la votación de los señores diputados; cuando un grupo significativo de personas violentó el vallado del acceso al Congreso.
Además, indicaron que los recursos logísticos de las fuerzas de seguridad corresponden a los habituales para el abordaje de situaciones de alteración del orden en el espacio público: camión hidrante, autobomba, motos y equipamiento no letal disuasivo. Las fuerzas de seguridad utilizaron en las acciones de dispersión y disuasión de manifestantes violentos los gases asignados, homologados y correspondientes a los estándares internacionales para tal fin».
#Argentina ????????????????????
— Festivales Solidarios (@festivalesgt) September 17, 2024
El gobierno de Javier Milei, desde hace días está reprimiendo a jubilados que salen a protestar en contra de los recortes a las pensiones. Hombres y mujeres desde los 60 hasta los 90 años están siendo reprimidos violentamente por el gobierno de este energúmeno. pic.twitter.com/SEijGE7gPO
En consecuencia, los organismos internacionales señalaron, que el Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, y asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad, tanto civiles como policiales, se realice en estricta observancia de los derechos humanos, garantizando tanto la seguridad de los manifestantes como el orden público. Ante denuncias de posibles violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como de excesos cometidos por las fuerzas de seguridad, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y sancionar a los responsables.