Polémica por el Pase Sanitario a trabajadores: ¿las empresas podrán exigirlo?

La principal polémica inició en la provincia de Buenos Aires. Allí el gobernador Axel Kicillof resolvió implementar la exigencia del Pase Covid a todos los empleados que cumplan tareas de atención al público, ya sea en entidades públicas o privadas. Fue basado en esta normativa que la cadena de supermercados COTO fijó la obligatoriedad de vacunación para sus trabajadores. Así se conoció a través de un audio de Eduardo Búfalo, gerente de la firma, que fue difundido en las últimas horas. Incluso fue publicado en Twitter por la diputada nacional por CABA del bloque La Libertad Avanza Victoria Villarruel, con claras críticas al pedido.

Acá va el audio del gerente de COTO. Explicando q “todo aquel q no se haya vacunado no puede ingresar a las sucursales de Coto CicSA”. pic.twitter.com/Zu3AkBUisn

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 20, 2021

El texto de la Resolución bonaerense dice explícitamente que la exigencia del pase sanitario rige para «trabajadores que realicen atención al público, ya sea en entidades públicas o privadas». Es algo que no figura en la publicación nacional ni en el decreto Nº 2915 en el que Santa Fe adhiere a dicha decisión. Es decir, toda duda respecto a la posibilidad de que se repita en territorio santafesino un escenario como el planteado por la gerencia de Coto en Buenos Aires tiene sustento en las diferencias que hay entre una redacción y otra.

Ante este cuadro, Conclusión le trasladó los interrogantes al ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, quien señaló que la exigencia de esquemas completos en trabajadores que realicen tareas de atención al público es «una medida razonable», por lo cual, las empresas que quieran instrumentar eso, «lo van a poder hacer». Aun así, aclaró que no es un requerimiento originado en el Pase Sanitario, ya que la normativa solo se refiere a público y clientes.

«Esto ya entra en el marco de la relación laboral. A mi modo de ver, pedir la doble vacunación es una previsión razonable en aquellas personas que hace atención al público dentro de la empresa. Es por una cuestión de seguridad», reiteró el titular de la cartera laboral.

Frente a esto, este medio le consultó al ministro de Trabajo si las empresas van a poder despedir personal por no estar vacunado. Pusineri rechazó esa idea y explicó que las firmas «no pueden aplicar sanción a quien no se vacunó» porque «la vacuna no es obligatoria», pero sí podría aplicar otras medidas, como «mandarlo a realizar trabajo a distancia o reubicarlo en otro sector en el que no tenga contacto con el público».

En ese marco, recordó que en Santa Fe se está implementando la exigencia de esquema completo de vacunación en aquellos trabajadores de organismos estatales que tengan contacto con el público. En el caso de las entidades privadas, no es como en Buenos Aires. «En el campo privado no hay una previsión. Eso queda de alguna manera regulado por lo que son las normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Como cuáles son las medidas que puede tomar un empleador», expuso.

Y especificó: «El empleador tiene el poder de organización y dirección de la empresa. Dentro del marco de ese poder hay una previsión razonable, que es que los trabajadores que realizan atención al público en forma permanente estén vacunados. Exigir eso entra dentro de las posibilidades que tiene el empleador. Después, cuál es la resolución si no se vacuna; si va a teletrabajo o a otro lugar; si pretende despedirlo, todo eso entra ya en la casuística de cada situación».

El abogado y legislador provincial del bloque Vida y Familia, Nicolás Mayoraz, no solo está en contra de esta exigencia del pase en el terreno laboral, desde su punto de vista, toda la implementación de la medida tiene un accionar lesivo de los derechos constitucionales de aquellas personas que no se quieren vacunar. «Esta normativa abarca muchos aspectos. El primero tiene que ver con la libertad y la autonomía de la voluntad de la persona. Es un derecho que está reconocido implícitamente en la Constitución, pero está expresamente plasmado en la Ley nacional del Paciente donde hay un artículo expreso que dice que tiene derecho a rechazar un tratamiento o elegir un qué tratamiento hacer», apuntó.

El abogado especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA) -también ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario- se refiere a uno de los puntos del artículo 2 de la ley nacional 26.529. Allí se indica que «el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad».

Mayoraz tiene aplicadas las dos dosis. Tuvo covid el año pasado, previo a la aplicación de la vacuna. Es por eso que pide escapar a la simplificación que etiqueta como ‘antivacunas’ a algunos sectores o referentes que hacen estos planteos. Incluso, resalta que desde el bloque Vida y Familia han presentado en la Cámara de Diputados proyectos tendientes a fijar prioridad de vacunación para actividades esenciales, como los gastronómicos, que atendían al público y en ese momento no estaban vacunados.

«Defendemos la libertad y el derecho a vacunarse, y dentro de ese derecho hicimos planteos solicitando esquemas de vacunación prioritarios para aquellos sectores que consideraban esenciales. No militamos lo antivacunas; militamos la libertad, que nos parece clave. Todo esto tiene que ver con un esquema en el que se utiliza el miedo como factor de manipulación o control social. Nos preocupa que se esté utilizando en la Argentina», señaló ante este medio.

¿JUDICIALIZACIÓN?

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) señalaron al portal Iprofesional que «la normativa en la provincia de Buenos Aires no es clara» y «hay que continuar reglamentando la zona gris, porque sino las cargas van casi todas contra el empleador».

El propio presidente de la CAC, Mario Grinman, se refirió a la aplicación del pase sanitario en varias provincias y opinó que «el empleador no debería pagarle el sueldo a un trabajador que no quiere vacunarse contra el Covid».

En declaraciones a Radio Rivadavia, Grinman advirtió que la mala implementación de la medida podría generar un escenario de alta judicialización. De esta manera, las cámaras empresariales dejaron en claro que esta situación «va a generar conflictos entre el empleador y los empleados».

Desde la CAC sostuvieron que este escenario podría aumentar la conflictividad en las relaciones laborales. “El trabajador se puede sentir injuriado laboralmente y la industria del juicio laboral funciona a la perfección y siempre pierde el empleador”, expresó Grinman en relación a los trabajadores que no quieren vacunarse, siempre asentando la postura empresaria.

Al ser consultado por un posible aumento de la judicialización ante este escenario, Mayoraz auguró que «puede darse», e incluso «ya se está dando una judicialización en abstracto» de aquella gente que se siente agraviada porque no puede entrar a un shopping «o directamente no va a poder disfrutar de sus vacaciones».

«Esta judicialización, a medida que se sigan profundizando los atropellos y a medida que un empresario, por el solo hecho de ser empresario, empiece a aplicar estas normas discriminatorias, lógicamente va a tener como consecuencia un juicio y seguramente se pagaran las consecuencias de esa instancia», aseveró.

Desde su punto, para evitar esa profundización es necesario modificar la normativa y evitar la obligatoriedad del pase para realizar determinadas acciones.

Hace meses pedimos a la @CamaraDipSF que defienda los derechos constitucionales de todos los santafesinos a circular libremente
Ante el avasallamiento del Estado Nacional pedimos a @omarperotti que haga valer la autonomía provincial y defienda a sus ciudadanos #NoAlPaseSanitario pic.twitter.com/CM1vtxfkKV

— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) December 6, 2021

Mayoraz cree que el pase sanitario es una instancia más de un dispositivo amplio, iniciado en primera instancia con las medidas de aislamiento social y la etapa de mayores restricciones. «En ese momento, nos acostumbramos a que un jefe de Gabinete de la Nación podía decidir si en Rosario abría una peluquería o un gimnasio. Un total disparate en un sistema federal donde las provincias dictan sus propias normas. Tienen la facultad constitucional para hacerlo. Ahora llegamos a esto. La libertad no es una prerrogativa del Estado para conceder graciosamente según la forma en la que se levanta», criticó el abogado.

NECESIDAD DE REGLAS CLARAS

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo, tiene una mirada que aborda los diferentes puntos en debate y pone especial énfasis en la necesidad de contar con una normativa clara, que tenga una jerarquía útil para reglar un escenario que actualmente tiene gran cuota de incertidumbre.

Según manifestó en dialogo con Conclusión, las dos cuestiones fundamentales para entender esta situación son: la falta de obligatoriedad de la vacunación en Argentina; y el texto de la decisión administrativa nacional de implementación del pase sanitario y del decreto provincial firmado por Omar Perotti, donde no se nombra a los lugares de trabajo como sitios en donde se exigirá dicho pase.

«Esto es algo muy importante, porque incluso en la provincia de Buenos Aires se dispuso en una resolución conjunta firmada por Kicillof, que en esta obligación también estaban comprendidos los trabajadores que atendieran al público. Por ese motivo, es que Coto resuelve ‘a partir de mañana, todo aquel que no tenga pase sanitario o no se haya vacunado, no va a poder ingresar’. Eso generó un conflicto gremial. Ahora, acá (en Santa Fe) no hay ninguna resolución ni decreto provincial que establezca esa obligación para algún sector de trabajadores», puntualizó Elizondo.

El abogado especialista en derecho laboral y seguridad social recalca el hecho de que la indicación nacional partió en forma de decisión administrativa y no con carácter de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En ella está basada la norma que luego salió publicada en Santa Fe con algunas ampliaciones, pero sin nombrar -como sí pasó en Buenos Aires- a los trabajadores de entidades públicas y privadas que atiendan al público. Frente a este marco normativo, Elizondo es contundente: «No hay una sola referencia a los trabajadores, por lo tanto no puede haber una obligación impuesta. Esto se resuelve a través de la negociación colectiva».

«Hasta tanto no haya un DNU, que es algo que tiene que haber porque estas normas (como la decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y otros ministros) no tienen la jerarquía necesaria como para establecer este tipo de obligaciones. Se requiere un Decreto de Necesidad y Urgencia a los fines de ordenar un poco todo esto en el país. Sino la provincia de Buenos Aires tiene una norma; Santa Fe tiene otra distinta; y en otros lugares imponen la obligatoriedad para todo el mundo. Esta es una situación bastante caótica», enfatizó.

Como antes lo hizo Mayoraz -pero en posición contraria-, Elizondo aclara que es partidario del pase sanitario el mayor de los controles, pero igualmente explica que, desde el punto de vista de la normativa, «no hay ninguna posibilidad de que un empleador le pueda exigir a un trabajador que se vacune a los fines de ingresar a trabajar».

«Desapruebo ese tipo de conductas porque es totalmente antisocial y no le importan los compañeros ni nada, pero supongamos que va una persona y dice: ‘mire, me presento, soy libre y me pongo a disposición de usted; pongo mi fuerza de trabajo a su disposición. Me va a tener que pagar igual el salario, porque pongo a su disposición mi fuerza de trabajo’. Es un tema complicado. Esto se resuelve a través de acuerdos entre organizaciones sindicales y patronales. Hoy no hay otra alternativa», propuso.

Por otra parte, si una empresa dice estar amparada para fijar criterios mínimos de control y cuidado la salud del resto del personal, y consecuentemente deja afuera a un trabajador no vacunado con el argumento de cuidar al resto del personal, puede transformarse en un conflicto judicial. Así lo afirma Elizondo, quien asevera que se debe a la falta de una norma clara y con la jerarquía suficiente, algo que genera que pueda haber posiciones a favor y en contra. «Si la vacunación fuese obligatoria para todos, tal como pasa en Italia, en donde no podés ir a trabajar sin el pase, sería otra cosa. Judicialmente ahí no hay ninguna posibilidad de resistirlo», expuso.

En ese punto, coincidió en que si no se avanza en ordenar el escenario va a haber un incremento de la judicialización, a partir de reclamos de carácter laboral, originados en que al trabajador no se le permite realizar sus labores. «No se está cumpliendo con el deber de ocupación. Entonces, si no se cumple con ese deber, la persona reclama vía telegrama y se da por despedido. Después un juez laboral resolverá, vaya a saber uno cuando, la situación. Es un juicio. Nadie puede impedirle a esa persona que lo haga. Uno puede decir que a ese alguien no le interesan los compañeros y va a ser verdad, pero eso no tiene un correlato legal que tenga suficiente fuerza como para poder impedir ese tipo de actitudes», detalló el abogado especialista en derecho laboral.

Y concluyó: «Creo que hay que tener una norma nacional. Que sea ley del Congreso o Decreto de Necesidad y Urgencia, que ordene un poquito esta situación. De lo contrario nos vamos a encontrar con conflictos muy serios. Hasta tanto eso no exista, la herramienta es la negociación colectiva entre sindicatos y cámaras empresarias. No hay otra alternativa. Pero no se puede exigir ni imponer».