Repartidores y precarización: la mirada legal y política de la situación 

El coronavirus expuso las precarias condiciones laborales de los trabajadores de plataformas de deliverys, quienes a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en los primeros meses de la pandemia, continuaron con sus actividades, lo que volvió a poner en el eje del debate la regularización de la actividad.

Por este motivo, el programa “Aquí, allá y en todas partes”, emitido por Radio Síntesis de Conclusión y conducido por Hugo López, dialogó con el abogado laborista Sebastián Serrano Alou y con el concejal justicialista Eduardo Toniolli, quienes analizaron la situación de estos trabajadores.

Serrano Alou consideró que las empresas de delivery como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, en su intento por instalarse en la sociedad, generan discursos en donde sostienen que el derecho al trabajo es viejo y está obsoleto, siendo incompatibles con las nuevas realidades laborales. Sin embargo, el abogado advirtió que estas definiciones “son falsas” y que no tienen otro fin que intentar justificar la explotación que se ejerce sobre los repartidores.

“Estas empresas desembarcan con todo un marketing, con todo un discurso y con mucho dinero para instalarse y necesitan que los medios de comunicación, el sistema empresario y la gente del derecho repliquen su discurso presentándolo como necesario”, expresó el letrado.

Y agregó: “No es nada nuevo la forma en que los explotan. Nosotros queremos un avance, un progreso que guíe hacia la protección de los empleados. La Constitución Nacional dice que las leyes deben proteger al trabajo y asegurar ciertas condiciones a la persona que trabaja”.

No obstante, Serrano Alou indicó que hay un avance en el reconocimiento de derechos para el sector, pero advirtió que se buscará “regular la actividad recortando derechos”. A su vez, expresó que es necesario discutir las jornadas laborales de los repartidores, brindarles las protecciones y garantías que su actividad merece y regular los salarios.

Por su parte, el edil Eduardo Toniolli manifestó que estas empresas prestan un servicio de cadetería, mensajería y reparto de alimentos, por lo que deben gozar habilitaciones que correspondan con estas actividades.

En este sentido, señaló que estas compañías multinacionales no respetan la regulación que existe en Rosario para los servicios que prestan, y lo relacionó con el poder que tienen, el cual hace que “muchas veces las autoridades reculen frente a esta situación”.

Sobre el tratamiento legislativo que se le da al tema, el concejal señaló: “Es un debate con el que venimos insistiendo hace más de tres años y todavía no hemos logrado que haya un consenso en el Concejo”.

Finalmente, Toniolli expresó que está “en desacuerdo con la regulación” de la actividad, porque la misma ya está reglamentada en la ciudad. “Hay que obligar a que las compañías cumplan con la normativa vigente. Ahí podemos mejorar las normas existentes y hacer que a la empresa le cueste más salirse de la norma. Podemos tener las mejores ordenanzas en la materia, pero si tenemos un ejecutivo que no se hace cargo de que las empresas las cumplan, no va a cambiar nada”.