Un crimen a miles de kilómetros y una familia que exige justicia

 

Por Gisela Gentile

Adrián era músico y artesano, se encontraba desde hace varios años en Mérida, municipio de Venezuela. Trabajaba como orfebre, tenía una hija llamada Esmeralda y también pertenecía a la organización social Frav (Frente Revolucionario de Artesanos de Venezuela) de esa misma ciudad.

Estimativamente entre el 6 y 7 de Septiembre de 2019, Adrián Robinson fue brutalmente asesinado. Su cuerpo, vivo o muerto, fue secuestrado o descartado lejos en la cuesta de un río, simulando un accidente. Mérida es opositora al gobierno nacional, y viene cosechando muchos crímenes en «las guarimbas».

Familiares y amigos se encuentran desesperados y a miles de kilómetros de distancia, siguen reclamando información sobre este aberrante hecho, y a la espera de que se esclarezca el mismo. La autopsia reveló que se trató de un asesinato a golpes y heridas de arma blanca. También se confirmó que el estado de descomposición del cuerpo databa de 7 días, algo coincidente con el tiempo que estuvo desaparecido.

A un año de su muerte no se avanza en su esclarecimiento. Sin dudas que al manto de oscuridad y silencio, se le suman hechos pocos explicables e inesperados como el que sucedió con su abogada. La misma fue contratada por la familia a 8000  kilómetros de distancia, y  murió 7 días después de firmar y hacerse cargo de la causa. Los amigos indicaron que «nadie sabe si leyó el expediente porque no llegó a comunicarse, ya que falleció de un <sincope fulminante«, si bien para muchos esto genera cierta duda.

Susana Centurión es la mamá de Adrián, y en diálogo con Conclusión detalló algunas de las escabrosas situaciones que rodean a esta muerte violenta. “Yo tenía el teléfono de un amigo de cuando estuve en Mérida, en ese momento me lo dio porque mi hijo todavía no tenia celular. Así que lo llamé y esperaba que todo fuera un delirio pero me dijo: «madre, a Adrián lo encontraron tirado en un barranco desnudo todo golpeado, puede haber sido un accidente». Me pidió un poder para poder reconocerlo porque estaba en la morgue y no había sido reconocido formalmente, y además tenía que entrar en la casa a buscar documentación de mi hijo y otras cosas”.

Fue allí donde la familia redactó una autorización más o menos formal y enviaron la misma por  fax. “Luego de ello, mi marido y yo viajamos a Buenos Aires porque nosotros vivimos en Mar del Plata. Hicimos un poder para que se ocupara de los trámites legales y de sus pertenencias”, agregó.

Además del dolor de la pérdida abrupta de un hijo, esta madre también recibe críticas, “hablaba con alguien de Venezuela que me decía que yo tendría que viajar y todo eso, pero claro, no tienen 60 años, una hija especial, otros hijos, todo para pagar y hacerle frente a un abogado allá y demás. Así que aparte recibo críticas por encontrarme imposibilitada de  de viajar a Venezuela y avanzar desde el lugar de los hechos”, sostuvo.

¿Adrián anticipó su asesinato?

Un año antes, en su cuenta personal de Facebook, más precisamente el 31 de agosto de 2018 a las 22:51, Adrián escribió en su Estado:

Tengo problemas con la mamá de mi hija y tiene familiares que me quieren joder, me quieren meter en problemas, si me pasa algo a todos mis amigos les pido que investiguen o se comuniquen con mi familia.

Según la palabra de sus amigos, “la hermana que viajó como familiar a reconocer el cuerpo fue manipulada para que no obtenga los servicios de una abogada de Derechos Humanos”. La Frav de Mérida, Venezuela le realizó un emotivo funeral y sus restos descansan en el cementerio local junto a otros compañeros del frente.

“Los que conocimos a Adrián nos duele saber que nuestros hermanos venezolanos sean llamados por la prensa amarilla «el país de los crímenes sin resolver». Nos duele Adrián, nos duele Venezuela, nos duele Mérida la bella localidad compatriota”, sostuvieron familiares y amigos en su pedido de justicia.

Venezuela acumula más de 123.000 asesinatos en los últimos diez años. El 91% de los homicidas queda libre sin haber obtenido ni siquiera una detención como sospechoso y la brecha de la impunidad continúa creciendo.

En 1999 se detuvieron a 58 sospechosos por cada 100 homicidios, en el año 2000 la cifra descendió a 18, y desde 2007 se mantiene estable en 9 detenidos por cada 100 muertes violentas. A esto se le debe sumar que muchos homicidios policiales no quedan registrados porque se legalizan diciendo que son «resistencia a la autoridad”.

Policías y militares están implicados en el 20% de los homicidios de país, según reconoció en 2009 el Ministro de Interior Tareck El Aissami: “Cuando en una sociedad las propias autoridades no respetan la ley, se exalta el delito, el secuestro y la muerte, ahí surge la impunidad”, apuntó Briceño-León.

A las alarmantes cifras anteriores se le suma que según el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), se calcula que en Venezuela hay entre 9 y 15 millones de armas en manos de la población.

Una familia y amigos, que a miles de kilómetros reclaman justicia y esclarecimiento de un hecho por demás de escabroso y lleno de aristas sin resolver. Un país que parece darle la espalda al pedido de familiares y que no encuentra espacio en la prensa del lugar para poder visibilizar semejante y desesperante situación.