Vicentin: la Corte Suprema provincial avanza con el desplazamiento del juez Lorenzini

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, busca el apoyo de otros ministros del máximo tribunal a la decisión de desplazar al juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso preventivo de Vicentin, quien tiene plazo hasta el viernes para remitir al máximo tribunal la totalidad del expediente de la causa.

La medida del titular de la CSJ provincial, que resolvió el jueves pasado el avocamiento al caso y le pidió al juez que le remita el expediente, procura determinar si existieron irregularidades en su trámite y dejó en vilo el desenlace del concurso, al suspender los plazos procesales.

La medida cobra importancia, entre otras cuestiones, porque el jueves 30 de junio vence el período de exclusividad para que Vicentin presente el acuerdo de las mayorías –de acreedores y de capital- a su propuesta de salida del concurso, para evitar la quiebra. Gutiérrez procuraba el respaldo de otros ministros en la reunión de acuerdo del máximo tribunal.

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La decisión del presidente de la Corte Suprema santafesina es consecuencia del planteo realizado por los abogados de uno de los principales acreedores granarios del concurso, la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, que denunció una serie de presuntas irregularidades por parte del juez Lorenzini.

El expediente aún está en manos del juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, quien “tiene cinco días hábiles para responder, e incluso puede rechazar el planteo”. De todos modos, el expediente deberá ser remitido indefectiblemente al máximo tribunal en caso de que suscite un conflicto.

Un funcionario del gobierno santafesino dijo que el procedimiento de avocamiento “es muy infrecuente” en la historia judicial provincial, y que obedece a presuntos “apartamientos del proceso regular” por parte del magistrado.

Entre otras cosas, lo que objetó la firma Commodities SA para pedir el avocamiento de la Corte es la presunta venta por parte de Vicentin del 33% de las acciones que aún conserva en Renova -la principal planta de molienda de soja y biodiesel del país- a su socia Viterra SA (ex Glencore) por U$S310 millones.

La venta de las acciones se habría pactado a través de una “oferta de compra” por parte de Viterra realizada el 28 de abril pasado, que fue aceptada por el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, y cuyos ingresos la cerealera ofreció como parte de la propuesta de pago a los acreedores del concurso.

Por esa acción, Scarel fue imputado el 8 de junio pasado por desobediencia judicial, atento a que dos jueces habían prohibido a la agroexportadora desprenderse de sus activos durante el concurso.

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La decisión de la CSJ de desplazar al juez de concurso y pedir la remisión del expediente suspendió también los plazos procesales, por lo que quedó sin efecto la posibilidad de que el magistrado convalide un acuerdo de Vicentin con sus acreedores, con plazo final fijado para el 30 de este mes.

Varios acreedores sostuvieron –incluso con planteos formales de recusación- que el juez del concurso se allanó a los planteos de la empresa.

Por otra parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se mostró a favor de capitalizar la empresa, habida cuenta de que la entidad financiera pública es el mayor acreedor particular del concurso.

«Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa», señaló hoy el director del Banco Nación, Claudio Lozano, en un comunicado.

En este sentido, planteó la «idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos«.

Lozano también respaldó la posición del presidente Alberto Fernández respecto de la necesidad de que el Estado sume una empresa testigo que ordene el mercado. «Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial», explicó Lozano.

Al respecto, resaltó la importancia de «esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga un límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios, y fortalecer a la comunidad con herramientas que permitan administrar mejor el funcionamiento de la economía».

«Con el Banco Nación a la cabeza del conjunto de la banca pública y sumando a otros organismos como la AFIP, también acreedores de Vicentin, hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso, encolumnados por el carácter de acreedor privilegiado del Nación», concluyó Lozano.