Violencia policial, exclusión y derechos vulnerados: la pandemia para el colectivo LGBT+

Por Elisa Soldano

La Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer y el espacio enREDando Salud, publicaron un informe en donde denuncian la ausencia de políticas públicas para con el colectivo LGBT+ en el marco de la pandemia de coronavirus y la vulneración de Derechos Humanos que padece este sector.

Si bien el documento, al que tuvo acceso Conclusión, aborda diferentes problemáticas que afectaron al sector en estos últimos meses, destaca entre ellas el aumento de la violencia institucional para con las personas LGBT+, el dudoso contenido nutricional de los bolsones de alimentos que se entregaron como forma de asistencialismo durante la pandemia y la falta de asistencia económica por parte del Estado provincial.

“En lo que respecta a la salud integral se presentaron dificultades, fundamentalmente en el periodo más rígido del aislamiento, donde personal de salud se negó a atender casos que no tuvieran que ver con consultas sobre Covid-19. Además se presentan inconvenientes en la provisión de preservativos por parte del Estado provincial y de tratamientos de hormonización para personas trans”, denunció el informe “¿Los Derechos Humanos: están de cuarentena?”.

Y agregó: “Hubo ocasiones en las que el personal de las fuerzas de seguridad actuaba como barrera al impedir la circulación o el ingreso a los nosocomios, pese a que, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual son considerados un servicio esencial en este contexto de pandemia”.

Conclusión dialogó con Ileana Sorgentoni y Facundo Peralta, quienes –junto con Victoria Bruch y Alejandra Rojas- elaboraron este informe. Cabe destacar que este documento fue presentado ante la Subdirección de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nos quedamos con una sensación de preocupación muy grande, más allá de que veníamos viendo lo que estaba pasando. Pero el hecho de poner todo en un solo documento y poder leerlo es un poco angustiante porque es una realidad absolutamente distinta a la que teníamos hace un año. Hay un corrimiento de la política pública en torno a la población LGBT+ muy marcada”, analizó Peralta.

¿Cómo se ayudó a las personas LGBT+ durante la pandemia?

La población LGBT+ fue históricamente postergada en cuestión de derechos y la pandemia por coronavirus expuso de forma cruel esta realidad demostrando que, una vez más, la vulneración de los mismos no se toma cuarentena. Por este motivo, en los últimos meses no sólo que se hizo evidente la necesidad de brindar diferentes tipos de asistencia, sino también la de concretar políticas públicas en materia de género, diversidad e inclusión.

Si bien el Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó bolsones de comida a personas que integran el colectivo, desde las organizaciones que realizaron el informe se cuestionaron si los mismos estaban pensados bajo una perspectiva nutricional y contenían la cantidad de kilocalorías que un individuo necesita para llevar una vida saludable. Sin embargo, cuando preguntaron por este aspecto a las autoridades provinciales, no obtuvieron respuesta.

En relación a la asistencia sanitaria, Peralta aseguró: “Los servicios no se dejaron de prestar durante la pandemia. Se han presentado dificultades en la provisión de anticonceptivos y de preservativos, pero en el caso de Rosario, y creo que tiene que ver con las características propias del sistema de salud público de la ciudad, se trabajó mucho mejor que en otras localidades de la provincia”.

Consultada sobre la situación de aquellas personas LGBT+ que ejercen el trabajo sexual y que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio se vieron imposibilitadas de realizar esta actividad y con ello, de generar ingresos, Ileana Sorgentoni explicó: “Dentro del colectivo hay quienes pelean por el reconocimiento del trabajo sexual, y quiere leyes y derechos al respecto, y quienes lo niegan porque argumentan que es otra forma de patriarcado”.

“Compañeras del colectivo nos han dicho que recibieron asistencia de amigos y de familiares, también han acudido a comedores para asegurarse alimentos, pero llegó un momento en que se vieron en soledad y siempre tuvieron que pedir ayuda. La redistribución de comida fue un paliativo y eran las mismas compañeras que se congregaban para poder asistir a otras”, detalló la integrante de enREDando Salud.

En tanto, Peralta agregó: “Hay compañeras que no han podido pagar el alquiler, y no se les brindó una asistencia desde el Estado. Hay que considerar que son personas que por ahí están atadas a contratos informales y con pocas garantías, por lo que su lugar para vivir puede desaparecer de un día para el otro si no pagan”.

Por otro lado, el informe destaca que a nivel nacional el Ministerio de Desarrollo Social y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, posibilitó la incorporación masiva de la población trans al Programa “Potenciar Trabajo”, el cual permitió que en medio de la pandemia unas 3.500 personas trans de todo el país –casi 300 en Santa Fe- accedan a un ingreso mensual de $8.500.

Violencia institucional, un problema que se recrudece

Una de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, permitía que durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, aquellas mujeres o personas LGBT+ que sufran actos de discriminación o de violencia, puedan circular libremente por la vía pública para denunciar estos hechos y acceder a contención y asistencia.

Sin embargo, esta no fue una política respetada por las fuerzas de seguridad del país, quienes en muchos casos impidieron que personas víctimas de violencia de género puedan desplazarse para denunciar las agresiones recibidas.

“En Rosario y en otras localidades de la provincia y del país hemos notado un recrudecimiento de la violencia institucional, inclusive en los períodos de aislamiento más estricto, donde parte de la población estaba exceptuadas para poder hacer denuncias en caso de sufrir violencia y discriminación. En ese caso la policía ha actuado de manera muy autoritaria, no reconociendo la legislación”, denunció Facundo Peralta.

Consultado sobre sí desde enREDando Salud notan una mejora en la formación de agentes de seguridad en base a la perspectiva de género, sostuvo: “Estos temas se han introducido en los procesos de formación de policías, pero no quiere decir que haya una apropiación en torno a ellos. Cuando se trata del abordaje de territorio de las fuerzas policiales, uno lo que encuentra es violencia institucional. Con la pandemia de Covid hemos notado un recrudecimiento”.

Políticas de géneros y diversidad: materia pendiente del gobierno provincial

El informe hizo una valoración positiva de las medidas impulsadas por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y por el Ministerio de Desarrollo Social del país en medio de la pandemia, a las cuales consideraron de notable importancia para la concreción de políticas públicas sobre el sector.

Sin embargo, la situación es diferente con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, ya que según denunciaron Peralta y Sorgentoni, en los más de nueve meses de gestión no hubo políticas públicas de género, diversidad e inclusión, como tampoco hubo un lineamiento que paute las ideas de trabajo que la gestión tiene sobre la materia.

“En lo que respecta a la provincia, y es a donde apunta el documento, es lo que en realidad nos preocupa y donde vemos el corrimiento. En Santa Fe había dos decretos: uno que creaba la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, y el decreto 2332/2016 que creaba cuatro programa de políticas públicas que eran de asistencia y protección de derechos para las personas LGBT+, de promoción de derechos, para el fortalecimiento de la sociedad civil y de inclusión para las personas trans. A este último lo quiero destacar porque era un programa muy importante que permitía realizar la primera encuesta travesti-trans de la provincia para poder tener marcos concretos de la realidad que vive este sector específico del colectivo que se encuentra en un estado de vulnerabilidad mayor”, profundizó Peralta.

Y añadió: “Estos decretos fueron suprimidos. La subsecretaria y los programas no existen más, con todas las consecuencias que eso tiene en términos de presupuesto y de inversión. Tampoco hay un trabajo sobre la línea que quiere seguir la nueva Secretaria, que se llama Secretaría de Igualdad, Géneros y Diversidad (se suprimió la palabra sexual y eso también dice algo) y que está a cargo de personas que son heterosexuales, lo que para el colectivo representa una pérdida de representación importantísima”.

En tanto, Sorgentoni expresó: “También nos preguntamos cuáles son los avances de las políticas en relación a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la capacitación de los docentes. El contenido propuesto desde el Ministerio de Educación no aborda interdisciplinarmente lo que tiene que ver con la igualdad y con la inclusión, es un contenido un tanto vetusto y atrasado. Vemos un corrimiento y un desmantelamiento en este sector y tenemos que pensar cómo mantenemos las políticas públicas que han logrado una gran transformación para estas personas y que significaron una posibilidad de inclusión real en la sociedad”.

Al respecto, Peralta aseguró que “hay retrocesos” y puso como ejemplo el hecho de que la antigua Subsecretaría entregaba becas a las personas travesti-trans para que pudieran comenzar o continuar sus estudios secundarios, pero esta ayuda económica fue quitada por el actual gobierno provincial.

“Parte de la comunidad LGBT+ no encuentra una solución real en esta gestión, se sienten desamparadas, no saben a dónde ir, encuentran barreras y políticas que son cerradas y heteronormativas”, evaluó Sorgentini.

Mientras que Peralta manifestó: “Queremos que planteen una propuesta de política pública para el colectivo porque ya pasaron ocho meses de gobierno y las que sufren son las compañeras y compañeros, principalmente los que no tienen el capital simbólico para exponer sus problemáticas”.

¿Qué pasó con la ley de Cupo Laboral Trans?

A fines de octubre del año pasado, el Cupo Laboral Trans se convirtió en una ley provincial. Luego de ser promulgada por el poder ejecutivo, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe debía reglamentar la normativa, una tarea que le correspondía a la actual gestión provincial que encabeza Omar Perotti, pero de la que aún no hay novedades.

“Uno puede entender los primeros dos, tres meses por la particularidad de asumir un nuevo gobierno, también el contexto de pandemia que es único, pero no vamos a aceptar –y esto tiene que quedar claro para todas las áreas- que el Covid-19 sea la excusa para que los derechos dejen de existir o queden paralizados. El Cupo Laboral Trans se tiene que reglamentar y es responsabilidad de la provincia de Santa Fe hacerlo. ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? No lo sabemos, esperemos que recapaciten y que lo hagan lo antes posible”, expresó Peralta.

Y concluyó: “Se necesita una Ley Integran Trans, porque la vulnerabilidad de este sector demanda que se asegure el refuerzo de la sociedad civil, con lo laboral, pero también con la vivienda y con otros aspectos. Las personas trans no pueden esperar, ya esperaron demasiado”.