Bélgica rechaza entregar a los políticos catalanes

La Justicia belga rechazó entregar a los tres ex miembros del gobierno catalán que son reclamados por España, por estar procesados en la investigación en el intento fallido de secesión de Cataluña del 2017, un duro golpe a las autoridades judiciales españolas, que reprocharon una falta de compromiso y ahora analizan como revertir la situación.

La decisión afecta a los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, quienes a finales de octubre de 2017 se fueron junto con el ex presidente catalán Carles Puigdemont a Bruselas, Bélgica, ante la presentación de la querella criminal en su contra por rebelión, sedición y malversación de fondos por el intento fallido de secesión.

El pronunciamiento de la Justicia belga contrario a la ejecución de las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, se debe a un «defecto de forma» que no es subsanable.

La Fiscalía belga puede apelar, pero no lo hará ya que previamente se opuso a la extradición tras advertir las irregularidades.

Sin embargo, el Tribunal Supremo español podría inicia un nuevo procedimiento desde cero para lograr la entrega de los ex consejeros, que están en libertad.

Al alto tribunal español no le gustó nada la decisión de las autoridades judiciales belgas, que interpretan como una «ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial peticionada», según fuentes del Supremo citadas por la prensa española.

«Supongo que puede corregirse, ya veremos cómo se resuelve este asunto», sostuvo el canciller español, Alfonso Dastis, desde Marruecos, para luego agregar que el desafió secesionista «nos se lo puede permitir España y tampoco ninguno de sus socios».

Tras conocer la decisión judicial, Toni Comín afirmó a los periodistas a las puertas del tribunal belga que «se ha hecho justicia».

«Basta ya de abusar del Código Penal. Todo este problema se deriva del error de haber judicializado una disputa política que nunca debería haberse trasladado a los tribunales», añadió el ex consejero.

El ex presidente Puigdemont también expresó su satisfacción a través de Twitter, donde felicitó a sus ex compañeros y aseguró, en alemán, que «Europa concede el derecho a un juicio imparcial».

El tribunal hizo suyos los argumentos de la Fiscalía, que se opuso a la extradición de los políticos catalanes por un error formal, que es que no se puede apoyar una orden de detención internacional por hechos distintos a los de una orden nacional emitida contra estas mismas personas.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lámela fue quien a principios de noviembre del año pasado imputó a la cúpula del ex gobierno catalán y emitió una orden de detención en contra de los políticos huidos a los que acusó de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

La Fiscalía belga se pronunció en ese momento a favor de las extradiciones, entre ellas la de Puigdemont, quien todavía estaba en el país, pero luego el tribunal que lleva la causa rechazó entregarlos por los delitos de rebelión y sedición, al no encajar en el Código Penal belga.

Cuando Llarena asumió la investigación levantó la primera euroorden ante el riesgo de que Puigdemont no fuese entregado por los delitos más graves.

Sin embargo, una vez que confirmó su procesamiento y el del resto de acusados, el juez reactivó el pedido de detención y entrega, aunque modificó los delitos que atribuía a los distintos dirigentes.