Brasil: “No hay una guerra jurídica contra Lula”, sentencia el juez Moro

Por Nabih Yussef*

Con una sentencia de 218 fojas, el juez Sergio Moro condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva en concurso real con lavado de dinero. En relación a las coimas que el expresidente hubiera cobrado por favores al Grupo OAS Ingeniería, en licitaciones de construcción para Petrobrás, la gigante brasileña de crudo.

Moro entendió que un domicilio de tres plantas en el barrio cerrado Solaris do Guarujá en la costa de São Paulo, habría correspondido al pago de favores indebidos por los servicios de Lula. Sin embargo, la defensa del ex mandatario se opuso a las pruebas recogidas por el Ministerio Público Federal brasileño, ya que el inmueble se encontraría escriturado por el Grupo OAS.

En la sentencia que se adjunta a este artículo, el juez Moro utilizó gran parte del documento para defenderse de las acusaciones de la defensa del expresidente, acusado de perseguir políticamente a Lula y de impulsar una “guerra jurídica” contra el dirigente del PT (Partido de los Trabajadores).

El nexo clave en la conclusión de Moro, recae en un nombre: José Adelmário Pinheiro Filho.

El hombre que acusa a Lula

Mejor conocido como “Léo Pinheiro”, el expresidente del Grupo OAS se encuentra recluido en prisión efectiva en la cárcel de Curitiba (Estado al sur del país), por delitos de corrupción activa, lavado de dinero y asociación ilícita. Es autor intelectual de más de una docena de coimas que el Grupo OAS pagó a distintos actores políticos brasileños; ¿el motivo? la adquisición de proyectos de infraestructura en licitaciones fraudulentas. Sin embargo, un consorcio de periodistas compuesto por Justi, Dionísio y Novaes reconoció tener acceso al celular de Léo Pinheiro donde aparecían mensajes con interlocutores del Poder Judicial. Lo que deja en evidencia la amplia red de contactos e influencias del ejecutivo de OAS, y sus vínculos con operadores judiciales.[1]

El grupo empresario posee servicios de ingeniería e infraestructura en más de 22 países de Latinoamérica y África, pagando favores políticos como política corporativa para la adquisición de proyectos de infraestructuras sobrefacturados.

Pinherio acusó a Lula frente al juez Moro, confesando todos los crímenes sin un acuerdo previo de reducción de condena por su colaboración.[2] En su declaración, argumenta que el departamento triplex fue otorgado a Lula da Silva y a su esposa como coima, y que incluso las remodelaciones del inmueble habrían sido solicitadas por la familia del ex mandatario, en un costo total que supera el millón de dólares. No obstante, reconoció que el inmueble se encuentra escriturado a nombre del grupo OAS, motivo por el cual la defensa solicitó la improcedencia de la prueba.

Las imputaciones a Lula

El Ministerio Público Federal acusa a Lula de participar de las coimas del Grupo OAS, contabilizadas en un total de US$27,3 millones de dólares, de los cuales US$1,2 millones fueron materializados por el departamento de tres pisos y sus remodelaciones. Lo que se traduce en corrupción pasiva por la recepción de coimas, y lavado de dinero a través del inmueble.

Dentro de la acusación, la sentencia dejó afuera a Marisa Letícia Rocco, esposa de Lula fallecida en febrero pasado. La ex primera dama tuvo complicaciones de salud a raíz de las presiones judiciales que pesaban en contra de la familia. Es por eso que la sentencia declaró la “extinción de punibilidad” a la fallecida.

Por otra parte, Lula es acusado de nominar a Directores de Petrobrás encargados de recaudar las coimas de la petrolera para el PT. Pese a que se encuentra dentro de las atribuciones del Ejecutivo, la nominación de los directores.

Lula contra todos

El dirigente “petista” acusó a Moro de exceso de autoridad, por animosidad manifiesta contra Lula y por filtrar a la prensa brasileña, información sensible preparando el terreno para las acusaciones. Lula arremetió “la Revista Veja sabe las cosas tres días antes de cuando sucederán, y mis abogados tienen que venir aquí a implorar que le den información”, en alusión al tribunal que regentea Moro.

Existen serias sospechas de que las filtraciones de audios privados de Lula a la prensa brasileña, provinieron directamente de la oficina de Moro. Lo que constituye una práctica ilegal generalizada de los tribunales latinoamericanos, para devolver favores a la prensa o comprar su inmunidad mediática. Al igual que estas filtraciones, en Argentina, los principales medios oficialistas han publicado audios de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en conversaciones privadas con su secretario inmediato en repetidas ocasiones. Práctica que parece no provocar la indignación de la prensa, ni ocupar ninguna tapa condenatoria.

El quiebre en el sigilo de la investigación por las filtraciones, toma vía judicial propia pese a que resulta dudosa la continuidad de la investigación. Mucho más cuando se considera la atención que suscita actualmente la condena de Lula por más de 9 años y su posible confirmación por el tribunal de alzada.

Para Moro, las acusaciones de los abogados son simplemente “estrategias de dilatación de la defensa”, buscando presentar a Lula como “víctima de una guerra jurídica inexistente”, aduce el juez en el documento al que tuvo acceso Conclusión y el Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos (CEIEP).

Repercusiones del fallo

El grupo empresarial envuelto en las coimas pone en jaque más de una docena de proyectos de construcción de infraestructura en países latinoamericanos. Casi un espejo de lo sucedido con la constructora Odebrecht, acusada de pagar coimas en Buenos Aires al primo del presidente Macri. Empresa que acaba de anunciar la salida de sus inversiones en Argentina y la venta de su participación en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a una empresa de origen italiano.

Mientras tanto, el fallo ha provocado la apreciación de la moneda brasileña (real) y subas en el índice de las acciones de Brasil. El mercado ha respondido positivamente al fallo de Moro, que podría cortar las aspiraciones de “Lula 2018”. La sentencia adversa al PT, y la reciente reforma laboral que flexibiliza las condiciones de contratación, son receptadas positivamente por la dirigencia empresarial brasileña con una agenda propia de cara a lo que se viene.

Hasta la publicación de este artículo, la Cancillería argentina no ha emitido comunicado alguno en alusión a la condena de Lula. Empero, se advierte que el nuevo Canciller Jorge Faurie, mantenga el argumento de la Rosada sobre “el respeto a las instituciones brasileñas y el curso normal de los acontecimientos”. Línea que mantiene un escueto respeto por el actual statu quo en el país vecino.

El destino de Lula

Lula aún no ha quedado inhabilitado para ejercer la función pública y mantiene la libertad, ya que se descarta el peligro de fuga.

Si bien el tribunal de 1° instancia se ha pronunciado, la justicia brasileña necesita de la confirmación del tribunal de alzada para inhabilitar a Lula para ser candidato. En este caso, se trata del Tribunal Regional Federal 4° con sede en Porto Alegre, que deberá resolver la decisión del juez Moro.

El TRF-4° ha sostenido a Moro delante del procedimiento judicial contra Lula y ha descartado por unanimidad las acusaciones de la defensa sobre el accionar improcedente del juez. Lo que hace prever que confirme la instrucción de 1° instancia, dejando a Lula fuera de juego.

El diario Folha de São Paulo parece anticiparse nuevamente a los hechos (como acusó repetidas veces Lula) y ha editorializado sobre la “trayectoria independiente” del tribunal de segunda instancia. Para el influyente medio, el 45% de los casos elevados a la Sala se resolvieron elevando las penas, 20% manteniendo la sanción, 10% redujeron las penas, 15% absolviendo a los condenados y un 10% manteniendo la absolución de 1° instancia.

Lula, favorito en las encuestas para 2018, no tiene un plan B. La absolución de las urnas es lo único que le queda para evitar la cárcel. El único peligro: la celeridad del tribunal de alzada para tratar su caso de manera exprés. El tiempo apremia y se viven momentos decisivos para la política de Brasil.

[1] JUSTI, Adriana; DIONÍSIO, Bibiana; NOVAES, Dulcineia, “Ex-presidente da OAS volta a ser preso pela Lava Jato, diz PF”, G1 Paraná-RPC, Curitiba, septiembre, 2016.

[2] No se descarta sin embargo, que se reduzca la condena de Pinheiro a un tercio, por la colaboración presentada al Juez Moro. Lo que provocó airadas críticas al sistema de “colaboración premiada” que rige en el sistema procesal penal brasileño.

La sentencia completa

*Analista internacional, subdirector de www.CEIEP.org