MARTES, 26 DE NOV

Chile: condenaron a 25 años de prisión a militares que secuestraron y asesinaron a Víctor Jara

Seis militares que fueron parte de la dictadura que lideró Augusto Pinochet fueron condenados a 10 años y un día por el secuestro de Víctor Jara y de Littré Quiroga; y a 15 años y un día por sus asesinatos. 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este martes las condenas contra militares retirados por los secuestros calificados y homicidios del emblemático cantautor Víctor Jara y del entonces director de prisiones Littré Quiroga durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en un fallo que, según abogados de derechos humanos, están “en sintonía con las que se dictan en otros lugares para crímenes de lesa humanidad”.

En una sentencia de segunda instancia, la Octava Sala del tribunal de alzada había condenado a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día, por las muertes y a 10 años y un día de presidio por los secuestros.

Ahora, esas condenas pasan a ser de 25 años y dos días, y el ex oficial Rolando Melo Silva deberá purgar cinco años y un día por encubrir los dos homicidios y otros 3 años y un día por encubrir los secuestros.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, destacó que la nueva decisión lo satisface “plenamente” porque tiene penas “proporcionales a los delitos cometidos”, y que, además, “están en sintonía con las que se dictan en otras latitudes para crímenes de lesa humanidad”.

“Este fallo es importante también porque se vence ya definitivamente la impunidad que amagó estos crímenes durante tantos años. Es una gran alegría para los familiares de Víctor y Litré, porque su larga lucha comienza a fructificar. Alegría que alcanza al pueblo de Chile, que no ha olvidado a sus hijos asesinados por la dictadura”, remarcó, según el sitio de Radio Cooperativa.

Según el fallo, la suba en las condenas se debió a que se recalificó la conducta “a secuestro calificado atendido la gravedad de los hechos que sufrieron víctimas y los malos tratos a los que fueron sometidos durante su prisión en el entonces Estadio Chile”.

La resolución reseña que Jara y Quiroga fueron secuestrados “sin que mediara orden alguna de autoridad competente; luego, fueron mantenidos en precarias condiciones y sometidos a interrogatorios ilegales y maltrato físico permanente entre el 12 y el 15 de septiembre de 1973”.

“En el caso de Víctor Jara Martínez, se le refiere en ese mismo período como visiblemente deteriorado física y anímicamente, con su rostro hinchado con innumerables hematomas, manos ensangrentadas y deformadas, cuyos dedos evidentemente fueron quebrados o fracturados, puesto que se doblaban con facilidad”, advierte el escrito.

El cantautor “fue interrogado ilegalmente y seguidamente sometido a torturas que podían durar toda la noche, incluso se detalla que tenía su mano izquierda lesionada así como su ojo izquierdo, producto de golpes recibidos al regreso de esas declaraciones, vejaciones que llegaron a límites inconcebibles, como aconsejarle que ‘cantara’ alguna canción a un teniente de rasgos germánicos por deseos de sus captores”.

En el caso de Quiroga, además de ser interrogado en repetidas ocasiones, cada vez que salía se encontraba “en condiciones deplorables pues apenas podía sostenerse en pie, regresando con claras señales de haber padecido tratos ilegítimos, siendo que cuando caía de rodillas, era inmediatamente atacado por los soldados que lo golpeaban y obligaban a ponerse nuevamente en pie, resultando malherido y sin recibir atenciones médicas mínimas”.

Sus restos fueron arrojados en la calle y encontrados por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano el 16 de septiembre de 1973, antes de lograr ser identificados en el ex Instituto Médico Legal.

El tribunal repasó que en el cuerpo de Jara “se contabilizaron un total de 44 orificios de entrada de bala” y que Quiroga tenía al menos 22 lesiones que se identifican como “por proyectil balístico, existiendo orificios de entrada y salida entre éstos”.

El nuevo fallo mantuvo las indemnizaciones por daño moral, por lo que el Estado de Chile deberá pagar más de 1.370 millones de pesos (1.600.000 dólares) a los familiares de las víctimas.

 

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