Comienza el polémico juicio a la presidenta birmana derrocada por un golpe de Estado

La presidenta birmana Aung San Suu Kyi, derrocada por un golpe de Estado de la junta militar hace más de cuatro meses, comenzará este lunes a ser juzgada en un proceso que los observadores tildaron de «espectáculo únicamente motivado por razonas políticas».

Un tribunal, bajo fuertes medidas de seguridad, fue especialmente creado para ello en la capital, Naipyidó, construida en medio de la jungla en los años 90 del siglo pasado por el antiguo régimen militar.

Detenida el 1 de febrero y puesta en arresto domiciliario desde entonces, la premio Nobel de la Paz 1991 de 75 años -«en buen estado de salud», según sus abogados, pese a las semanas de aislamiento- debe hacer frente a múltiples y poco convencionales procesos judiciales.

Este lunes será juzgada por importación ilegal de walkie-talkies, no respeto de las restricciones anticovid y la violación de una ley sobre telecomunicaciones.

«El tribunal escuchará los testimonios de la acusación. Aung San Suu Kyi no declarará hoy» lunes, precisó uno de sus abogados, Khin Maung Zaw.

En un segundo proceso, comparecerá a partir de mañana por sedición junto al expresidente de la república Win Myint.

La ex jefa del gobierno, que el sábado próximo cumplirá 76 años, también está inculpada por haber infringido una ley sobre secretos de Estado de la época colonial y por corrupción, acusada de haber recibido medio millón de dólares y una decena de kilos de oro en sobornos.

Por el momento, no se ha comunicado ninguna fecha para estos dos procesos, cuyas acusaciones acarrean las peores penas.

«El jefe de la junta (militar) Min Aung Hlaing está determinado a encerrarla para el resto de su vida», dijo a la agencia AFP Debbie Stothard, coordinadora de la red Alternativa Asean.

«Vamos a presenciar un proceso espectáculo únicamente motivado por razonas políticas», advirtió.

La ex dirigente sólo fue autorizada a reunirse con su equipo jurídico en dos ocasiones. Y cada encuentro tuvo que durar menos de media hora.

«Nos preparamos para lo peor», aseguró Khin Maung Zaw, quien ha denunciado las acusaciones «absurdas» creadas con el objetivo de «mantenerla al margen de la escena (política) del país y ensuciar su imagen».

Para justificar el golpe de Estado, el Ejército alegó fraudes en las elecciones legislativas de noviembre de 2020, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi. La junta amenaza con disolver esta formación y asegura que organizará nuevos comicios dentro de dos años.

Desde entonces el país, que ha vivido un paréntesis democrático de 10 años, es una olla a presión, con manifestaciones casi a diario y la economía paralizada por huelgas masivas.

También han aumentado los enfrentamientos entre el ejército y las facciones étnicas rebeldes.

Las fuerzas de seguridad han reprimido con sangre la movilización prodemocracia: en estos últimos meses 860 civiles murieron, entre ellos niños, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Casi 5.000 personas están detenidas y varias ONGs denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia contra las mujeres.

Este lunes, el periodista estadounidense Nathan Maung, detenido en el país desde marzo, fue liberado, informó su abogado, y regresará a Estados Unidos el martes.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes el recrudecimiento de la violencia y añadió que la junta militar es «totalmente responsable de esta crisis».

Aung San Suu Kyi ya pasó 15 años en arresto domiciliario en las anteriores dictaduras militares.

Fue liberada en 2010 y se puso al frente del país cinco años después.

Considerada durante mucho tiempo un símbolo de la democracia, como Nelson Mandela, su imagen internacional se deterioró notablemente cuando centenares de miles de musulmanes rohinyás huyeron en 2017 a Bangladés debido a los abusos del ejército.

La dirigente no condenó este drama y negó cualquier «intento de genocidio» por parte de los militares.