Conflicto social recrudece en Francia, donde podría faltar el combustible

Enfrentado a un conflicto social cada vez más duro, el gobierno francés trata hoy de evitar la escasez de combustibles que amenaza con paralizar el país a dos semanas de la inauguración de la Eurocopa de fútbol.

La policía desbloqueó el martes de madrugada una refinería y un depósito de combustible del sudeste del país, cuyos accesos estaban ocupados desde la víspera por militantes sindicales opuestos al proyecto de nueva ley laboral que quiere hacer adoptar el gobierno.

En el lugar, los policías encontraron «una resistencia importante», con lanzamiento de proyectiles y neumáticos incendiados. Los policías utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos. La prefectura dio cuenta de siete policías levemente heridos.

Por su parte, el sindicato CGT denunció «una utilización inaceptable de la violencia» por los policías e indicó que «varios» manifestantes resultaron heridos.

Poco después de la intervención, los camiones cisternas empezaron a entrar en el recinto de la planta, constató la AFP.

Tras dos meses y medio de protestas y manifestaciones, el movimiento de oposición al proyecto de ley laboral se endureció en los últimos días, con huelgas en las refinerías y bloqueos de depósitos de combustible.

El presidente François Hollande denunció el martes el bloqueo de las plantas petroleras como la «estrategia de una minoría».

El primer ministro Manuel Valls declaró en Israel, donde realiza una visita, que no aceptará que «los franceses se encuentra en situación de escasez, de bloqueo, que nuestra economía sea bloqueada», y reiteró que «no se retirará» el proyecto de ley.

«La CGT encontrará una respuesta sumamente firme» del gobierno, agregó.

Por su parte, el líder de la CGT, Philippe Martínez, sostuvo que el primer ministro «juega un juego peligroso» al tratar de «oponer la CGT a los ciudadanos».

Recordó que las «huelgas se votan por mayoría de los asalariados de las refinerías» y que la «opinión pública» apoya el movimiento de «contestación» del proyecto de ley.

Combustible y transportes

Seis de las ocho refinerías del país están en huelga desde el lunes, cuando eran cuatro en la víspera. El movimiento, que afectaba en un principio esencialmente el oeste del país, se extendió a otras regiones. Muchas estaciones de servicio ya no tienen combustible, y las que todavía hay se alargan las colas de automovilistas.

Según el secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, «alrededor de 20% de las estaciones de servicio están cerradas o con grades dificultades».

Las autoridades instaron a los automovilistas a «no aprovisionarse por precaución».

La huelga de camioneros, lanzada hace una semana, parecía perder fuerza después que el gobierno les garantizara que, contrariamente a lo previsto en el proyecto de la ley, se les mantendrá el nivel de pago de las horas extraordinarias.

La semana se anuncia candente una vez más para el gobierno, con un nuevo día de huelgas y manifestaciones el jueves. Además de las refinerías, el personal de las terminales petroleras del puerto de Le Havre (por donde transitan 40% de las importaciones francesas) votó la huelga a partir del martes.

Están previstas asimismo huelgas en los transportes. En los ferrocarriles, el miércoles y el jueves (reconductibles cada semana), y en el metro de París a partir del 2 de junio. Y otro día de movilización está previsto ya el 14 de junio, en plena Eurocopa de fútbol (10 de junio-10 de julio), durante la cual Francia espera recibir cerca de siete millones de visitantes.

El proyecto de nueva ley laboral fue aprobado en primera lectura sin votación de los diputados, dado que el gobierno invocó un artículo de la Constitución que permite adoptar un texto sin debate ni voto parlamentario salvo que haya una moción de censura al gobierno.

Según el gobierno, el proyecto apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.

Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados.