Dos de los principales sindicatos italianos protestan contra la «austeridad» del Gobierno
La Confederación General Italiana del Trabajo y la Unión Italiana del Trabajo realizarán paros de cuatro horas de transporte en once de las regiones del país, entre ellas Roma, que comprenderán el lapso que va desde las 20 hasta las 24.
Dos de los principales sindicatos de Italia encabezaban este viernes un paro parcial de actividades en la mitad del país en disconformidad con lo que denominan la «austeridad» del presupuesto enviado por el Gobierno para el año que viene.
«En el presupuesto hay más austeridad que la que pide Europa. Así no se pueden afrontar los problemas del país», planteó el secretario general del gremio más importante del país, la CGIL, Maurizio Landini, al encabezar la movilización en Roma.
La huelga convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL según sus siglas en italiano) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL siglas en italiano), CGIL y la UIL, tercer sindicato en importancia, incluye paros de cuatro horas de transporte en once de las regiones del país, entre ellas el área de la capital, en la que trenes, buses y subtes interrumpirán el servicio entre las 20 y las 24.
Otro de los sectores clave del país, la educación, también se plegó a la medida de fuerza que afecta a 10 de las 20 regiones del país y a la provincia autónoma de Alto-Adigio.
El segundo sindicato del país, la CISL, rechazó el paro por considerar «prematuro» el cese de actividades contra el Gobierno asumido en octubre y llamó a continuar el «diálogo» para las negociaciones.
Este viernes, Landini criticó la actuación del Gobierno en el que consideró que «la inflación es galopante», al tiempo que criticó la idea del Ejecutivo que encabeza Giorgia Meloni de reducir el salario básico universal existente conocido como «Ingreso de Ciudadanía».
Con unos 2.6 millones de familias beneficiarias, el Ingreso de hasta 800 euros mensuales a desocupados que el Gobierno quiere reducir de forma paulatina hacia 2024 ayudó el año pasado a que un millón de personas no cayeran en la pobreza, según publicó en julio el instituto oficial de estadísticas Istat.
Entre los puntos criticados por los gremios también está la abolición que plantea el Ejecutivo de un bono destinado a consumos culturales de las personas de 18 años.