El Congreso peruano rechazó este viernes viernes tres nuevas iniciativas para destituir a la presidenta Dina Boluarte, asediada por críticas de la oposición en medio de investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Esta no fue la única buena noticia para la mandataria peruana. En una decisión judicial, al final del mismo día, una jueza de la corte superior revocó la detención del hermano y de uno de los abogados de la presidenta Boluarte, y ordenó la libertad de ambos mientras la fiscalía debe continuar con sus pesquisas.
El hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda, fueron detenidos hace una semana de forma preliminar, en un operativo en la que se allanó sus viviendas y se incautó material en busca de pruebas.
La jueza Sonia Torres, en la lectura de su fallo, afirmó que la detención era «desproporcionada» y que la fiscalía no había justificado bien los riesgos de fuga o de obstaculización a las pesquisas por parte de las personas investigadas.
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La decisión más temprano del Congreso, cuya aprobación a su gestión está por debajo del 10%, al igual que Boluarte, tiene como antecedente el rechazo en abril de otras dos mociones para expulsar a la mandataria por anteriores denuncias.
Ninguna de las tres nuevas iniciativas presentadas por legisladores principalmente de izquierda alcanzaron el mínimo de 46 votos o 40% de los representantes asistentes requeridos para iniciar el proceso de una vacancia de Boluarte.
En caso de aprobarse una iniciativa para un juicio político, para echar a la presidenta se iban a necesitar 87 votos en otra sesión, un escenario poco probable porque la mayoría de legisladores conservadores o de derecha han dado señales de apoyo a la mandataria, que no tiene bancada en el Congreso.
La fiscalía inició hace una semana investigaciones contra Boluarte y su ministro del Interior, por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad tras desarmar a un equipo policial que apoya a los fiscales que investigan casos de corrupción.
La mandataria enfrenta también una investigación fiscal por un supuesto enriquecimiento ilícito vinculado al uso de costosos relojes Rolex; mientras que desde el año pasado encara una denuncia por presuntamente ser cómplice de decenas de muertes en las protestas de fines de 2022 y comienzos del 2023.
La presidenta, que asumió funciones a fines del 2022, ha rechazado las investigaciones y el martes descartó renunciar y afirmó que se mantendrá en el poder hasta el 2026.
