El opositor venezolano Henrique Capriles es retenido en el aeropuerto

El gobierno venezolano impidió este jueves viajar a Nueva York al líder opositor Henrique Capriles, quien iba a denunciar ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU la «represión» en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejan 43 muertos.

«No voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, estoy fuera de área de Migración sin pasaporte», aseguró Capriles por Periscope desde el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

En imágenes que difundió en esa red social, se le ve en una oficina de Migración del aeropuerto reclamando ante las autoridades y escoltado por policías. «Se me ha informado que mi pasaporte ha sido anulado», afirmó.

Capriles tenía previsto reunirse el viernes en Nueva York con el Alto Comisionado Zeid Raad Al Hussein, a quien, según había dicho más temprano, le iba a presentar los casos de los «caídos, heridos, presos, represión».

Zeid reaccionó en un mensaje en Twitter. «Espero que confiscación pasaporte @hcapriles no sea una medida de represalia porque se iba a reunir conmigo mañana en @UN», escribió.

Tras salir del aeropuerto, Capriles se disponía a sumarse a una marcha de opositores en rechazo a lo que llaman una «brutal represión» contra las protestas que iniciaron hace siete semanas y que han terminado en batallas campales entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

«¿Quienes somos? Venezuela ¿Qué queremos? ¡Libertad!», gritan los manifestantes que marchan desde distintos puntos de la capital. Otras manifestaciones también se desarrollarán en ciudades del interior.

Las protestas tienen como caldo de cultivo un grave deterioro económico y social en el país petrolero, con severa escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo -que escalaría a 720% este año según el FMI- y una criminalidad desbordada.

«Esto es resistencia. Sabemos que nos van a reprimir pero tenemos que salir a protestar, hay gente muriendo de hambre y por falta de medicinas», declaró a la AFP un músico de 45 años que se identificó como Napolenrique.

«¡Asesino Capriles!»    

Aunque la violencia aumenta, con disturbios y saqueos en varios puntos del país, los opositores intentan llegar al Ministerio del Interior, en el centro de Caracas, adonde no ha podido arribar ninguna de las marchas iniciadas el 1 de abril. Las fuerzas de seguridad lo han impedido con andanadas de bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión.

«Sigue la resistencia: Todos vamos al Ministerio de Interior y Justicia en rechazo a la opresión del régimen», animó el vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara.

El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia, mientras que la Fiscalía investiga las muertes, por las cuales ha señalado a grupos armados no identificados, y ha imputado a algunos civiles, policías y militares.

La oposición venezolana responsabiliza directamente al ministro Néstor Reverol, un prominente general acusado de narcotráfico por Estados Unidos, de liderar la «represión».

El gobierno, por su parte, acusa a la oposición de «terrorismo» y de apelar a la «insurgencia armada» para derrocarlo, señalando particularmente al jefe del Parlamento, Julio Borges, y a Capriles.

«Por culpa de las bandas de terroristas de Julio Borges, de Henrique Capriles. Asesino Capriles, te digo», aseguró el presidente la noche del miércoles, tras denunciar acciones de violencia que atribuyó a la oposición.

 «Confrontación entre hermanos»    

Las protestas han derivado en fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y jóvenes encapuchados que suelen responder a los gases y chorros con cócteles molotov -con los que ya han incendiado varias tanquetas- y piedras.

La tensión aumentó luego de que Maduro dispuso el miércoles enviar 2.600 militares al estado Táchira (frontera oeste con Colombia), donde desde el lunes se registraron saqueos y disturbios. Unos 500 ya habían llegado a la zona, pero aún no hay fuerte presencia de efectivos en las calles.

La convocatoria por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución caldeó aún más los ánimos de la oposición, que acusa a Maduro de buscar con ello evitar elecciones generales para perpetuarse en el poder.

Unas 700 personas han sido detenidas, de ellas 159 siguen presas por orden de tribunales militares, según la ONG Foro Penal, lo que ha sido criticado por grupos de derechos humanos, gobiernos y organismos internacionales.

«Comienza a vislumbrar la tentación de una confrontación entre hermanos. Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada», manifestó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, a la que el gobierno acusa de actuar como «un partido político opositor».

La situación ha generado fuerte preocupación internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU abordó el miércoles la crisis, en tanto  los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo harán el 31 de mayo.