El presidente de Bolivia deroga una ley de blanqueo rechazada con protestas y paro
Luis Arce explicó que el sentido de la medida es “allanar el camino para que no exista el menor pretexto” para seguir enlutando, maltratando y paralizando” la economía del país. Desde la oposición temían que podría haber sido utilizada como herramienta de persecución política.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que decidió derogar una ley de blanqueo de capitales que condujo a sectores opositores a realizar protestas, por momentos violentas, y decretar un paro por tiempo indefinido hace seis días.
«Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1.386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía», dijo anoche Arce.
El ex presidente Evo Morales, mentor político de Arce, saludó su decisión de revocar la ley, pero dirigentes de derecha que estaban detrás del paro se atribuyeron una victoria y dijeron que el Gobierno de Arce es débil y no tiene rumbo.
El jefe de Estado hizo su anuncio en la Casa Grande del Pueblo, la sede de la Presidencia, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y algunos dirigentes de sectores sociales que respaldan la administración gubernamental.
Las protestas, caracterizadas por marchas y bloqueos de calles, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos afines al gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), y han dejado más de 100 detenidos y varios heridos.
El presidente había afirmado durante la semana que detrás del paro – que se cumple parcialmente en varias zonas del país – había un intento de «tumbar al gobierno».
Por su lado, el opositor Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) aseguraba que el Gobierno buscaba mediante la polémica ley el «control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento».
«Saludamos la decisión de nuestro hermano presidente @LuchoXBolivia de abrogar la Ley 1.386 junto a las organizaciones sociales que son la base del Proceso de Cambio», escribió Morales en Twitter.
«Nuestra política es gobernar obedeciendo al pueblo y proteger la vida y la economía ante los aprestos golpistas», agregó el exmandatario, que fue derrocado en un golpe de Estado en 2019, se exilió en Argentina y regresó a Bolivia tras la asunción de Arce en 2020.
El opositor gobernador del Departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, Luis Fernando Camacho, que apoyó el golpe contra Morales, se atribuyó un triunfo por la derogación de la ley.
«Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que «decidió» abrogar la ley 1.386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado», señaló por Twitter.
Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Potosí, en el suroeste del país, y Santa Cruz, bastión opositor, pero también hubo manifestaciones en todo el país.
La cuestionada ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del extremismo «podrá ser ajustada por el Ejecutivo (…) mediante decreto».
Esto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera a ser usada como herramienta de persecución política.
El alcalde de la ciudad capital de La Paz, el opositor Iván Aria Durán, que fue ministro del Gobierno de facto que sucedió a Morales, dijo en un tuit que Arce «tuvo que retroceder».
«El Gobierno minimizó las protestas cívicas, gremiales y empresariales y tuvo que retroceder. Se cura en salud ante una Asamblea de la Paceñidad prevista para el lunes. Ese día los paceños consolidaremos la libertad y propiedad privada», escribió.
Arce, quien durante la semana había minimizado las protestas, dijo anoche que optó por derogar la ley tras oír «las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales», informó la agencia de noticias AFP.
Hace tres días, en un acto en la región central cocalera de Chapare, feudo político de Morales, Arce había declarado que no pretendía echar marcha atrás, pues el pueblo boliviano había decidido en las urnas en 2019 «que nosotros tenemos que gobernar».
Un día después, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, advirtió que si continuaban el paro y los bloqueos, podía haber desabastecimiento de combustibles en Santa Cruz y en otras zonas del oriente de Bolivia.