En un clima de tensión volvieron las protestas contra Boluarte a las calles de Lima

Miles de peruanos tomaron las calles céntricas de Lima para exigir el fin del gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y del Congreso, a los que calificaron a gritos como “asesina” y “vendepatria”, respectivamente.

Entre diciembre y marzo las manifestaciones dejaron 49 civiles muertos por la respuesta de la Policía y las Fuerzas Militares. Cientos de policías vigilaban a los participantes desde sitios adyacentes, sin que al menos en principio se registraran choques a pesar de la tensión. “Estamos acá para protestar, porque estamos frente a una dictadura que controla todos los poderes, controlan el Congreso, la Justicia, la Fiscalía”, dijo una participante que se identificó como Aurora, profesora de unos 50 años.

La llamada Toma de Lima buscaba concentrar en la capital peruana a manifestantes de diversos puntos del país, pero, según los primeros indicios, la llegada no fue tan masiva como esperaban los organizadores.

El gobierno, criticado nacional e internacionalmente por el “exceso de fuerza” con que respondió a las protestas, ordenó retenes en las afueras de la ciudad, lo que aparentemente desestimuló la llegada, sobre todo desde el sur andino, donde están los mayores focos de oposición.

Las primeras manifestaciones contra Boluarte, que comenzaron desde el mismo 7 de diciembre, cuando al asumir el poder en reemplazo del destituido Pedro Castillo anunció que pretendía quedarse hasta 2026, cuando termina el período de gobierno, se prolongaron por tres meses.

Los 49 muertos directamente entonces en las protestas, que suben hasta alrededor de 70 si se tienen en cuenta hechos colaterales, crearon un marco de tensión y de aparente colapso que, sin embargo, se descomprimió con los desastres naturales, que incluyeron un huracán y decenas de inundaciones en varios puntos del país.

Ahora, la oposición busca reactivar las movilizaciones con base en el malestar ciudadano, que se refleja en todas las encuestas, en que más de 80% rechaza al Gobierno, más de 90% repudia al Congreso y alrededor de 90% exige elecciones anticipadas.