VIERNES, 22 DE NOV

Juzgarán a una empresa japonesa en Ecuador sospechada de imponer una forma actual de esclavitud

Se trata de la firma Furukawa Plantaciones, instalada en el país en 1963 y dedicada al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes que se utilizan para fabricar papel y en las industrias textil y automotriz.

Una empresa japonesa que opera en Ecuador desde hace 60 años fue llamada hoy a juicio por el presunto delito de trata de personas en una “forma contemporánea de esclavitud”, lo que podría costarle la disolución, informaron autoridades.

Además de la compañía, serán procesados bajo la misma acusación tres exfuncionarios ecuatorianos, que serán pasibles de recibir penas de prisión de entre 13 y 26 años.

Se trata de la firma Furukawa Plantaciones, instalada en el país en 1963 y dedicada al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes que se utilizan para fabricar papel y en las industrias textil y automotriz.

La compañía, subsidiaria de la japonesa FPC Marketing, fue denunciada hace varios años por imponer a sus trabajadores “condiciones de vida, vivienda y trabajo indignas, precarias e inhumanas”, según acusó la Fiscalía en 2021.

Eso “habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud”, afirmó la Defensoría del Pueblo en un informe incorporado a la acusación, según la agencia de noticias AFP.

La Fiscalía basó la acusación en testimonios de supuestas víctimas, en su mayoría afrodescendientes y analfabetos, quienes afirmaron que se les negaron equipos de trabajo, ropa y elementos de seguridad.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que probó la falta de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica en los campamentos de trabajo.

En el expediente, decenas de ex obreros acusan a Furukawa, considerada la mayor productora de abacá en Ecuador, de violar derechos humanos y obligar a trabajar en condiciones infrahumanas en sus plantaciones, en las que prestaban servicios familias completas, incluidos niños.

De ser declarada culpable, la empresa podría ser sentenciada a pagar una multa e incluso a ser extinguida.

La firma es propietaria de unas 23.000 hectáreas distribuidas en 32 haciendas que se extienden por tres provincias costeras.

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