La nueva ley de seguridad mexicana va en contra de los Derechos Humanos
Así lo alertó la CIDH en un comunicado oficial. El mismo dice que esta ley conlleva a "la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos" de los mexicanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy que la Ley de Seguridad Interior que se debate en México y que consagra el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana «contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos».
«En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos», advirtió la CIDH, organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado, la Comisión recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los derechos humanos, «incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad».
La Comisión recordó a México que «es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas».
«Se trata -argumentó- de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación».
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, destaca que la aplicación de la norma le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y solo «cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas».
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que la propuesta de Ley de Seguridad Interior conlleva, en los términos en que está planteada, «la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos» de los mexicanos.
Por su parte, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hicieron un llamado a que los senadores no aprueben el documento.