Miles de chilenos se manifestaron contra el sistema privado de pensiones

Si antes fue por una reforma educativa, los chilenos se movilizaron este domingo para acabar con el sistema de pensiones legado por la dictadura de Augusto Pinochet, en una de las mayores manifestaciones callejeras convocadas en Santiago en los últimos años.

Cientos de miles de personas marcharon a lo largo de la céntrica avenida Alameda de Santiago y en las principales ciudades del país, duplicando al más de millón de personas que lo hizo en la primera marcha convocada el pasado 24 de julio, de acuerdo con los organizadores.

En un día primaveral y casi dos semanas después de que la presidenta Michelle Bachelet anunciara modificaciones al cuestionado sistema -que aún no se traducen en un proyecto de ley- miles de familias chilenas exigieron el fin de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

«No queremos más AFPs, ni públicas ni privada», dijo en el acto de cierre de la masiva manifestación, Luis Mesina, vocero del movimiento «No+AFP» que convocó a la marcha.

Instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, las AFPs administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de trabajadores chilenos, entregando pensiones bajísimas a sus afiliados, muy lejos de su promesa de retribuir el 70% del último salario.

Interminables columnas de personas coparon por al menos tres horas ambos lados de la céntrica Alameda, convocando a familias completas que caminaron al ritmo del sonido de contagiosos tambores, portando banderas chilenas y afiches con la consigna «NO+AFP» o «No más pensiones de hambre».

«Venimos hoy con nuestros hijos porque el sistema ya no da para más», dice a la AFP María González, profesora, y quien marchaba hoy junto a sus dos hijos pequeños, de la misma forma en que en 2011 lo hicieron miles de estudiantes para exigir «educación pública, gratuita y de calidad».

Anuncio que no convence 

Tras emprender complicadas reformas al sistema educativo y laboral, la presidenta chilena Michelle Bachelet cedió a las presiones y se lanzó a reformar el sistema de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fuertemente cuestionado por sus bajas retribuciones.

Con un 15% de aprobación, el registro más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Pinochet, Bachelet propuso 12 medidas para modificar el sistema, pero no su completa disolución para avanzar a un «sistema público de pensiones» como exigen los chilenos en las calles.

Entre las medidas propuestas por Bachelet – que todavía no se traducen en ningún proyecto de ley – está el aumentar en 5 puntos desde el 10% actual la tasa de cotización con cargo al empleador, con lo que se espera aumentar el monto de las pensiones tanto de los futuros como de los actuales jubilares.

También propuso fortalecer el llamado «pilar solidario» que permite la entrega de una pensión universal mínima e introducir mayores regulaciones a las AFP, que deberán devolver las comisiones por administración cuando obtengan pérdidas en la administración de los fondos.

Además, el establecimiento de una AFP estatal para darle mayor competencia al sistema. De acuerdo al gobierno, el programa de reformas tendrá un costo de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.500 corresponderá al fisco.

Pionero en el mundo en instaurar la capitalización individual de los trabajadores sin considerar ningún aporte del empleador, el sistema entrega hoy pensiones que en promedio llegan a los 400 dólares, por debajo del salario mínimo.

Las AFPs administran unos 170.000 millones de dólares aportados por los trabajadores, los que son invertidos en acciones o renta fija y cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes.

La asociación de AFP advirtió por su parte que «algunos de los anuncios esbozados pueden terminar perjudicando las pensiones de nuestros afiliados».