Revés judicial para Uber en la Unión Europea

La justicia europea determinó este miércoles que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, un revés judicial para la plataforma estadounidense blanco de las críticas de taxistas en todo el mundo.

«El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes», por lo que los países «pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio», indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Con este fallo que sienta jurisprudencia en la UE, el alto tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona (noreste de España) sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica antes de resolver una demanda interpuesta en 2014 por la asociación Élite Taxi por competencia desleal.

La empresa con sede en Estados Unidos estimó que la decisión judicial no cambiará la situación «en la mayoría de los países de la UE», donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional, indicó a la AFP una portavoz de Uber.

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La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta desde España a Brasil, pasando por El Salvador.

La justicia europea considera que Uber «no se limita a un servicio de intermediación», de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.

En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones.

Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.