Un ex ministro de Áñez puede recibir hasta 20 años de cárcel por sobornos y lavado

El ex ministro de Gobierno de la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, puede llegar a ser condenado a cumplir veinte años de prisión por los delitos de lavado de dinero y sobornos, junto a su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses.

El ex funcionario Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos y por ello el Departamento de Justicia del país norteamericano emitió un comunicado que precisa: «Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero».

Murillo y su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, «están acusados ​​de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos», amplía el Departamento de Justicia.

«Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36, y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020», en el que los estadounidenses «pagaron $ 602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano. funcionario del gobierno».

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $ 5,6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

«Para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $ 582,000 en efectivo para Murillo y Méndez», relata la comunicación oficial.

«Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión», agrega, y precisa que el fiscal federal adjunto Marx P. Calderón «está manejando el decomiso de activos», de los acusados.

Tal vez con alguna información previa, el actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, anunció en La Paz que se había decidido pedir a Estados Unidos la extradición de Murillo y Méndez, que están acusados en Bolivia de malversación de fondos públicos con la compra con sobreprecios de materiales antidisturbios para las fuerzas armadas y de seguridad boliviana.

En ese momento del día sólo estaba confirmada la detención de Méndez, el últimos viernes, por una comisión de la Policía Federal estadounidense (FBI) a raíz de un informe que lo involucra en delitos de soborno, blanqueo de capitales y conspiración.

Además, el Ejecutivo boliviano pedirá la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López, investigado en el mismo caso, quien estaría en Brasil.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones.

Para Del Castillo, los 2,3 millones que faltan son un «robo al pueblo boliviano» por parte de lo que calificó como un «clan mafioso».

Según la información de las autoridades bolivianas, Murillo se encuentra en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2020. Salió del país semanas después del triunfo del presidente, Luis Arce, en las elecciones de octubre, que significaron el fin del gobierno de facto y el regreso al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de que el líder de ese partido, Evo Morales, fuera forzado a renunciar a la presidencia.

También en relación con estas compras con sobreprecio, el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, informó de la detención de Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Murillo, y de Daniel Bellot, un expolicía que trabajó para Murillo.

Aliss Paredes fue detenido en Cochabamba en un operativo de Inteligencia que lo interceptó cuando pretendía retirar dinero y objetos de valor de una caja de seguridad bancaria a nombre de Murillo.

«Sería el cuarto retiro que estaría realizando de una caja de seguridad en un banco privado del país», informó Rodas, que ha detallado que esa circunstancia levantó las «sospechas» de las autoridades, informa la agencia ABI.

Según fuentes oficiales, la investigación evidenció que se transfirieron 5,6 millones de dólares del Banco Central de Bolivia a una cuenta privada en Estados Unidos.

En cuanto a Bellot, fue detenido y trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que preste declaración en calidad de testigo por la compra del material antidisturbios, según radio Éxito.

En una de las primera reacciones opositoras, el expresidente boliviano Jorge «Tuto» Quiroga, dijo a ravés de su cuenta de Twitter que «todos los integrantes de esta pandilla deben cumplir las condenas que les aplique la justicia de EEUU, y después ser enviado a Bolivia a purgar sus delitos. Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro», y termina elogiando la tarea investigativa de los organismos estadounidenses.