Cinco años, 22 muertos, amedrentamientos y ningún responsable preso

Pasaron cinco años, 22 personas murieron, otros tantos agradecen estar vivos, muchas familias quedaron destrozadas y la impunidad mostró su cara más siniestra.

El 6 agosto de 2013, Rosario sufrió una de las tragedias más dolorosas de su historia marcando un antes y un después de una ciudad que mostró una solidaridad absoluta.

La explosión del edificio de calle Salta 2141 dejó un saldo 22 muertos y decenas de heridos. Hoy se cumplen cinco años de esa fatídica mañana y pareciera que todo sigue igual. Las lágrimas de los familiares de las víctimas y la impotencia de no obtener justicia.

En la causa se encuentran procesados por estrago culposo agravado el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes manipulaban las instalaciones cuando se desató la explosión; otro gasista que había trabajado en el mismo edificio unos días antes, José Allal, y los tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. Además de tres inspectores de Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra; pero la fecha del juicio todavía es una incertidumbre.

«Son encubridores de una empresa privada que se lleva el dinero de los rosarinos»

En principio, el inicio del juicio dependía de los resultados de las últimas pericias técnicas sobre los restos de las instalaciones de gas rescatadas entre los escombros de los edificios, al menos eso era lo que habían indicado desde Tribunales provinciales.

El análisis fue encargado a peritos de la Policía Judicial de Córdoba que durante el mes de septiembre del 2017 trabajaron sobre la cañería, el regulador y el gabinete que estallaron la mañana del 6 de agosto de 2013. El informe buscaba establecer cómo se desencadenó la fuga de gas que provocó la mayor tragedia de la historia en la ciudad, pero Litoral Gas la recusó.

De acuerdo a lo informado por un familiar de una de las víctimas, «los peritos se toman un mes y medio entre reunión y reunión. Litoral Gas puso tres, al igual que Enargas -a pesar de no ser parte del juicio-, mientras que la querella sólo pudo acceder a uno«.

«La causa está totalmente incompleta porque creemos que hay una responsabilidad mayor y es la del director de Litoral Gas, que era quien llevaba adelante la política de la empresa. En ese momento nadie cortaba el gas. No está la responsabilidad del Enargas ni de quien lo manejaba. Pasaron cinco años y ni siquiera tenemos lista la pericia», remarcó Eleonora Bladi López en diálogo con Conclusión.

Y señaló: «Hace opoco recibimos una carta de actual director Enargas (Maurio Roitman) diciendo que no tenemos drecho a nada, ni audiecia pública, ni reunión con él, ni acceso a la información publica que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener».

«Una empresa privada que distribuye un servicio público y una Estado que no funciona es criminal»

La semana próxima los peritos se van a reunir en Córdoba y a partir de allí se debería resolver el sorteo de jueces. En ese sentido, los familiares se mostraron desesperanzados y aseguraron que «Litoral Gas hace lo que quiere».

«No pararon de entorpecer la causa con millones de recursos, con frenos a las pericias y hasta amedrentando a la fiscal», concluyó.

Hoy, a cinco años de la peor tragedia vivida en Rosario sólo quedan pocos familiares siguiendo la causa ya que según manifestaron «la Justicia no da garantías» y es que, si uno de los once imputados resulta absuelto, estaría técnicamente habilitado para accionar civilmente contra los familiares de las víctimas. Y estos deberían responder con su patrimonio.