El lunes se vuelve a tratar en Comisión el precio del boleto

Nuevo impasse hasta el lunes a las 9, momento en que volverá a reunirse la comisión de Servicios Públicos para tratar la tarifa del boleto ante los reiterados fracasos de poder establecer el precio final de valor del pasaje del transporte urbano de pasajeros. Emergieron propuestas, a corto y mediano plazo, y otras que se ofrecieron como una solución estructural a la mecánica que ha tomado el debate por el tema.

Si bien hoy se postergó el tratamiento del tema, ya que la Comisión duró reunida menos de dos minutos, por ser avisados sus integrantes que la empresa Rosario Bus hizo efectivo el pago de lo adeudado a los choferes y por lo tanto la suspensión de la medida de fuerza a las 24 de esta noche, el oficialismo no dudó en postergar el debate.

La tarifa del boleto obligó a reflexionar sobre la necesidad de ensayar respuestas apelando al ingenio y sobre una mejor disposición de los medios que el Estado municipal tiene «a mano» para sortear la crisis generada, sin desconocer que el descontento social fue muy grande.

Momentos previos a la reunión de la comisión de Servicios Públicos, Conclusión dialogó con el presidente del Concejo Miguél Zamarini y el edil Osvaldo Miatello, quienes se expidieron sobre el tema abordándolo desde diferentes ópticas.

Ambos, participaron sus propuestas, Zamarini con la creación de un ente provincial que regule la tarifa, y Miatello proponiendo una actualización del precio del boleto atada a las recomposiciones salariales de los trabajadores en sus negociaciones colectivas..

El presidente del Concejo, diálogo con Conclusión, y plasmó su pensamiento minutos antes de que la comisión de Servicios Públicos reanudara su funcionamiento. El legislador, consideró que lo que la intendenta dijo que «es favorable, primero hay que pagar los sueldos y luego a los proveedores, con el conflicto resuelto, para bajar la presión».

Sin embargo, deslizó que «el planteo público de la intendenta le quitará presión al Concejo pero no lo libera de sus obligaciones» dijo.

«Esta nueva situación  -dice Zamarini-  permitirá que emerjan propuestas de distintos bloques, y que podrán ser tratadas con menos apuro, pero con el transporte funcionando, y sin liberar de la responsabilidad a los concejales de encontrar una solución».

Consultado si visualizaba que el impedimento de resolver el tema, era más de orden técnico y/o político, el legislador dijo: «existe una conjunción de ambas, porque lo político es parte de la realidad del Concejo, sería muy fácil establecer una tarifa trasladándole al ciudadano el costo. El Estado municipal esta obligado al igual que nosotros a buscar alternativas, pero el aporte de fondos de rentas generales al fondo compensador del transporte, corresponde al ejecutivo, algo a considerar que no estaba en la agenda que se trató hasta el día de hoy».

Miatello, reveló sobre este punto, que «desde el ejecutivo local podrían afectar 36 millones de pesos al fondo compensador para que no impacte tanto el precio del boleto en el bolsillo del trabajador».

En el mismo sentido, Zamarini entiende que la reticencia oficial «caminaba hacia una derrota que no se plasmó porque no se trata de ganar o perder sino de encontrar una solución, la heterogeneidad de la oposición dificulta el encuentro, pero paulatinamente se van abriendo caminos para atenuar el nivel de tensión que se generó ayer al terminar el día, sin ningún resultado favorable para la población».

De allí que el planteo político de la oposición obliga, porque hay propuestas concretas que no se pueden desconocer por parte del oficialismo, sino el tema no avanzará».

Será necesario encontrar otras variables puesto que carece de seriedad pretender desde la intendencia centrar toda la responsabilidad solamente sobre el Concejo.

Zamarini, ducho en estas lides lo describe diciendo «queremos seriedad y compromiso, no puede ser que si se vota el incremento es culpa del Concejo y si no lo hace también es responsabilidad del Concejo porque no funciona» aseveró.

En el discurso que dió  Mónica Fein a media mañana, la intendenta, convocó a la esfera provincial a participar de la solución del tema. Se dirigió a los legisladores provinciales pidiéndoles que tomen la iniciativa de cederle a los municipios la potestad de fijar las tarifas, injerencia que ya se había materializado cuando la legislatura santafesina intervino para fijar el número de concejales con el que se tenia que constituir el Concejo Municipal de Rosario, por la denominada ley Borgonovo.

En sintonía con lo expresado anteriormente, el presidente del Concejo profundizó su posición al afirmar que «quien administra el sistema debe fijar la tarifa, tiene que haber un ente técnico y/o político como lo es el Ente de la Movilidad, en el orden provincial, donde el concejo debe tener representación con la posibilidad de proponer y apelar, de manera que el estudio técnico sea fijado y elaborado por ese organismo a crear, pero también existe mora por parte de la intendencia porque esto no se propuso antes», así bosquejó el titular del Palacio Vasallo una solución estratégica a futuro.

Por su lado, Miatello, entiende que a mediano plazo se podría resolver «instrumentando un mecanismo de actualización de tarifas del boleto vinculada a la evolución de sus haberes, de manera de equiparar el costo de un pasaje a la variable del usuario que vive de un salario». De esta manera, las paritarias establecerían el índice testigo para fijar una actualización del costo.

Al finalizar la reunión de la comisión de Servicios Públicos, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, Carlos Comi, exhortó a la UTA para que se adelante la hora fijada para levantar la medida de fuerza. «Es vital reestablecer la normalidad en la ciudad», pidió.

Si bien la complejidad de la diversidad de representación políticas que existen dentro del órganos legislativo local, posterga las decisiones, permite que la democracia salga fortalecida, lo que hace pensar que el Concejo que viene será sumamente complejo, fijar la tarifa no le aporta ni le quita nada al parlamento rosarino, también, no es menos cierto que se impone una urgente modificación de la ley de municipios que ya ha perdido vigencia.