Exigen que se investigue la muerte de un joven por sobremedicación en una clínica de salud mental
Juan Gabriel Zárate falleció el pasado 30 de agosto en circunstancias no aclaradas ni informadas por la clínica donde estaba internado. La familia no pudo acceder al cuerpo del muchacho y fue enterrado en el cementerio sin previa autopsia. Mientras esperan los resultados de las pericias, denuncian que las instituciones psiquiátricas violan sistemáticamente la ley de salud mental con la venia del Estado.
El teléfono sonó en la casa de los Zárate, en barrio Las Flores. Al levantar el teléfono, una voz le comunicó a la mamá de Juan Gabriel Zárate que su hijo de 18 años había fallecido varias horas antes, a las seis de la mañana del viernes 30 de agosto, en la clínica Avenida donde estaba internado. La señora no dio crédito a las frías palabras que sonaban desde el auricular y todo se tornó oscuro para la desamparada y humilde familia. Cayó la noche. Madre y hermanas se hicieron presentes en la puerta de la clínica, pero nadie les abrió la puerta. De nuevo, una voz fría confirmó el fallecimiento de Juan Gabriel a través de un altavoz. Ante la insistencia para poder ver a su hijo, de la puerta no emergió un médico: un oficial de seguridad sale para exigirles que se retiren. Con miedo, la familia obedeció.
La historia de Juan Gabriel Zárate podría ser contada como un partido de tenis, donde desde los 17 años, rebotó entre diferentes efectores hasta que fue derivado a la clínica Avenida y la clínica Impar, ambas denunciadas (la segunda, en reiteradas ocasiones) como “la clínica del terror”, dado que se han registrado que los pacientes son golpeados, sobremedicados, atados a sus camas y sostenidos en estados de abandono y falta de cuidado constante.
Lucila Baravalle, una de las acompañantes terapéuticas asignadas a Juan e integrante del dispositivo terapéutico Programa Andrés, contó a Conclusión que Zárate fue informado muerto a las 6 AM del 30 de agosto pasado por los médicos de la Clínica Avenida (Mitre 2222), avisaron a sus familiares varias horas después del fallecimiento del paciente y que “nunca le dejaron ver el cuerpo a los familiares. El Sies trasladó el cuerpo al Instituto Médico Legal a las 21.30 de esa misma jornada,donde supuestamente el lunes se iniciaba la autopsia”.
Al día siguiente, el domingo por la mañana informaron a la familia que debían “si o si enterrarlo y, que la autopsia no se realiza porque ya estaba el certificado de defunción”, el cual sostenía a los curiosos que la causa del fallecimiento de Juan fue “muerte súbita”. Los acompañantes terapéuticos que conocieron al joven denunciaron frente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) las irregularidades alrededor de su muerte, ya que aseguran que en las dos clínicas donde estuvo alojado en los últimos meses le ingresaban demasiada medicación.
Según lo denunciado por los familiares frente al Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), realizada dos días después de la muerte el lunes 2 de septiembre, había una diferencia grosera entre el horario de fallecimiento dicho por las autoridades de la Clínica Avenida y el acta de fallecimiento presentada en el IML, que consignaba el deceso a las 7.30 AM, y no en la madrugada como les habían dicho. «Ni nosotros (los familiares) ni el equipo de acompañantes (entre ellos, Baravalle) tuvo noticias hasta las 21.30, cuando se lo trasladó (al cuerpo) al IML. No permitieron que nadie viera el cuerpo ni practicaran autopsia pese a nuestro pedido«, expresaron los deudos en la denuncia. De allí se desprende que recién dos días después, el domingo a las 10.30 AM entregaron el cuerpo «a cajón cerrado» a la familia: «En el IML nos dijeron que no pudieron hacer la autopsia porque la clínica no lo permite y que no lo podíamos velar«.
Una historia de abusos y encubrimientos
La acompañante terapéutica describió a este diario que Zárate estuvo internado entre los días 12 y 14 de enero, hasta que fue traslado a la Clínica Impar (1° de mayo al 1700) durante seis meses, lugar que Ballavere caracterizó como “una clínica horrible en todo sentido y es privada. Cuando no hay lugar para enviar a un nuevo paciente a los efectores públicos, el Estado municipal los deriva a instituciones privadas y les brinda un abono de 800 mil pesos por mes”, a modo de costeo de la internación en dicho espacio.
Lucila apuntó que la institución fue denunciada en reiteradas ocasiones por situaciones de manicomialización de los pacientes, agresiones reiteradas y abandono de sus internos, llegando a albergar a más personas de las que está habilitada a tener.
Al ser consultada sobre si habían podido constatar esta irregularidad más allá de los rumores y calificaciones por Internet -las cuales son reiteradas y con distintos niveles de frecuencia a lo largo de los últimos años-, la integrante del Programa Andrés explicó a Conclusión que Juan no era el único paciente que acompañaban, sin mencionar que no perdieron contacto con él después de su paso por los efectores públicos, sino todo lo contrario. “Me porto bien o pichicata” era una de las expresiones frecuentes de Juan en sus últimos días.
Según la estudiante de psicología pronta a recibirse, los acompañantes de Zárate comenzaron a ver cambios en la conducta en el chico a partir de este cambio de hogar: “Los acompañantes empezaron a verlo somnoliento, le costaba hablar. Cuando lo conocí en el (hospital) Alberdi hablaba fluido, pero con el correr de los meses empezaba a trabarse, no controlaba los esfìnmteres”, subrayó.
En marzo, los acompañantes terapéuticos informaron por medios formales e informales cada situación de Juan tanto a la secretaría de Salud municipal como a la Dirección de Salud Mental de la provincia. No obstante, el calvario no tendría fin. “Lo sobremedicaron, lo ataron a la cama. A veces aparecía con la cara con hematomas de haber sido golpeado”, relató la joven terapeuta, quien brindó un dato estremecedor: el paciente fue ingresado por una infección urinaria, la cual fue señalada por los médicos como producto del exceso de la medicación para sostener un estado de letanía en el chico. Dos semanas después, Zárate regresó al Alberdi para que se le practicara el protocolo de profilaxis: había sido abusado sexualmente por un interno en Impar.
Zárate fue derivado a la Clínica Avenida, una institución psiquiátrica con vínculos con Impar y con la misma reputación respecto de sus tratos con los internos: 26 días después estaba muerto.
“La ley de Salud Mental establece que las instituciones psiquiátricas no pueden usar métodos como la sujeción y chaleco químico para que los pacientes nos molesten”, esgrimió Baravalle, y apuntó que el caso de Juan Gabriel es uno entre muchos, donde sin discriminar edad, sexo o etnia, el sistema de salud mental y no tiene los recursos para apoyar todas las demandas de crisis subjetivas, por lo que se los deriva a espacios que “no respetan a los pacientes y que violan sistemáticamente la ley actual de Salud Mental y manicomializan a los pacientes”, mientras son subvencionados por el Estado Municipal para alojarlos en las instalaciones, aún conocimiento de los horrores que ocurren puertas adentro.
Finalmente, tras las acciones legales sostenidas, la Justicia determinó que se realizara una pericia forense al cuerpo de Juan Gabriel, el cual fue exhumado del cementerio «La Piedad» y se le practicó una autopsia el pasado lunes 9 de septiembre, casi 10 días después de su fallecimiento y sin que se hubieran tomado medidas de ningún tipo para preservar su cuerpo.
En la pericia estuvieron presentes once agentes del IML de Rosario, tres agentes del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, dos agentes de parte de los denunciantes, tres agentes de oficio, un agente perito forense representando a la clínica Avenida donde murió Juan y una agente perito forense propuesto por la secretaria de Salud municipal. Durante el proceso de la autopsia se tomaron muestras biológicas y toxicológicas del cuerpo, de cuyos análisis se conocerán los resultados recién en un mes.