Exjefe de Inteligencia fue condenado por robar documentación de la dictadura

Un exjefe de Inteligencia del II Cuerpo del Ejército durante el primer año de democracia fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión como partícipe necesario del robo a los Tribunales Provinciales de Rosario, ocurrido el 8 de octubre de 1984, cuando un grupo armado sustrajo la primera causa por delitos de lesa humanidad y la documentación secuestrada unos días antes por un juez, informaron fuentes judiciales.

El fiscal a cargo de la unidad de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, su adscripto Juan Patricio Murray y la sobreviviente de la dictadura Adriana Arce, dieron a conocer el alcance de un juicio abreviado por el que fue condenado el excoronel Héctor Fructuoso Funes como partícipe necesario.

Funes era el jefe de Inteligencia del Comando de II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, cuando se produjo el robo de la documentación que comprometía al poder militar con la represión ilegal.

A través de un juicio abreviado homologado por la Justicia Federal, el militar retirado de 86 años, que cumple prisión domiciliaria en Bahía Blanca, aceptó su culpa en el hecho, pero «no sólo admite su responsabilidad, sino que está hablando de la responsabilidad del Ejército Argentino institucionalmente» en aquella operación, dijo Murray.

«La aceptación no sólo habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y haberlas impartido», precisó el fiscal en rueda de prensa.

Agregó que «las órdenes que él recibe es para juntar información, transformar esa información en inteligencia que le suministra al comandante del II Cuerpo de Ejército, al general (Víctor) Pino Cano, y a partir de Pino Cano recibe las órdenes para junto con el jefe de operaciones del G3 del Comando del II Cuerpo, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, diseñar una operación especial de inteligencia, que es el robo a Tribunales».

Adriana Arce, que participó de los allanamientos ordenados en 1984 por el juez penal rosarino Francisco Martínez Fermoselle, en los que se secuestró la documentación luego robada, recordó que «lo que siempre se dijo era que este hecho había sido ejecutado por la mano de obra desocupada de los grupos paramilitares que habían existido durante la dictadura».

«Eso es lo que todas las veces nos respondieron, llevo 38 años denunciando eso. Así fue como quedó y parecía que esa era la verdad», sostuvo Arce, para agregar que «ahora con toda esta investigación, queda desnaturalizado eso, y queda claro que no fue así».

«Queda asentado que desde el Ejército y durante el gobierno democrático del doctor Alfonsín, se seguían haciendo operaciones ilegales. Que no era solo la patota o un grupo paramilitar», remarcó la sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la exFábrica Militar de Armas «Domingo Matheu».

«Ahora sabemos que fue el Ejército argentino, fue el coronel Héctor Fructuoso Funes, y no fue él por su voluntad individual sino porque recibió órdenes y emitió órdenes para que se ejecuten», completó Murray.

El robo a los Tribunales de Rosario ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 1984, dos meses antes de cumplirse el primer año del retorno de la democracia.

Días antes el juez Martínez Fermoselle había ordenado allanamientos y secuestro de documentación por las denuncias realizadas por la delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), en lo que se conocería como la «causa Feced».

Arce participó de esos allanamientos y del secuestro de la documentación, en gran parte hallada en domicilios relacionados con el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 de Inteligencia, Walter Pérez Blanco.

Un grupo de personas armadas redujo al personal policial que custodiaba Tribunales, lo encerró en una habitación y violentó el despacho del juez, para llevarse los tres cuerpos de la causa Feced y toda la documentación, donde había libretas con nombres, direcciones, fotografías y archivos vinculados a la represión ilegal.

Tras ser declarados delitos conexos con los de lesa humanidad, Villate inició una investigación sobre el robo que derivó en la condena a Funes, el único imputado vivo en la causa tras las muertes de Pino Cano y el coronel (re) Luis Américo Muñoz.

Villate explicó que decidió el juicio abreviado por ser un caso que «tiene la particularidad que no tiene víctimas directas que conocemos en las causas de lesa como desaparecidos, asesinados y personas torturadas o secuestradas» y que «los delitos cometidos tienen penas muy inferiores a las que estamos acostumbrados, que en el caso de los homicidios calificados son perpetuas».

«Nos pareció que en este caso y por todas estas circunstancias, era estratégicamente conveniente tener cuanto antes una condena», dijo. Añadió que el acusado está vivo y admitió ‘la responsabilidad y que se me imponga una condena de 4 años de prisión'».

El juez Martínez condenó a Funes como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad, robo y supresión de medios de prueba y de documento público, según se lee en la sentencia. Al haber transcurrido en prisión preventiva desde 2019, quedará libre el 13 de mayo.