Ley de humedales: necesidad de protección y presiones del sector productivo

Por Guido Brunet

La quema de pastizales en las «islas» entrerrianas frente a Rosario llenó de humo la ciudad. Y con él volvió la discusión por la tan ansiada ley de humedales, que proteja la zona y evite la explotación discriminada de este ecosistema.

Los humedales ocupan aproximadamente el 21% del territorio de Argentina, y aunque son heterogéneos entre sí, tienen como condición básica permanecer en condiciones de inundación o, por lo menos, con su suelo saturado con agua durante largos períodos de tiempo. También se distinguen por la variada presencia de plantas y animales en su superficie.

El licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Julián Monkes señala que estos sistemas “tienen un gran aporte en términos de biodiversidad, sobre todo en el Delta del Paraná”.

Pero uno de los mayores recursos de estas áreas es la amortiguación de inundaciones. “Son como una esponja –compara Monkes-, cuando hay exceso de agua por precipitaciones. El suelo del humedal es muy poroso y absorbe el agua. Eso hace que río abajo no haya inundaciones”, destaca el especialista en diálogo con Conclusión.

Sin embargo, las modificaciones del terreno dificultan que se provea ese beneficio, lo que puede generar inundaciones. “Cuando hablamos de modificaciones, nos referimos a grandes hectáreas, no pequeños productores que hacen un dique o un terraplén”, detalla Monkes.

El especialista en medio ambiente remarca la heterogeneidad del Delta, al mencionar que “en la parte de Tigre hay junqueros, pequeños productores frutihortícolas, pequeños productores forestales. Y en la zona de Entre Ríos tenés emprendimientos inmobiliarios y el avance de la soja”. “Son realidades complejas, procesos productivos distintos que hacen diferente presión sobre el ecosistema”, completa.

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Ley en suspenso

Una de las grandes luchas de los movimientos ambientales es la de tener una ley de Humedales. Se discutieron dos proyectos en la Legislatura, en 2013 y 2016, ambos aprobados por el Senado. Pero al no ser discutidos en Diputados perdieron estado parlamentario.

Sobre los lineamientos generales de los proyectos, Monkes explica que “a nivel nacional se establece un piso mínimo de cuánto hay que conservar el ecosistema y desde ahí las provincias pueden elegir aumentarlo o no. Eso hace definir reglas de juego básicas para poder vivir y producir en el humedal”.

“Los proyectos permitían ciertos tipos de producciones y prohibir o regular otras, que cambien el suelo y lo sequen, como por ejemplo, grandes superficies de soja, que elevan el terreno para la producción”, remarca el licenciado.

A pesar de ser un pedido que lleva años y de haberse presentado dos proyectos de ley en este sentido, la ley de humedales aún continúa cajoneada. Las razones, según Monkes, son los grandes intereses alrededor de estos sistemas.

“Los humedales abarcan desde la turbera en Tierra del Fuego, el Delta del Paraná y los salares de altura en Jujuy. Por eso los intereses para que esa ley no salga eran muy variados y había muchos y había presiones de muchos grupos en paralelo”, apuntó.

El primer proyecto, que estaba apuntado justamente al Delta del Paraná, fue aprobado en el Senado casi sin discusión y luego se paralizó en Diputados. “Había productores que tenían miedo de que les tiren los diques y terraplenes, y no era esa la idea. Así que creo que faltó mayor consenso con el sector productivo del agro”, dice Monkes.

Con el segundo proyecto hubo más consenso, pero “aparecieron intereses más explícitos de la minería, vinculados a los salares de altura de Jujuy, donde hay litio”.

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Adaptación a la producción sustentable

Como solución “de fondo” desde diversos niveles del Estado, tanto municipal, provincial como nacional manifestaron que la alternativa para evitar que se vuelvan a producir incendios de pastizales es fomentar una producción sustentable en las islas.

En este sentido, Monkes afirmó que “las mejores políticas ambientales son las productivas, entendiendo los ciclos ecológicos de cada sistema”.

“Si la producción directamente modifica el ecosistema, como secar el humedal es una cosa, pero si haces pequeños diques que permitan que el agua ingrese se pueden hacer muchos tipos de producciones. La producción frutihortícola me parece sustentable, y en Argentina hace falta; la ganadería también puede ser sustentable.

Pero el especialista aclara que “hay que poner el ojo en las grandes producciones que generan grandes impactos. Para mí la solución no es hacer un gran parque nacional y no permitir la producción, sino que haya producción no tan grande y que no modifique estructuralmente el sistema. Para producir siempre tenés que modificar el sistema en un punto, para obtener recursos. De hecho es la mejor política para vincularnos al ambiente y generar arraigo en la zona”.

No obstante, Monkes opina que “la transición tiene que estar orientada y financiada por el Estado, porque si no termina siendo orientada por el mercado”.

“Entonces, si sale un sello verde de producción del Delta, quienes pueden adaptarse mejor a eso son los productores con mayor capital. Y los pequeños productores quedan muy desfavorecidos frente a ese mercado que se abre. Pienso en la producción forestal del Delta que tiene destino de exportación. Ese sello verde requiere una serie de pautas y normas de conservación, como dejar un corredor verde, tener cierto manejo del ciclo de agua con cierta tecnología, que eso los pequeños no lo tienen. Así que terminarían quedando más atrás, tras que ya hay una situación de desigualdad socio económica. Me gustaría que la transición sea justa y permita equilibrar ese desbarajuste, y no que lo incremente”, cerró Monkes.