Más de 70% de los homicidios en Rosario estuvieron vinculados a organizaciones criminales

El informe 2022 fue dado a conocer este martes en la sede de la Facultad de Derecho. Allí, la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren expuso por el lapso de casi dos horas el trabajo encauzado por la Fiscalía Regional de la 2da Circunscripción.

El detallado informe difundido dio cuenta que los hechos de violencia en Rosario no disminuyen en los últimos años. Durante 2022 ocurrieron 287 homicidios en el departamento, con más de 22 victimas cada 100 mil habitantes. De este modo, 9 de cada 10 homicidios son con arma de fuego.

También se desprende que el 72,1% de los homicidios están vinculados a organizaciones criminales, y que las muertes en contexto de robo no llegan al 5%. En tanto, los fallecimientos en conflictos interpersonales alcanzaron casi el 10%.

Según la fiscal Irribarren, entre los barrios con mayor criminalidad por la disputa del territorio entre bandas están Las Flores, Empalme Graneros, Ludueña y Godoy.

En ese marco, hubo durante 2022 casi mil llamados por mes al 911 por violencias por armas de fuego en Rosario. En 2021 fueron 1.105 llamados a la línea de emergencia, mientras que en 2022 la cifra casi se igualó con 964 llamados.

Irribarren además expuso que se reforzaron las unidades fiscales durante el año pasado, buscando establecer conexiones con el narcotráfico y subrayó que el bajo numero de condenas por lavado de activos, siendo apenas 5 las condenas, además del decomiso de inmuebles y vehículos.

El auditorio de la Facultad estuvo casi completo casi en su totalidad, donde funcionarios de los tres poderes del Estado se dieron cita para escuchar en detalle lo que la Unidad Fiscal II tenía para decir. Fue así que Irribarren volvió a pedir más recursos para la investigación judicial, haciendo hincapié en la creación de equipos de trabajo especializados.

La Fiscal Regional que insistió en que en la actualidad la Unidad cuenta con once fiscales menos en comparación con 2020, y recalcó que están comprobados los gerenciamientos de las bandas criminales desde las cárceles, poniendo como ejemplo los barrios de Ludueña y Empalme Graneros con un incremento de balaceras, atentados y hechos de violencia.

En diálogo con los medios –entre ellos Conclusión– Iribarren apuntó: “El índice de delitos violentos se ha incrementado notablemente, y hace muchos años que los recursos no se incrementan en la misma proporción”.

“La falta de recursos tiene que ver con que tenemos una asignación de personal que realmente no tienen ninguna relación con el tipo de conflictividad que vivimos en la ciudad de Rosario. Comparándonos con Córdoba y Mendoza vemos que tenemos una desproporción absurda de los recursos a disposición. Rosario tiene la tasa de homicidios y de delitos violentos más alta de todo el país, por lo tanto, esa demanda de asignación de recursos no es una cosa nueva. Nosotros vamos reorganizando nuestra forma de trabajo para poder afrontar la violencia altamente lesiva que sufrimos, pero para tener un salto de calidad necesitamos más recursos”, agregó la fiscal regional.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostuvo: “Hace un tiempo denunciamos la fuerte discriminación en el número de patrulleros que tiene la ciudad. Hoy quedó claro el fuerte debilitamiento que tiene la Fiscalía Regional II. Tiene un cuarto del personal que Mendoza o Córdoba”.

Y completó: “Venimos padeciendo un permanente comentario sobre lo que sucede en Rosario, pero una totalidad incompatibilidad entre el comentario y las medidas que se toman para prevenir los hechos en la ciudad”.

Por último, el diputado provincial Rubén Giustiniani destacó: “Se necesita más presupuesto, más fiscales, más asistentes, más personal de planta permanente. La respuesta a la situación que viven Rosario y la región es insuficiente, las muertes y los delitos crecen, pero con respecto a 2012 la planta de personal ha disminuido”.

Y concluyó: “No se puede tener celulares en las cárceles, esto está prohibido por una ley nacional a la que la provincia de Santa Fe adhirió. Es fundamental exigirle al gobierno provincial que se corte ese circuito donde se maneja el delito y las calles desde las cárceles”.