Mientras grandes ciudades congelan los alquileres, en Rosario no hay respuestas

El Concejo Municipal de Rosario dio este jueves el visto bueno a la construcción de dos megatorres en la «manzana 125», comprendida entre las calles Córdoba, Corrientes, Paraguay y Rioja.

Los bloques del Frente Progresista y Cambiemos, junto con el edil justicialista Osvaldo Miatello fueron quienes apoyaron el desarrollo del megaproyecto. Los concejales que se expresaron en contra de la iniciativa, indicaron que está bastante lejos de combatir la problemática de los altos precios de alquileres que el negocio inmobiliario impone a las viviendas de la ciudad, si no que por el contrario, lo fomentaría.

Desde Concejalía Popular afirmaron que en Argentina, pasó del 1 al 6 por ciento la morosidad y el 32% debió rescindir o no renovar el contrato por no poder afrontar los aumentos.

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Uno de los concejales que se manifestó contra el accionar del Concejo fue Juan Monteverde, de Ciudad Futura, quien tomó como ejemplo las medidas tomadas por las grandes ciudades del mundo para luchar contra el negocio inmobiliario.

Tal es el caso de París, donde se limitaron los precios de alquileres a niveles de referencia que son controlados por el Estado. Esta medida se aplica a los nuevos contratos de arrendamiento y a las futuras renovaciones.

Berlín, por otro lado, congeló los precios de alquileres por cinco años. En este sentido, durante el último tiempo éstos costos aumentaron cerca de un 40 por ciento. Este plan impulsado en la capital de Alemania, destina presupuestos para la construcción de viviendas sociales y para ayudar a que las familias puedan comprar una propiedad.

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En Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, el Senado aprobó la semana pasada una ley para proteger los inquilinos ante desalojos o desplazamientos forzados a través de la regulación de los precios de los alquileres.

Otra de las ciudades fue Barcelona, donde el 30 por ciento de los nuevos edificios deberán ser vivienda protegida, es decir, destinarse a vivienda social.

«Mañana el Concejo va a hacer más ricos a los ricos, mientras los problemas de la mayoría siguen sin respuesta. Claro, las elecciones ya pasaron. Gracias a los concejales que lo hicieron posible», apuntó antes de la sesión Monteverde a través de su cuenta de Twitter.

París, Berlín, Barcelona, Rosario.
¿Quiénes son los que van a contramano del mundo?
Mañana el Concejo va a hacer más ricos a los ricos, mientras los problemas de la mayoría siguen sin respuesta. Claro, las elecciones ya pasaron. Gracias a los concejales que lo hicieron posible? pic.twitter.com/CMStN4HfVg

— Juan Monteverde (@juanmonteverde) 3 de julio de 2019

¿Se puede imitar en Rosario?

“No existe regulación en ningún lugar del país”, comentó Ariel D’Orazio, a cargo del área de Vivienda de la Oficina del Consumidor de Rosario y dirigente de la Concejalía Popular, en diálogo con Conclusión

“Está comprobado que se puede regular el alquiler. Si bien las realidades de Paris o Berlín son muy diferentes a las nuestras, creemos que acá también se puede hacer. Los ejemplos son tomados por nosotros”, remarcó.

“La única opción es indexar los contratos por el tiempo que dure. Pero igualmente se incrementan anual o semestralmente, y hasta cuatrimestralmente”, consignó D’Orazio. “Eso está prohibido, pero el dueño se niega a cumplir y las inmobiliarias lo hacen igual. Está avalado por usos y costumbres”, explicó. “Las medidas dependen de la voluntad política”, agregó.

Debido a los aumentos de los alquileres, la morosidad se ha sextuplicado en Argentina, pasó del 1 al 6 por ciento y el 32% debió rescindir o no renovar el contrato por no poder afrontar los aumentos, informó el integrante de la Concejalía Popular.

D’Orazio comentó que presentaron un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la Nación desde 2016, que ya perdió estado parlamentario. El proyecto estipula la imposibilidad de indexar contratos de manera arbitraria y que los incrementos estén unidos al salario en lugar de la inflación. . “El Ejecutivo nacional lo frenó sistematicamente”, contó D’Orazio.

Desde la Concejalía Popular proponen eliminar las cláusulas abusivas y hacer un registro de inquilinos para conocer la situación en el país. También la creación de un impuesto a los inmuebles ociosos, para con lo recaudado construir viviendas sociales.